Migración omitió contratos por casi 2 mil mdp con empresa señalada por la Auditoría Superior
Manu Ureste · 8 de abril de 2026
El Instituto Nacional de Migración (INM) omitió información sobre contratos por al menos mil 777 millones de pesos firmados entre 2021 y 2025 con Grupo Caufi —una empresa señalada por diversas irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)— y respondió a solicitudes de transparencia con más de 7 mil páginas en negro, que impiden verificar el destino de recursos públicos millonarios.
Lo anterior forma parte de una investigación publicada por Animal Político, en la que se documentó que el INM entregó más de 2 mil 700 millones de pesos a Grupo Caufi —una compañía sin capacidad operativa acreditada, de acuerdo con la Auditoría— para la instalación de albergues y puntos de rescate migratorio en todo el país.
Para realizar esa investigación, este medio presentó 31 solicitudes de acceso a la información con el fin de obtener facturas, actas de entrega-recepción y evidencia documental —incluidas fotografías— de los servicios contratados. El Instituto entregó más de 7 mil 100 páginas testadas y clasificó la información como “confidencial”, reservándola por cinco años.
La respuesta fue parcial: sólo incluyó las facturas. No se proporcionaron las actas ni las supuestas pruebas documentales de los servicios, lo que impide conocer en qué condiciones se realizaron, dónde se instalaron los albergues o incluso si estos existen o existieron.
ASF: tampoco hubo pruebas documentales
La opacidad documentada por Animal Político coincide con lo advertido por la ASF en la Cuenta Pública 2022, donde el órgano fiscalizador realizó un informe de carácter forense —es decir, con indicios de posibles irregularidades graves— sobre contratos del INM con Grupo Caufi.
En ese informe, la Auditoría señaló que el Instituto no entregó documentación comprobatoria —como reportes, evidencia fotográfica o registros técnicos— que acreditara la instalación de albergues y puntos de rescate en el país.
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En actas administrativas circunstanciadas de la propia Auditoría Superior de la Federación, en poder de Animal Político, funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Chiapas y Chihuahua reconocieron que no existe documentación que acredite la supervisión, verificación ni instalación de los albergues y puntos de rescate.
En el caso de Chiapas, el titular de la oficina de representación admitió que la verificación de los servicios se realizó únicamente de manera “visual”, mediante recorridos personales, sin generar registros documentales, reportes técnicos ni evidencia fotográfica, y que el único documento producido fueron las actas de entrega-recepción. La misma situación fue confirmada por la delegación del INM en Chihuahua, que respondió en términos prácticamente idénticos a los requerimientos de la Auditoría.
Como respaldo, solo se generaron actas de entrega-recepción: documentos administrativos en los que la autoridad da por recibido un servicio, pero que no constituyen evidencia material de su ejecución.
Sin embargo, esas mismas actas también fueron entregadas testadas por el Instituto, por lo que tampoco es posible conocer su contenido.
Las únicas pruebas entregadas por el INM fueron las facturas emitidas por Grupo Caufi. No obstante, estos documentos presentan irregularidades similares a las ya detectadas por la ASF.
En su informe, la Auditoría advirtió que las facturas carecían de desglose: no incluían cantidades, unidades de medida ni descripción específica de los servicios, lo que contraviene la normativa fiscal.
Pese a ese señalamiento, las facturas entregadas para esta investigación —las emitidas con posterioridad al informe— repiten el mismo patrón.
Los documentos incluyen conceptos vagos como “instalación de albergues y puntos de rescate”, y en algunos casos sustituyen la descripción de los servicios por claves que no son explicadas en la propia factura.
Esto impide identificar qué bienes o servicios específicos fueron adquiridos, así como rastrear el destino final de cada peso de recursos públicos.
Contratos omitidos por el propio Instituto
Además de la opacidad documental, el INM también omitió información clave sobre los contratos otorgados a Grupo Caufi. La omisión no es menor: en su respuesta a solicitudes de transparencia, el Instituto aseguró haber localizado únicamente cuatro contratos por alrededor de mil millones de pesos.
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Sin embargo, una revisión de información pública en plataformas oficiales como Compranet y registros de la propia Auditoría Superior de la Federación permitió a Animal Político identificar al menos nueve contratos firmados entre 2021 y 2025 por un monto superior a 2 mil 777 millones de pesos.
La diferencia radica en al menos cinco contratos que no fueron reportados por el Instituto —incluidos acuerdos de 2023 y 2024, así como dos contratos adicionales de 2025— que en conjunto suman aproximadamente mil 937 millones de pesos. Entre ellos destaca el contrato CS/INM/016/2024, por 684 millones de pesos, el más alto de todos y que no fue incluido en la respuesta oficial.
Esta discrepancia implica que el INM omitió información sobre casi dos terceras partes de los recursos públicos asignados a la empresa en el periodo revisado.
Previo a la publicación de este reportaje, Animal Político solicitó al Instituto Nacional de Migración una postura oficial y una entrevista para explicar las inconsistencias detectadas en los contratos, la falta de documentación comprobatoria y la clasificación de la información.
También se buscó a Grupo Caufi y a su representante legal, Carlos Eduardo Caudillo Figueroa, para conocer su versión sobre los hallazgos.
Hasta el cierre de esta edición, Grupo Caufi no había dado respuesta alguna. Mientras que el INM refirió que, bajo la nueva gestión del comisionado Sergio Salomón Céspedes, se encuentra revisando la documentación de contrataciones durante la gestión del excomisionado Francisco Garduño.