Eréndira Aquino · 7 de agosto de 2026
Las estadísticas oficiales sobre desaparición de personas incluyen el registro sólo de 21 personas víctimas pertenecientes a pueblos indígenas; sin embargo, integrantes de distintos pueblos documentaron por cuenta propia 152 casos ocurridos en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y a semanas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la iniciativa Voces del Territorio presentó los resultados de una investigación comunitaria para mostrar que los vacíos de información oficial ocultan la magnitud de la violencia en las zonas rurales e indígenas.
A través de 152 encuestas y 45 entrevistas a profundidad, realizadas en 26 municipios de siete estados, la organización encontró que el 46.7 % de las personas desaparecidas son jóvenes de entre 18 y 30 años, y que en el 77.8 % de los casos no hay información alguna sobre lo ocurrido.

Los resultados también destacaron que casi la mitad de las familias afectadas (47.7 %) se encuentran buscando solas, sin acompañamiento ni recursos institucionales, mientras que el 20.5 % reportó que ni siquiera hubo búsqueda de la persona desaparecida.
De acuerdo con la consulta de la información oficial que hizo Voces del Territorio, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay datos sobre 21 personas indígenas en esta situación, lo cual contrasta con los 152 casos documentados por la iniciativa.
Oaxaca es el estado en donde Voces del Territorio documentó más reportes, con 102 casos, seguido de Puebla (18), Chiapas (12), Sonora (11), Guerrero (7) y Chihuahua (2).
Anabel Flores, mujer yaqui, explicó que en las regiones donde se documentaron las desapariciones “existen grandes proyectos” contra los cuales hay procesos de defensa del territorio. En Oaxaca, entidad que concentró el 67 % de los casos registrados por el colectivo, subrayó que “está el Tren Interoceánico” y, aunque no es posible ligarlo con los casos, “suceden a la par”.
“Lamentablemente, la constante es que las personas desaparecidas estaban atravesando en sus comunidades procesos no sólo de saqueo, sino también de defensa del territorio; es decir, que solían ser líderes comunitarios o se oponían a estos megaproyectos”, enfatizó.
El “patrón” que encontraron entre los casos fue el intento de desarticulación de las estrategias de defensa del territorio, pues, señaló Flores, “somos un obstáculo grande para empresas y crimen organizado“. Al ser cuestionada sobre el papel del Estado frente a estas violencias, la mujer respondió que al gobierno lo que le interesa es “que desaparezcamos o que desocupemos nuestras tierras”.
Acerca de los perpetradores de las desapariciones, los testimonios documentados por Voces del Territorio indicaron que en 39 casos se señaló al crimen organizado, en 19 a policías municipales, en 17 se acusó a autoridades estatales y en 14 a federales —en este último caso se incluye a las fuerzas armadas.

“Por ello no pusieron denuncia”, sostuvo Anabel Flores, quien cuestionó: “¿cómo podrían confiar los familiares en el sistema, si ya vieron que las autoridades tuvieron participación en la desaparición?”. Asimismo, se reportaron 21 casos con consecuencias fatales, por el asesinato de personas cercanas a las víctimas o su encarcelamiento.
A la ausencia de denuncias por casos de personas desaparecidas se suma que en las comunidades y pueblos indígenas “no se tienen o no se conocen herramientas para llevar un debido proceso, si eso existe”.
Ante el temor de las comunidades, la activista apuntó que los acercamientos a las familias de personas desaparecidas han sido complejos, “porque tienen miedo o han recibido amenazas de muerte. Les dicen que no pueden hablar o que también serán desaparecidos”. El colectivo continúa analizando cómo implementar estrategias para saber responder a esta problemática desde sus territorios.
“No podemos seguir siendo invisibles en todos los aspectos. Es importante visibilizar nuestra problemática y nuestro quehacer, y por supuesto, esperamos prevenir la desaparición forzada desde lo local”. Por ello, un siguiente paso será el diálogo de distintos pueblos para realizar propuestas comunitarias.
Como parte de la investigación, también se documentó cómo la violencia territorial que enfrentan las comunidades indígenas se ha extendido al entorno digital, aun cuando en los pueblos persisten brechas en el acceso y uso de la tecnología, principalmente por intereses políticos, empresariales y del crimen organizado.
Frente a estas nuevas modalidades de violencia, “las comunidades han respondido fortaleciendo estrategias propias de resistencia, como medios de comunicación autónomos, mecanismos de control de la información y formas de organización colectiva“.
“Con ambas investigaciones se constata que la defensa del territorio se ha vuelto una causa para padecer violencia extrema, ya sea amenaza, agresión física o digital, desaparición forzada, o incluso asesinato, todos estos son actos de intimidación que buscan debilitar y limitar el ejercicio de la libre determinación, la defensa del territorio y la plena participación política de las personas indígenas”, concluyó la organización Voces del Territorio.