Alfredo Maza · 13 de mayo de 2026
A casi cuatro años del ataque en el que murió el estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel, una jueza federal declaró culpables a dos elementos de la Guardia Nacional por disparar contra cuatro alumnos de la Universidad de Guanajuato en Irapuato. El fallo responsabiliza a los agentes Jesús Ángel Ávila Gómez e Iván Ibarra Blanco por el asesinato del joven de 19 años, las lesiones a tres estudiantes sobrevivientes y los daños ocasionados al vehículo en el que viajaban el 27 de abril de 2022.
En su resolución final, la jueza Verónica Viridiana Sandoval Hurtado determinó que los agentes son penalmente responsables. Jesús Ángel fue declarado culpable de homicidio calificado consumado en agravio de Ángel Yael y homicidio calificado en grado de tentativa en contra de los otros tres estudiantes, así como por el delito de daños a la camioneta. Iván Ibarra fue encontrado culpable de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de los tres sobrevivientes.

En abril de 2022, Ángel Yael y tres estudiantes más de la licenciatura de Ingeniería en Agronomía, se encontraban en las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato, campus Irapuato-Salamanca, a bordo de una camioneta EcoSport Ford color blanco, a la salida de la escuela.
La institución tenía apenas dos meses de haber retomado las clases presenciales, tras la virtualidad impuesta por la pandemia por el covid-19. Las y los jóvenes estudiantes apenas se estaban conociendo.
De acuerdo con la defensa de la familia de Ángel Yael, las víctimas sobrevivientes y testigos de los hechos señalaron en las audiencias que los cuatro estudiantes —dos hombres y dos mujeres— estaban por retirarse cuando repentinamente se acercaron cuatro camionetas de la Guardia Nacional que frenaron intempestivamente. Dos uniformados bajaron de los vehículos y, sin motivo aparente, adoptaron la posición de disparo.
Según los testimonios, ambos guardias habrían accionado sus armas en contra de la camioneta mientras avanzaba lentamente. Los disparos entraron de atrás hacia adelante en el vehículo, indica el expediente del caso.
Uno de los elementos de nombre Iván habría disparado con un arma de fuego de alto calibre (.308), razón por la que los abogados y peritos del caso aseguran que se puso en peligro al grupo de estudiantes que iba a bordo.
El segundo tirador, de nombre Jesús, también habría disparado contra la camioneta, pero con un arma larga, un fusil marca DPMs, hiriendo el hombro de una de las estudiantes y alcanzando a Ángel Yael, quien ocupaba el lugar de copiloto.
El conductor, al notar que su amigo tenía sangre, aceleró la camioneta, pero unos 300 metros más adelante fueron detenidos por los mismos vehículos de la Guardia Nacional. El disparo alcanzó a Ángel Yael directo en la cabeza, relató el abogado del caso.

La etapa final de este proceso penal continuará este miércoles, fecha en la que iniciará la fase para determinar el grado de culpabilidad y la individualización de las penas a las que se enfrentarán ambos elementos.
“Esperamos que la jueza actúe con justicia, con legalidad. La verdad es que las penas por los delitos que se les imputan son muy elevadas. Por el delito de homicidio consumado la pena mínima es de 30 años y la máxima de 60, mientras que por los delitos en grado de tentativa la mínima es de 20 y la máxima de 40. La jueza no puede dictar una sentencia menor a esos parámetros”, señaló en entrevista con Animal Político Juan Arredondo Rodríguez, abogado de la familia de Ángel Yael.
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En esta etapa también se desahogarán 11 testimonios y diversos documentos para definir además de los años de condena, las medidas para la reparación y compensación integral del daño a la que tienen derecho las víctimas.
“La mamá de Ángel ahorita está tranquila, está en paz, digamos, con esta resolución. Siente que por primera vez hay un reconocimiento expreso de un juez que reivindica la memoria de su hijo y que reconoce lo que realmente sucedió. Es una primera forma de reparación”, señaló el abogado Juan Arredondo Rodríguez.

De acuerdo con la descripción de los hechos radicada en la carpeta de investigación, el 27 de abril de 2022, los cuatro estudiantes de la licenciatura de Agronomía de la Universidad de Guanajuato viajaban en una camioneta EcoSport color blanca cuando elementos de la Guardia Nacional descendieron de sus vehículos y dispararon con armas de grueso calibre, sin motivo o aviso previo.
Durante los alegatos de clausura previos a esta sentencia, la representación jurídica de las víctimas subrayó que los peritajes de balística concluyeron positivamente que el proyectil encontrado en el cuerpo de Ángel Yael coincidía con el arma accionada por Jesús Iván.
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De acuerdo con el abogado Arredondo Rodríguez, la resolución de la jueza ayudó a reivindicar el nombre de los estudiantes atacados, ya que la defensa de los agentes de la Guardia Nacional intentó construir, en un último intento, una narrativa encaminada a señalar que se confundió a las víctimas con “huachicoleros”, argumento que carecía de testigos y pruebas.
A pesar de haber logrado este fallo condenatorio, la defensa de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato sostiene que el caso estará completo hasta que la Guardia Nacional, como institución, reconozca formalmente los hechos, ofrezca una disculpa pública a las familias y garantice medidas de no repetición.
“La mamá de Ángel Yael me ha dicho en múltiples ocasiones ‘a mi hijo nadie me lo devuelve’ y en esa medida es difícil hablar de justicia, pero sí de las consecuencias que deben existir cuando pasan hechos como estos. Ella me ha dicho que ‘ojalá que esto sea un motivo, un precedente para que no vuelva a suceder’. Eso me parece importante”.