La urgencia de fortalecer una política nacional forense

“(E)s imposible enfrentar el hecho de las desapariciones sin que algo en nosotros sienta la presencia de un elemento infrahumano, de una fuerza que parece venir de las profundidades, de esos abismos donde inevitablemente la imaginación termina por situar a todos aquellos que han desaparecido”.

Julio Cortázar

Esta semana, en un momento histórico pero también un tanto apresurado, se aprobó por votación unánime en la Cámara de Diputados y posteriormente en la de Senadores una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGDFDP), enviada el pasado 31 de marzo por el Presidente de la República, quien será el encargado de ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Nación para su inmediata entrada en vigor.

En la exposición de motivos de la iniciativa se destaca que estas reformas y adiciones a diversos artículos de la LGDFDP tienen como principal objetivo fortalecer las atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y dotarla de mayores herramientas que le permitan avanzar hacia la construcción de un modelo que permita brindar una búsqueda forense efectiva y, en su caso, un trato y eventual restitución dignas de los cuerpos de las personas a sus familiares, que atienda los estándares internacionales y las recomendaciones hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) en su informe final sobre su visita a México en noviembre del año pasado. 1

Bajo esta línea, de manera general, esta reforma pretende impulsar el fortalecimiento de una política nacional en materia forense, que involucre la participación tanto de las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas federal y estales y los servicios periciales ordinarios –adscritos o no a las fiscalías–, con el Centro Nacional de Identificación Humana creado a partir de esta reforma, así como  con el recientemente creado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) –mecanismo que fue creado el año pasado gracias al impulso de las familias para auxiliar a los servicios periciales combatir el rezago en la identificación forense–, para que todos de manera conjunta establezcan los lineamientos de actuación y bases de coordinación que permitan efectivamente combatir el rezago en las identificaciones y, finalmente, regresar a casa a esas miles de personas fallecidas sin identificar.

En lo particular, de la reforma se destacan los siguientes puntos:

• La creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) como una unidad administrativa adscrita a la CNB, pero con independencia técnico-científica (artículo 2), el cual deberá interconectarse y compartir información con los registros nacionales de personas desaparecidas, el de personas fallecidas y no identificadas, el de fosas comunes y clandestinas, así como el Banco Nacional de Datos Forense (artículo 50);
• La definición de diversos enfoques de identificación humana: a) individualizado o tradicional (cotejo de la información casos por caso), b) masivo o a gran escala (análisis de toda la información disponible según el contexto), c) complementario (implica utilizar ambos enfoques de acuerdo con las circunstancias) (artículo 4);
• Amplia las facultades de la CNB en torno al diseño, ejecución y seguimiento de acciones de búsquedas forenses con fines de identificación humana; asimismo, otorga facultades para procesar las evidencias biológicas (cuerpos, restos humanos, muestras óseas y sanguíneas) y la información forense que se derive dichas búsquedas (artículo 53);
• Ordena a las Fiscalías Especializadas en investigar los delitos de desaparición de personas a proporcionar la información ministerial y pericial que le solicite la CNB, así como realizar las actuaciones que requieran control judicial solicitadas por las Comisiones de Búsqueda, en el contexto de la búsqueda forense, en un plazo no mayor a 72 horas, que podrá ser ampliado a máximo 148 horas (artículo 70).

En este contexto es importante reconocer la trascendencia que tiene esta reforma para atender y combatir la crisis forense que sigue dejando en la incertidumbre a aquellas familias que buscan a un ser querido desaparecido y que se preguntan si alguno de los más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar en resguardo de los servicios forenses 2 será el de su familiar; aunque también observamos que, durante las discusiones legislativas de esta iniciativa, los espacios de participación de las familias y otros actores fue limitado, pese a la relevancia del tema y la gran experiencia con la que cuentan miles de familias y colectivos a causa de realizar por ellas mismas las labores de búsqueda que muchas veces los propios estados no realizan.

Por ello, será fundamental asegurar la participación de los colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil, expertos en materia forense y de los organismos internacionales de derechos humanos en la construcción del marco normativo que permita el funcionamiento del CNIH, en aras de contar con un ordenamiento que integre todas las experiencias de las familias y combata las deficiencias y obstáculos a los que se enfrentan día a día en los procesos de búsqueda, identificación y restitución digna de sus familiares desaparecidos. Los principales retos serán:

• Lograr una coordinación eficaz entre el Centro Nacional de Identificación y el MEIF, para fortalecer los procesos de identificación y restitución digna con el aporte del Grupo Coordinador de Expertos del MEIF;
• Asegurar que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público dote del presupuesto suficiente a ambas instituciones, a fin de evitar que esta reforma y el acuerdo de creación del MEIF devengan en letra muerta y, para asegurar que cumplan con su mandato para impulsar una política nacional de identificación forense que acabe con la crisis forense.
• Mover a las Fiscalías de su animadversión para coordinarse con la CNB y este CNIH, bajo el pretexto del mal entendimiento de su autonomía, no obstante que son ellas las que tienen en su poder toda la información relevante para realizar las identificaciones forenses.
• Instaurar los registros nacionales de personas fallecidas y no identificadas, el de fosas, así como el Banco Nacional de Datos Forenses, todos a cargo de la Fiscalía General de la República; y una vez creados, asegurar que se homologará y compartirá la información con el CNIH.

No podemos olvidar que una reforma por sí misma no transforma la realidad social y de violencia de un país, es importante asegurar la voluntad política y el compromiso de las distintas autoridades del Estado involucradas para acabar con esta crisis forense y de impunidad, pero más importante aún es escuchar de manera permanente a las víctimas y asegurar que sus experiencias queden integradas en las normas y políticas públicas que se van creando para tal fin, y con ello evitar que las historias de terror que ya se han vivido se vuelvan a repetir.

¡Hasta encontrarles!

¡Sin las familias no!

* Natalia Cordero (@NataliaCordero9) es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

 

1 El Comité CED en su último “Informe sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención”, recomendó al Estado mexicano a avanzar con el proceso de creación del Centro Nacional de Identificación Humana. CED/C/R.9, 12 de abril de 2022.

2 Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), La crisis forense en México: Más de 52,000 personas fallecidas sin identificar, agosto de 2021, disponible aquí.