Ley de Cuidados en CDMX carece de apoyos para una vida independiente de personas con discapacidad
Tania Casasola · 30 de marzo de 2026
El proyecto de Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México —presentado por el gobierno de Clara Brugada —podría dejar fuera derechos fundamentales de las personas con discapacidad ya que se corre el riesgo de reproducir un modelo asistencialista en el que sean tratados como “receptores pasivos” y no como sujetos de derechos. Además, sin un financiamiento suficiente y con deficiencias estructurales como mecanismos claros para asegurar autonomía, podría convertirse en una promesa vacía, en lugar de una herramienta para avanzar en derechos e independencia, alertaron diversos colectivos y la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
El proyecto mantiene un enfoque centrado en los cuidados, mientras que los apoyos para la vida independiente —como la asistencia personal— no están suficientemente desarrollados, destacaron.
La propuesta incluye disposiciones sobre servicios para personas con discapacidad y personas mayores, así como la creación de centros de cuidado y ciertos programas de asistencia social, como centros de día para personas mayores. Sin embargo, su diseño general sigue centrado en la prestación de servicios y no establece de manera suficiente un sistema integral de apoyos individualizados que permita a las personas vivir de forma independiente y participar en la comunidad.
Organizaciones proponen centros de vida independiente
Durante la presentación de la propuesta de capítulo sobre apoyos para la vida independiente en la Ley del Sistema de Cuidados de CDMX, Sara Villanueva, integrante del colectivo Cuidados sí, Apoyos también, subrayó la importancia de la asistencia personal elegida por la propia persona, ajustable a sus necesidades y decisiones, servicios de vida independiente y apoyos comunitarios que eviten la segregación, así como el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica, para que las personas con discapacidad puedan ejercer derechos tan cotidianos como casarse o abrir una cuenta bancaria sin barreras.
Villanueva destacó que en la propuesta la parte de los derechos de personas con discapacidad está enfocado a los cuidadores y a una perspectiva asistencialista en la que se habla solo de rehabilitación, pero se está dejando a un lado el resto de los derechos como la participación social y el empleo.
La organización propone la creación de centros de vida independiente, que son espacios donde las personas con discapacidad pueden desarrollar un proyecto de vida, se les oriente, capacite y acompañe para el ejercicio de la vida independiente y sean gestionados y dirigidos por personas con discapacidad.
“No son espacios de atención institucional, sino plataformas que permiten a las personas organizar y controlar los apoyos que requieren, incluyendo la asistencia personal, el acceso a servicios en la comunidad y la toma de decisiones”.
“La figura de asistencia personal, necesarios para una vida independiente”
Para Nara Gabriela Pérez, del mismo colectivo, la creación de la figura de asistencia personal permite que todo el sistema familiar y comunitario genere movilidad de recursos, por lo que consideró que esta es una iniciativa que puede cambiar vidas en muchos sentidos y garantizar el derecho a la vida digna e independiente.
Para ella, las mujeres con discapacidad continúan siendo un pendiente y se requieren ajustes específicos para la atención de la violencia que viven las mujeres con discapacidad, que en la mayoría de los casos viene de su propio entorno, por ejemplo, que la ley establezca mecanismos o programas concretos accesibles para poder denunciar.
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Agustín de Pavia, de Familias Extraordinarias, señaló que el gobierno de CDMX lo que está ofreciendo son centros de apoyo fuera de casa, pero la ley no dice nada de un sistema de apoyos y de servicios de cuidado para vivir de manera independiente.
Destacó que los apoyos se reducen a la rehabilitación, a quedarse en casa o salir solo a rehabilitarse, pero no para integrarse a la sociedad.
Un presupuesto restrictivo y falta de recursos directos, otras alertas
En tanto, Carlos Ríos Espinosa, director asociado de derechos de las personas con discapacidad en HRW, comentó que el enfoque del proyecto si bien prevé transferencias económicas para cuidadores, no asigna claramente recursos directos para que las personas con discapacidad contraten asistentes personales ni garantiza la cobertura de seguridad social para estas personas trabajadoras, como lo propuso el colectivo Cuidados sí, apoyos también.
“La agenda de cuidado y de apoyos no entra en contradicción. Uno de los puntos básicos es la desfamiliarización del cuidado (…) El hecho de que se establezcan transferencias económicas únicamente a personas que se dedican al cuidado, lo que hace es fortalecer la dependencia, lo que necesitamos es un sistema en el que no se cargue a las familias con la responsabilidad de apoyar a personas con discapacidad y a personas mayores. Necesita existir un sistema que permita que las propias personas con discapacidad puedan tener un control sobre sus sistemas de apoyo y que cuenten con recursos para la contratación de asistentes personales y de otros apoyos que son necesarios para la vida independiente. Es lo que se propone que se integre”.
Asimismo, Ríos Espinosa señaló que las disposiciones presupuestarias del proyecto son particularmente preocupantes.
“Mientras que el artículo 78 exige un presupuesto progresivo que no disminuya en términos reales, una disposición transitoria que prohíbe cualquier incremento del gasto implica que el presupuesto para implementar la ley solo podría aumentar si esos recursos se detraen de otras prioridades de gasto. Esto podría hacer que los incrementos sean prácticamente imposibles”, sostuvo.
Dijo que las y los legisladores deberían eliminar el tope presupuestario para asegurar que el financiamiento pueda crecer conforme a las necesidades y priorizar la inversión en apoyos comunitarios y asistencia personal.
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