“Ningún embarazo en una niña es seguro”: caso Tamaulipas pone foco en violencia sexual y NOM 046
Marcela Nochebuena · 13 de agosto de 2026
La falta de prevención y atención a la violencia sexual infantil, así como los obstáculos para acceder a la NOM-046 —que en casos de violación permite el aborto sin plazo límite—, son algunas de las problemáticas estructurales que pone de relieve el caso de una niña de 11 años de edad que recibió el servicio de interrupción del embarazo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros, Tamaulipas.
Activistas señalan que se aborda como un caso viral más, pese a que son numerosas las niñas y adolescentes que resultan embarazadas por violencia sexual. Critican que se haya generado un importante nivel de desinformación y de filtración de información personal, acciones que —de parte de autoridades y medios de comunicación— están supeditadas únicamente al morbo.
Para Ninde MolRe, abogada de las organizaciones AbortistasMx y México Igualitario Derribando las Barreras, en el tema de la violencia sexual infantil el caso evidencia fallas en la prevención y erradicación desde los tres niveles de gobierno y la sociedad. Algo que también responde al énfasis que se ha dado a intentar resolver los problemas sociales mediante el punitivismo, ya sea con la creación de nuevos delitos o el aumento de penas.
“Realmente no le están dando solución de raíz a los problemas de la violencia, y también hay un tema específico con las autoridades sobre cómo deberían manejarse estos casos, y con las narraciones que tenemos socialmente. A mí una de las cosas que más me preocupó fue ver una serie de titulares que decían ‘se está investigando si esto fue producto de la violencia sexual’”, señala.
La activista es enfática: “cuando una persona tiene 12 años o menos [y está embarazada] es violencia sexual, no hay posibilidad de que se trate de otra situación”. Manejarlo de una manera distinta pone en duda los testimonios de las niñas que son víctimas de violencia sexual en un país que es el primer productor de pornografía infantil en Latinoamérica y donde se calcula que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual, más del 60 % de los casos en el hogar.
Ante la falta de políticas de prevención y respuestas tardías, se estima que la cifra de casos no denunciados de violencia sexual infantil en todos los ámbitos está entre el 80 y el 96 % de los ocurridos, y aun así México ocupa el primer lugar de recurrencia entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Además, según los informes de la Secretaría de Salud sobre muerte materna, de las 269 defunciones de este tipo reportadas hasta el 10 de agosto de este año, 30 corresponden a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. Considerando el total de grupos etarios, las principales causas se atribuyen a hemorragia del embarazo, parto y puerperio; enfermedad hipertensiva; edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio; aborto, y otras complicaciones del embarazo y parto.
Piden detección temprana y erradicación de la violencia
En este contexto, Ninde MolRe critica que en el caso de la niña de 11 años de Matamoros, Tamaulipas —víctima de violencia sexual y cuyo embarazo fue interrumpido— el titular del DIF estatal diera información que no debió haber hecho pública. Ante una situación triste e indignante como la ocurrida, la única prioridad del Estado siempre debe ser garantizar la salud de las niñas.
Esta coyuntura permite, al mismo tiempo, volver a hablar de que ningún embarazo en una niña es seguro, sino de alto riesgo. En cambio, la narrativa mediática y social tendió a abrir la posibilidad de sostener que a esa edad es más inseguro un aborto que un embarazo.
“Deberíamos poner el foco en garantizar la atención, y que esto quede de experiencia para que en futuras ocasiones no se repita”, indica. La abogada recuerda que independientemente de que exista el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), hay una serie de autoridades que deberían estar sentadas a la mesa —incluyendo a las instituciones de salud, la Secretaría de las Mujeres, las fiscalías y el Poder Judicial— para plantear cómo pueden mejorarse diversas políticas.
“A mí me llama mucho la atención que varias de las leyes, por ejemplo, las leyes generales de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, tanto a nivel federal como a nivel local, van a cumplir 20 años, y lo que estamos viendo es que, más allá de que la parte de la política pública no se está llevando de forma adecuada, no se plantee tener una evaluación de qué tenemos que hacer para mejorarla”, apunta.
Específicamente en lo que respecta a niñas, niños y adolescentes, más allá del GEPEA, debería haber otros proyectos institucionales, a nivel federal, estatal y municipal, para erradicar la violencia sexual infantil, porque los casos se están presentando de manera cada vez más frecuente, como ocurrió este mismo año en Coahuila.
En aquella entidad, una niña, también de 11 años, fue atendida en la clínica 24 del IMSS tras presentar un fuerte dolor abdominal. En la instalación médica se confirmó que tenía un embarazo de siete meses, luego de haber vivido violencia sexual por parte de la pareja de su madre.
Ninde MolRe remarca la gravedad de ese caso, porque tanto la comunidad como el entorno escolar y autoridades de salud tenían conocimiento del embarazo y estaban proveyendo un control prenatal, como si se tratara de una persona adulta. Por eso es necesario plantear qué parte de la política pública no ha funcionado o ya no está funcionando, y generar soluciones estructurales que apunten a la erradicación de la violencia y su detección temprana.
Limitantes en el acceso a la norma que garantiza el aborto por violación
Además, el caso de Tamaulipas vuelve a exhibir que pese a la existencia de la NOM-046, que permite el aborto en casos de violación sin límite de edad gestacional, esta no se aplica, al igual que la NOM-047 que habla de cómo debería ser la atención a la salud de las infancias y adolescencias de 10 a 19 años, y la ruta NAME, establecida por el SIPINNA para la atención de niñas y adolescentes embarazadas.
Sigue leyendo: Uno de cada 10 mexicanos conoce al menos un caso de abuso sexual infantil en su familia
Este año, además, en marzo se cumplieron 10 años de la modificación a la NOM-046 que flexibilizó el acceso al aborto —antes se requería una autorización judicial—; sin embargo, prevalecen las resistencias y el desconocimiento.
Desde marzo de 2023, Animal Político documentó que pocas adolescentes accedían a este servicio, debido a diversos obstáculos en los servicios de salud. En la mayoría de las entidades, la cifra variaba entre 10 y 20, pese a que un año antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto que las adolescentes de 12 a 18 años debían acceder a la interrupción sin requerir la autorización de sus padres y únicamente bajo protesta de decir verdad. En total, en la última década han sumado cerca de 800 las niñas y adolescentes que han recurrido a la NOM-046.
Hasta ahora, explica Ninde MolRe, en muchas ocasiones persiste la creencia de que el acceso solo es para quien vivió violencia sexual y tiene menos de 12 semanas de embarazo, lo cual es falso. La NOM-046 no establece plazos ni requisitos adicionales; sin embargo, una de las prácticas más comunes en los hospitales es convocar a comités de bioética para tomar la decisión cuando se excede el primer trimestre, lo que no debería suceder.
“También hay un profundo desconocimiento, que no es de la NOM, sino de estigmas y prejuicios que se tienen alrededor del aborto, que sostienen que es más peligroso abortar que tener un parto. La sociedad ha tratado de endulzar la experiencia del embarazo, pero la realidad es que un embarazo, incluso en personas adultas, sanas, con el mejor control prenatal, puede tener consecuencias muy graves a corto, mediano y largo plazo”, afirma.
A eso se suman las situaciones estructurales que han impedido su correcta aplicación, como falta de insumos, de personal que sepa realizar el procedimiento conforme al tiempo gestacional, entre otras. AbortistasMX logró, por ejemplo, que en Chihuahua se reparara el daño a una niña —hoy adolescente— a quien se le había negado el aborto por NOM-046.
“Esa fue una reparación histórica, porque se está reconociendo que la negación del acceso a la NOM-046 y al aborto es una violación a los derechos humanos y merece una reparación integral del daño, que es lo que esperamos que pase con N (la niña de Matamoros, Tamaulipas)”, añade.
Te recomendamos: Violencia sexual infantil: ¿cómo reconocerla, prevenirla y actuar a tiempo?
Reprocha que la historia adquirió relevancia nacional por el hecho de que la niña accedió al aborto, pero nadie se pregunta qué va a pasar después, quién es el agresor, cómo es su entorno familiar, cómo se encuentra su familia y si va a tener un acompañamiento a lo largo de su vida. “¿Cómo hacemos que regrese a su hogar y se sienta segura?” es el tipo de preguntas que han quedado fuera de la conversación.
El contexto en Tamaulipas
Alicia Cantú, del colectivo Matamoros Decide, en Tamaulipas, señala que en la entidad, aunque la NOM-046 debería garantizar el acceso al aborto para niñas y adolescentes víctimas de violación, igual que en el resto del país, el problema no es la norma, sino su implementación.
Precisa que existen muchos huecos dentro del marco legal, porque todo el tiempo se lidia con objeciones de conciencia, omisiones y la moralidad del sector salud público, por lo que sigue siendo necesaria la labor de organizaciones que brindan acompañamientos para abortos seguros.
Desde la experiencia de la colectiva, con frecuencia se requieren atenciones para niñas y adolescentes de 10 a 16 años; incluso el año pasado se presentó otro caso mediático de una niña menor de 10 años. “Como ellas evidentemente necesitan la tutela de alguien que se supone debería ser responsable y salvaguardar sus integridades, no siempre logramos que nosotras seamos su primer contacto”, explica.
Por ello, cuando llegan a los servicios públicos, pese a que es evidente que un embarazo a esa edad está vinculado a una violación, que debería ser tratada como urgencia médica de atención inmediata, ocurre —especialmente en el caso del IMSS— que responden con una agenda de citas mensuales, como si fuera cualquier persona embarazada en servicio de perinatología.
“A diferencia de lo que marca la NOM-046, que habla de atención inmediata como urgencia, no como consulta externa, no como gineco, no como familiar; que no deberían pedir denuncias, aquí hay ocasiones que tenemos otras situaciones de abortos espontáneos y de volada trabajo social le habla a fiscalía, entonces nos cuesta mucho entender por qué no están siguiendo el protocolo cuando son menores de 12 años”, cuestiona.
La activista recuerda que la interrupción del embarazo debe garantizarse, sin ningún obstáculo, cuando es producto de una violación y, cuando se trata de niñas, de ninguna manera se puede hablar de un posible consentimiento. Subraya que en el caso que se hizo público, la niña y su madre ya habían solicitado el servicio, y les fue negado en una primera instancia.
“También tenemos que recordar que la NOM-046 no solamente tiene algunas garantías, sino prohibiciones y sanciones, como no juzgar a la víctima. Aquí principalmente se le vulneraron todos sus derechos, porque no solamente se le juzgó, sino que se le puso escrutinio público, se está haciendo un debate social, se le negó el derecho a la privacidad, como a resguardar su identidad”, añade.
La activista hace un llamado —que, remarca, se ha hecho “hasta el cansancio”— a que no se filtre ni difunda información de personas menores de edad, ni se justifique o ponga a debate un delito. “Están haciendo apología a que la gente esté dando su opinión de algo que no debería de ser un debate público, como los derechos humanos. Estos más bien deberían de garantizarse y no debatirse, mucho menos amplificar como si fuera un discurso polémico, una encuesta o quiénes están a favor y en contra”, añade.
Esto es particularmente relevante en un estado donde existe un gran pendiente con la investigación delictiva de la violencia sexual infantil, puntualiza. Aunque parece un tema de mucho interés para el ojo público, después de algunos días o semanas baja la intensidad y se genera un vacío que no permite hablar de aspectos importantes, como la facilidad que representa para los perpetradores un contexto de frontera.
Algunos de ellos han sido deportados a México después de recibir una condena de libertad condicional por su participación en actividades delictivas de depredación infantil en Estados Unidos. “No sentimos que haya una colaboración real con los funcionarios o las dependencias públicas donde se haga un seguimiento y se esté salvaguardando la seguridad de las víctimas, así como la reparación del daño y su acceso a la salud mental en este tipo de entornos… porque, bueno, ahorita la niña aborta y se acabó, pero qué nos garantiza que esta situación no la vuelva a vulnerar”, cuestiona Alicia Cantú.