Tomás denunció un homicidio y fue sentenciado a 44 años; obtuvo amnistía y quedó libre
Dalila Sarabia · 16 de marzo de 2026
Tomás entró a la Fiscalía de Lerma en el Estado de México para denunciar un homicidio y salió rumbo a prisión acusado de ese mismo crimen. Era marzo de 2013 y tenía 39 años. Minutos después de presentar la denuncia fue retenido y enviado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Le dijeron que en 72 horas quedaría libre. No ocurrió. Un año después fue condenado a 44 años de prisión.
Dentro de la Fiscalía, asegura, lo golpearon y lo torturaron. Después le dijeron que todo “se arreglaría rápido”. Afuera lo esperaban su esposa y algunos familiares, pero Tomás no volvió a salir por esa misma puerta. Lo subieron a una camioneta y lo trasladaron al penal.
“Como nosotros somos de pueblo y no sabemos de leyes, no sabíamos qué iba a suceder y creímos que todo se iba a solucionar rápido”, dijo.
“Llego a Almoloya de Juárez y ahí empezó la pesadilla. Duró un año el proceso y según iba a salir bien porque todo me deslindaba. Había testigos que dijeron que yo no era (…) y toda mi familia cooperó (para contratar) un abogado particular y aun así no salí. Me sentenciaron a una pena de 44 años”, compartió Tomás en entrevista con Animal Político.
En ningún momento recibió explicación de qué sucedía. Nadie le notificó formalmente que estaba detenido por el homicidio que él había ido a denunciar. Tampoco le informaron que era su derecho contar con un abogado.
Al tiempo, su sobrino —quien había cometido el asesinato— se entregó a las autoridades y confesó el crimen, pero ni así liberaron a Tomás.
El pasado 17 de febrero recuperó su libertad luego de estar en prisión 12 años y 11 meses. Con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se le concedió amnistía.
“Se llevó a cabo una investigación a través de un equipo especializado y de la visitaduría correspondiente en donde se hicieron todas las opiniones técnicas y se examinó de manera muy profesional y rigurosa la aplicación de estos estándares a favor de la amnistía”, explicó Víctor Delgado, presidente de la Codhem.
“Se advirtió que el señor Tomás proviene de pueblos originarios y no se le apoyó con un traductor desde el primer momento en que él señaló que era una persona proveniente de un pueblo originario. No tuvo una defensa adecuada porque se le designó a un defensor público que desconocía el asunto y después dijo que no tenía conocimiento de pueblos originarios”, detalló el funcionario.
“Se me vino el mundo encima”
Luego de que su esposo no volviera a casa, Carmen, su esposa, se trasladó a las instalaciones de la entonces Fiscalía de Lerma a buscarlo. En una bolsa llevaba comida confiando en que saldría a la brevedad, pero no fue así.
Mientras el abogado de oficio que se les asignó le pedía 20 mil y 30 mil pesos para que pudiera salir, a Tomás lo trasladaron al penal de Santiaguito.
“Llegando allá fue su audiencia y nos dijeron que lo habían vinculado a proceso. Nosotros desconocíamos todo eso de las leyes y ahí empezó nuestro sufrimiento, nuestro calvario”, señaló la mujer.
Ya que el abogado de oficio que se le asignó a Tomás no hizo nada y solo pedía dinero para agilizar las cosas, la mujer debió recurrir a un abogado privado.
“Teníamos un terrenito y lo vendimos para buscar un abogado que llevara el caso, pues por nuestra ignorancia, por no estar preparados, no sabemos (…) siguió el proceso y al año lo sentenciaron a 44 años. Yo sentía que se me venía el mundo encima”, explicó Carmen quien compartió que apenas terminó la primaria.
Mientras la mujer daba la batalla buscando quién la ayudara a que su esposo recuperara la libertad, Tomás vivía su propio calvario tras las rejas.
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Primero con un abogado de oficio que le recomendó que se declarara culpable para obtener una condena reducida, luego durmiendo en hacinamiento, pues en su celda había 17 personas, y finalmente con un abogado privado que lo único que hizo fue llenarlo de ilusiones de que recuperaría su libertad sin que trabajara para ello.
“Yo me sentía tranquilo, en paz. Mi conciencia estaba bien porque yo no había cometido el delito y por eso yo decía ‘me voy a ir porque ya casi es un año’ (….) y el abogado me decía ‘ya es la última audiencia y ya te vas, seguro’”, reprochó Tomás.
“Todo lo creí porque todos los testigos —siete u ocho— vinieron a decir que yo no fui (…), pero a la mera hora me dan la sentencia de 44 años”, subrayó.
Para entonces Carmen se acercó al DIF, a la Comisión de Derechos Humanos estatal, organizaciones y colectivos. A todas aquellas personas e instancias a quienes pudo, para contarles el caso de su esposo a fin de que la ayudaran a demostrar que lo que había pasado con Tomás era una injusticia.
Y, mientras hacía esta labor y bordaba servilletas o hacía limpieza en casas para poder obtener dinero y continuar su lucha, otra tragedia la golpeó: la muerte de su única hija.
Quería ser abogada para defender a su papá
A sus 20 años, y con toda la vida por delante, la única hija de Carmen y Tomás perdió la batalla contra el cáncer.
Su sueño era estudiar para ser maestra, pero después de que su padre terminó en prisión cambió de idea y se propuso ser abogada para ayudarlo y dejar de poner todas sus esperanzas en litigantes que se aprovecharon y les sacaron todo el dinero que pudieron.
“Le echó muchas ganas, ella quedó en la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México) estudiando para abogada, pero lamentablemente enfermó de cáncer en la sangre”, explicó Carmen.
“Tenía una buena comunicación con ella, le hablaba a pesar de que él estaba allá (en la cárcel). Le hablaba en la mañana ‘oye, hija, ¿cómo está? Bien, papá’, pero desgraciadamente la enfermedad pasó y cuando salió ya no la pudo ver”, agregó.
2,908 peticiones de amnistía; 21 personas liberadas
Aunque la Ley de Amnistía federal fue promulgada en 2020, a la fecha solo 13 de las 32 entidades del país cuentan con una normatividad en la materia, siendo el Estado de México el más avanzado en su aplicación, con poco más de cinco años de trabajo.
En la normatividad estatal se facultó a la Comisión de Derechos Humanos para que pudiera revisar y proponer amnistías al Poder Judicial Estatal cuando se configuraran violaciones a los derechos humanos de los presuntos culpables o se tratara de personas de muy bajos recursos, indígenas, analfabetas o pertenecientes a los pueblos originarios.
Del 2020 a la fecha la Comisión de Derechos Humanos del Edomex ha analizado 2 mil 908 casos de personas que solicitaron la amnistía.
“La Comisión ha presentado 27 pronunciamientos (de amnistía) ante el Poder Judicial a favor de 17 mujeres y 10 hombres, de ese total se han obtenido 21 resoluciones favorables para 16 mujeres y cinco hombres que en términos de números representan un total de 440 años de prisión perdonados por el Estado”, informó Víctor Delgado, presidente de la Codhem.
En entrevista con este medio, el funcionario dijo que los casos que han presentado en sentido positivo para obtener la amnistía tienen características similares y la primera es la violación a los derechos humanos de las personas que fueron condenadas.
Pero no solo eso, sino que son personas de grupos mayoritariamente discriminados, que durante su proceso no contaron con una defensa adecuada, que pertenecen a los pueblos originarios o que se hayan desarrollado en un contexto de discriminación.
Delgado también explicó que la presunción de inocencia, en cada uno de los expedientes que revisan, se va construyendo con una investigación que puede tardar entre seis meses y un año.
En este tiempo se radica un expediente para poder llevar a cabo una visita presencial al Centro de Reinserción Social donde se encuentre la persona que solicita la amnistía y reunir elementos para armar su contexto individual y social.
“Se solicitan informes, hay un proceso de entrevista y no solamente la entrevista a la persona privada de su libertad. También acudimos a su contexto muy particularizado con familiares y también podemos entrevistar a las personas vecinas (…) es un procedimiento de investigación de campo que requiere de tiempo”, explicó el presidente de la Codhem.
La mayor parte de las solicitudes de amnistía las recibe la Comisión a través de organizaciones, colectivos y fundaciones que dan seguimiento a casos de personas privadas injustamente de su libertad, pero también por parte de familiares y en el trabajo de campo que lleva a cabo personal del organismo.
Además de las solicitudes de amnistía, esta visitaduría actualmente da seguimiento a 445 quejas que tienen que ver, principalmente, con el derecho a la protección a la integridad y salud de las personas privadas de su libertad en los 22 centros penitenciarios que operan en el Estado de México.
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“Los centros preventivos y de reinserción están colapsados, están inmersos en el hacinamiento estructural y esto provoca que efectivamente (las personas privadas de su libertad) no tengan una estancia digna o que vengan estos procesos —en muchas ocasiones también señalados a la opinión pública— de cobro entre los mismos internos, a veces de las personas que los custodian y esto repercute en violaciones no solamente a las personas privadas de su libertad, sino al contexto de la familia”, explicó el presidente del organismo.
Otra de las quejas a las que se le da seguimiento es lo referente al derecho a la protección a la integridad. La comisión ha advertido una serie de agresiones entre los propios internos que en algunos casos han llevado a la muerte.
El último tema que se investiga, explicó, es lo referente a la salud de las personas privadas de su libertad porque, por ejemplo, cuando hay agresiones físicas no se les da el apoyo necesario para su atención, ni para sus padecimientos o enfermedades.
En el caso de los seis expedientes por los que la Codhem se pronunció a favor de la amnistía, pero que no fueron avalados por el Poder Judicial local, el funcionario detalló que se debió a que se trataba de personas acusadas de delitos de alto impacto y que atentaban contra la integridad física o la privación de la vida.
“La vida en la cárcel es muy triste”
Tomás pasó 12 años y 11 meses en prisión por un delito que no cometió. “La vida dentro de la cárcel es muy triste porque no ves a tus seres queridos (…) no ves a nadie, ni parientes, ni vecinos, ni amigos. No puedes ni comer lo que te gusta. Los de seguridad te humillan, te maltratan, te ignoran, te hacen sentir lo menos y el peor criminal, y duele más cuando tú no cometiste ese delito”, contó el hombre de 52 años.
Hoy busca retomar su vida, aunque en un mundo que aún no logra entender.
Aquellos niños que dejó en su pueblo ya son adultos, muchos de sus conocidos ya no están, hay nuevas vías de comunicación, negocios, construcciones. No entiende los nuevos celulares. El proceso de integración llevará un tiempo.
“El teléfono ya no lo sé usar”, dijo con la voz entrecortada.
“Se borra todo de tu mente, te quedas atrasado en el tiempo porque ahí adentro no hay día festivo, no hay domingo, no hay sábado, todos los días son iguales, por eso es una vida muy triste”, insistió.
El día que le comunicaron que le había sido otorgada la amnistía, no lo podía creer. En prácticamente 13 años le habían pasado tantas cosas dentro y fuera de la cárcel, que no creía que la vida le daría una buena noticia.
Un custodio lo mandó a llamar porque había unas personas que querían hablar con él: era el personal de la Codhem para certificar su estado de salud y que no estuviera golpeado. Fue una mañana larga, pero finalmente el 17 de febrero pasado Tomás salió de prisión.
“Estos 15 días que llevo en libertad es algo que no se puede explicar porque a veces digo, ‘¿será sueño?, ¿será realidad?’, como que no lo puedo creer, pero se va asimilando un poco”, refirió el 4 de marzo pasado cuando platicó con este medio.
Antes de ser detenido él y su esposa se dedicaban al comercio, por lo que prevé que en próximas semanas pueda retomar sus actividades.
“Quizá no igual porque éramos tres y nos falta uno (su hija), pero hay que empezar de cero y echarle ganas. Más adelante, pues lo que Dios diga (…) hay que vivir lo que no vivimos durante los casi 13 años (que estuve en prisión)”, concluyó el hombre.