Caso Ángel Moreno: buscan cambiar medidas del proceso penal
Animal Político · 9 de julio de 2026
A más de cuatro años de la muerte de Ángel Moreno, adolescente con discapacidad que falleció mientras se encontraba bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, organizaciones defensoras de derechos de la infancia alertaron sobre una audiencia judicial en la que la defensa de uno de los imputados busca modificar las condiciones del proceso penal.
El caso está relacionado con la causa judicial 04556/2023, en la que Raymundo Francisco N. permanece imputado por hechos vinculados al homicidio doloso del adolescente. De acuerdo con organizaciones civiles, la defensa solicitó una audiencia para revisar la medida cautelar vigente y planteó modificaciones relacionadas con la clasificación del delito.
Tejiendo Redes Infancia informó este 7 de julio que la audiencia “no puede tratarse como un trámite ordinario” y señaló que el caso representa un punto relevante para analizar la responsabilidad del Estado cuando una niña, niño o adolescente fallece bajo la protección de una institución pública.
En ese sentido, la organización afirmó que Ángel “no murió en circunstancias ajenas al Estado”, ya que durante más de diez años permaneció institucionalizado junto con su hermana bajo responsabilidad del gobierno estatal y del sistema DIF.
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Audiencia judicial y recomendaciones de derechos humanos
La organización recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), mediante la Recomendación 01VG/2023, documentó violaciones graves a derechos humanos relacionadas con la muerte de Ángel Moreno, quien tenía 14 años y presentaba múltiples discapacidades.
Según Tejiendo Redes Infancia, la recomendación de la CEDHNL señaló afectaciones a derechos como la vida, integridad personal, vida libre de violencia, salud, dignidad, legalidad, interés superior de la niñez y derechos de las personas con discapacidad. También indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recientemente una recomendación relacionada con el caso.
La organización solicitó al juez de control que, al resolver sobre la medida cautelar, considere factores como el riesgo de fuga, posibles afectaciones a testigos, la influencia institucional de las personas involucradas y el contexto documentado por los organismos de derechos humanos. Asimismo, pidió que se garantice la participación de las víctimas indirectas durante la audiencia.
Ángel Moreno falleció en febrero de 2022 mientras se encontraba bajo cuidado del DIF estatal. La causa penal señala que el adolescente habría sufrido una agresión dentro del albergue Fabriles y que posteriormente presentó un deterioro de salud que derivó en su muerte.
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Organizaciones piden justicia y aceptación de recomendaciones
En el aniversario de la muerte de Ángel Moreno, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) también se pronunció al respecto y pidió que continúen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de REDIM, señaló en un mensaje público que la organización mantiene la exigencia de “verdad” y “justicia” para el adolescente, y cuestionó que las autoridades de Nuevo León no hayan aceptado inicialmente la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ramírez afirmó que REDIM demanda la aceptación de las recomendaciones de derechos humanos y que los responsables sean sancionados: “Exigimos también que las personas que fueron responsables y que han sido señaladas no se mantengan protegidas ni en la impunidad”.
En la causa penal 04556/2023 también están señalados otros funcionarios identificados como Mauricio Miguel N., Alan N. y Miguel Ángel N., por hechos relacionados con presunto homicidio doloso y encubrimiento.
Las organizaciones defensoras de derechos de la infancia han señalado que el caso de Ángel Moreno debe analizarse bajo estándares de protección reforzada para niñas, niños y adolescentes, así como desde una perspectiva que considere su condición de discapacidad y su situación de institucionalización.