Colectivos cuestionan limitaciones en el Sistema de Cuidados de CDMX; propuesta va a consulta
Eréndira Aquino · 16 de abril de 2026
“¿Qué pasará cuando no esté?”. Con esta pregunta, Agustín de Pavia, abogado integrante de la asociación Familias Extraordinarias, expresó ante legisladores la preocupación de miles de personas que actualmente cargan con las labores de cuidado en la Ciudad de México.
Agustín, quien vive con parálisis cerebral, expuso que las personas con discapacidad requieren de apoyo para una vida independiente, justicia ante las violencias que experimentan, así como acceso a la educación y al trabajo. Fue por eso que decidió llevar estas demandas a las mesas deliberativas para fortalecer el borrador de la iniciativa de la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México.
A lo largo de cinco jornadas, diversos grupos de población, incluyendo personas cuidadoras, adultos mayores, personas con discapacidad y organizaciones defensoras de derechos humanos, aportaron perspectivas críticas sobre el predictamen. Las demandas se centraron en la necesidad de apoyos económicos directos, asistencia personal, mejoras en la movilidad urbana y la creación de centros de atención especializada.
De acuerdo con los legisladores de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, las aportaciones realizadas por los asistentes a las cinco mesas deliberativas realizadas por el Congreso de la Ciudad de México serán insumos vinculantes para el dictamen de la Ley del Sistema Público de Cuidados, que contará con una fase consultiva en las 16 alcaldías de la capital.
Más allá de los centros de cuidados: algunos “requieren apoyo tan sólo para salir de casa”
Para Martha García, integrante del Movimiento de Personas con Discapacidad, se requiere que la Ley del Sistema Público de Cuidados tome en cuenta que, más allá de la creación de centros donde se brinden estos servicios, debe contemplarse que hay quienes “requieren apoyo tan sólo para salir de casa“, por lo que las políticas públicas deben considerar alternativas para ellas y ellos.
“En mi caso, requiero apoyos tan sólo para salir de mi cama. El hecho de que yo pueda llegar a un centro como estos requiere más de fondo, y el materializar esto va a permitir que no solamente estemos en espacios institucionalizados, sino también ejercer nuestra plena autonomía y que se desfogue de los cuidados a nuestras familias“, ya que consideró que el predictamen continúa responsabilizándolas de estas labores.
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Acerca de las atenciones que se prevén para los adultos mayores, la activista Patricia Rebolledo y la investigadora Graciela Casas alertaron que la desinstitucionalización mencionada en el predictamen podría ser contraproducente para esta población, pues hay quienes “no son susceptibles de volver a integrarse a la sociedad por los niveles de dependencia que manejan”.
Entre las inquietudes presentadas a los legisladores estuvo también el presupuesto y apoyo para el funcionamiento de los espacios que brinden servicios relacionados con los cuidados.
Alejandro Portillo, de la asociación Visibilizando Voces, platicó que vivió en situación de calle por un año, “y los comedores comunitarios para mí representaron una salvación“, motivo por el cual decidió administrar uno. Sin embargo, lamentó que quienes trabajan en estos espacios no tienen derechos laborales y que sólo se les otorgan presupuesto para destinar 13 pesos por comida, ante lo cual pidió que se reconsideren las reglas de operación de este tipo de programas.
Cuidados de infancias y adolescencias: cuestionan ausencia de diversidad sexual y enfoque no asistencialista
Durante la jornada dedicada a los cuidados de niñas, niños y adolescentes, los asistentes enfatizaron la necesidad de un enfoque de derechos no asistencialista que considere la participación de esta población en la toma de decisiones y la diversidad de las personas LGBT+.
Alejandra Javier, colaboradora de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México presentó distintos comentarios hacia el enfoque “adultocentrista” que se centra en la descarga del trabajo de las madres, sin embargo, “es fundamental que se piense en las niñas y niños como sujetos de derecho” para que sea una ley que supere la visión del asistencialismo.
Por su parte, Graciela, pedagoga y terapeuta, comentó que para que se garantice el derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes se requiere contar con las condiciones, para lo cual sugirió que se hagan pilotajes de investigación.
La organización Save The Children manifestó su preocupación por la distribución de gasto para la primera infancia y llamó a los legisladores a hacer los ajustes necesarios para que se atienda a este grupo que “se encuentra en particular condición de vulnerabilidad”.
Asimismo, la asociación Balance, indicó que la falta de un enfoque que considere a las disidencias sexogenéricas “deja desprotegidas a infancias y adolescencias LGBT que necesitan derechos de cuidados específicos, tales como reconocimiento de nombre, género e identidad, así como servicios médicos especializados”.
La preocupación por la inclusión de las poblaciones callejeras en el sistema de cuidados
Una de las jornadas convocadas por el Congreso de la Ciudad de México fue dedicada a hablar particularmente sobre la inclusión de las poblaciones callejeras en el sistema de cuidados. En ella, integrantes de distinta organizaciones expusieron la necesidad de apoyar a estas personas para contar con documentos de identidad, programas sociales y acceso a derechos sin discriminación.
La asociación civil El Caracol, con más de 30 años de trayectoria en la atención de poblaciones callejeras, remarcó que la inclusión de estas personas en políticas públicas de cuidados se requiere de conocer cuántas de ellas hay en la capital, sin embargo, actualmente no hay una cifra clara que permita conocer la magnitud del fenómeno.
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El director de El Caracol, Luis Hernández, mencionó que “como dice la expresión “la calle no hace caricias”, y eso significa que las personas que terminan por alguna razón en la vía pública tienen daños físicos y mentales graves, por lo tanto se requieren nuevas redes de apoyo, en este caso redes institucionales”, además de que hizo un llamado al reconocimiento de la familia social para el apoyo y acompañamiento de estas poblaciones.
Para esta población, el experto señaló que se requiere un sistema de cuidados que atienda la diversidad de cada una de las personas que la integran, “porque cuando hablamos de cuidados nos referimos a una serie de acciones que permitan prolongar o salvar la vida, en este caso de quienes la están pasando peor en la ciudad”.
Olivia Paola Cuevas, quien se presentó como colaboradora de varias fundaciones, sostuvo que además de presupuesto se requiere la sensibilización y capacitación del personal que atienda en áreas de cuidados para que realicen los ajustes que permitan a las poblaciones callejeras hacer trámites y recuperar su agencia.
¿Qué sigue después de las mesas deliberativas para el sistema de cuidados de la CDMX?
Los legisladores de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales explicaron que las demandas ciudadanas serán recopiladas y analizadas para fortalecer la propuesta de Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México. A partir del 17 de abril, el proceso de consulta pública saldrá del congreso local para ir a las 16 alcaldías.
Esta fase tendrá como objetivo que las personas que no pudieron acudir a las mesas, realizadas en el centro de la capital, den su visto bueno o propongan ajustes según la realidad de su zona.
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También está pendiente que los legisladores se reúnan con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ya que, como declaró la diputada Lizzete Salgado, “lo que sigue es la validación financiera. Estamos trabajando para que el sistema de cuidados nazca con dientes; es decir, con un presupuesto progresivo que permita crear la infraestructura necesaria desde el primer año de su implementación”.
Luego de estos procesos, las comisiones redactarán el dictamen final que se someterá primero a votación de las comisiones unidas, y finalmente ante los 66 diputados locales.