La crisis trans frente al espejo del orgullo: activistas endurecen protesta previo a la marcha LGBT

Mientras la Ciudad de México se viste de arcoíris y las fachadas institucionales se iluminan para celebrar el mes del Orgullo LGBTQ+, a unos metros de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) persiste una realidad diametralmente opuesta. Un grupo de personas trans, agrupadas en las organizaciones Lleca-Escuchando la calle y Justicia Histórica Trans, mantienen un plantón indefinido que, lejos de ser una festividad, es un grito de auxilio frente a una violencia estructural que el Estado se niega a reconocer.

Un contexto de terror: la epidemia de transfeminicidios

La urgencia de esta protesta no es casual. México atraviesa una crisis persistente de crímenes de odio que ha alcanzado niveles alarmantes. Según datos de organizaciones de derechos humanos, tan solo en los primeros cuatro meses de 2026, se han registrado al menos 11 transfeminicidios en el país. De acuerdo con informes de organizaciones civiles como Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana y diagnósticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las mujeres trans en México enfrentan una tasa de homicidios desproporcionadamente alta —hasta diez veces superior— en comparación con las mujeres cisgénero.

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Esta violencia no es un hecho aislado; es el resultado de un sistema que excluye a la población trans del acceso básico a la salud integral, la educación formal y el trabajo digno. Esta marginalidad las condena a una precariedad extrema, donde la calle se convierte tanto en su espacio de supervivencia como en su zona de mayor vulnerabilidad.

La falta de tipificación del transfeminicidio en la mayoría de las entidades federativas y la constante invisibilización de la identidad de las víctimas por parte de las fiscalías —que suelen registrar estos asesinatos como homicidios simples— perpetúan un ciclo de impunidad que las manifestantes han venido a denunciar ante las puertas del poder federal, exigiendo que las vidas trans dejen de ser tratadas como desechables.

La Recomendación 42/2024: entre el papel y la voluntad política

La demanda central del movimiento es el cumplimiento cabal de la Recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este documento reconoce la existencia de violaciones estructurales a los derechos a la salud, educación, trabajo, identidad de género, igualdad, no discriminación, vivienda, cultura y acceso a la justicia, y describe una “precariedad estructural” que somete a la población trans a una dinámica que la expone a la “muerte prematura y violenta”.

Sin embargo, para Victoria Sámano, directora de Lleca, la respuesta gubernamental ha sido puramente administrativa. “La Secretaría de Gobernación dice haber cumplido, pero los criterios de la CNDH fueron muy bajos. Mandaron oficios a las dependencias diciendo que no debían discriminar, pero en la realidad eso no se ve reflejado. Seguimos viviendo violencia y discriminación”, denuncia Sámano.

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Según la activista, estas medidas burocráticas ignoran la crisis de derechos humanos y no ofrecen soluciones reales para quienes viven en situación de calle o bajo precariedad extrema. Sámano explica que la organización se ha reunido con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, en múltiples ocasiones, pero los encuentros han sido ejercicios de simulación: reuniones de trabajo cada dos meses donde no hay avances sustanciales. Para Lleca, es urgente que el Estado deje de usar a las organizaciones como intermediarias y comience a atender directamente a las poblaciones que han sido marginadas de los programas sociales.

 

La estrategia de la confrontación: el costo de la exigencia

La tensión que se vive frente a SEGOB no surgió de manera fortuita, sino como resultado de una estrategia de desgaste que las activistas identifican como una táctica deliberada. Durante los días de encierro en el salón de la calle General Prim, las activistas tomaron la decisión de bloquear los accesos en horarios clave para presionar por una respuesta al oficio que habían ingresado en oficialía de partes.

El relato de Victoria Sámano revela una dinámica preocupante: en lugar de buscar canales de mediación, la SEGOB optó por instrumentalizar el descontento de su propio personal. “Lamentable es que la Secretaría de Gobernación apostó por esta confrontación de nosotras con los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría”, relata Sámano. El punto de quiebre ocurrió en la calle de Atenas. Allí, el ambiente se volvió hostil. Los trabajadores, atrapados en un conflicto que no les correspondía resolver, comenzaron a amotinarse. En el forcejeo, unas dos personas del plantón intentaban contener la reja, mientras que del lado interno, la presión de una multitud buscaba romper el cerco.

Fue en ese momento de caos cuando la Guardia Nacional intervino. La descripción de Sámano es vívida: no hubo un protocolo de protección, sino una respuesta física contundente.

“La compañera que le abrieron la cabeza no está aquí, pero alguien más fue lastimada del dedo”, explica Sámano señalando a una de sus compañeras, quien sostiene su mano lesionada, inmóvil, como un recordatorio tangible de que la respuesta del Estado fue el uso de la fuerza pública. Para las integrantes de Lleca, este episodio demostró que para el Estado era más sencillo enfrentar a dos grupos de personas que sentarse a negociar una agenda de derechos humanos.

Un Orgullo en disputa

Mientras el gobierno presume fachadas iluminadas, la reciente declaración presidencial sobre la supuesta inexistencia de presupuesto para “nuevos derechos” ha sido interpretada por las activistas como una afrenta a quienes sobreviven en la pobreza extrema.

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Sámano señala que la mayoría de las personas trans no tienen acceso a empleos formales, dejando como únicas opciones el trabajo sexual o la economía informal, actividades que, además, han sido golpeadas por procesos de gentrificación en la ciudad, como ocurrió recientemente con las trabajadoras sexuales de Tlalpan.

Aunado a esto, las manifestantes denuncian una vigilancia constante y hostil. Han detectado personas ajenas a la institución, pero vinculadas a chats internos de la Secretaría, tomando fotografías del plantón. A pesar de haber interpuesto quejas ante la CNDH por las agresiones de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional ha guardado silencio, mientras el plantón resiste bajo el sol y la lluvia.

Plantón trans toma Reforma y amenaza con impedir marcha LGBT

Tras nueve días en plantón, este viernes las manifestantes recibieron una propuesta oficial para una reunión con autoridades el próximo 9 de julio. La respuesta fue rechazada por considerarla una táctica dilatoria. “No hay garantía de que seamos recibidas por Rosa Icela Rodríguez, que es nuestra exigencia principal, y nos obligan a esperar varios días más en condiciones precarias”, señaló Sámano.

Tras la negativa, el movimiento escaló hacia una acción de mayor impacto: la movilización hacia el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli. Bloqueando la circulación, las manifestantes lanzaron la consigna definitiva: “Si no hay solución, no habrá marcha del orgullo”. Con esta advertencia, ponen en jaque la logística de la movilización LGBTQ+ de este sábado, cuya ruta histórica pasa por el punto que se encuentra tomado.

Mientras la ciudad se prepara para la celebración, el plantón permanece como un recordatorio incómodo. Victoria Sámano es clara: el plantón no se moverá hasta que haya un compromiso real. Si la respuesta sigue siendo la indiferencia o la represión, la lucha se trasladará a los puntos más visibles de la capital.