Zona Metropolitana: hallazgos abren posibilidad de encontrar a más personas
Marcela Nochebuena · 12 de noviembre de 2026
Algunos indicios óseos, entre ellos posiblemente los de un joven desaparecido en la Ciudad de México, fueron ubicados en un área colindante con el estado de Morelos. A partir de ese hallazgo, la necesidad de expandir la búsqueda en la zona metropolitana y lograr una mejor coordinación con los estados que hacen frontera con la capital se ha vuelto vital.
Detrás de uno de los casos que hoy sirve de pauta para replantear una política de búsqueda regional, subyace una historia de azar, omisiones institucionales y un reclamo familiar que se resiste a dar por cerrado el expediente solo bajo los términos oficiales.
Para la familia del joven, el hallazgo no derivó de labores de inteligencia ni de una línea ministerial previa orientada a Huitzilac, Morelos, donde a partir de esta semana se desarrolla la denominada primera búsqueda metropolitana, con participación de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, aunque la zona ya se había intervenido previamente. En una de sus primeras jornadas, este miércoles ya se reportaron nuevos hallazgos.
En realidad, aseguran, la localización de los primeros restos óseos fue fortuita, en noviembre de 2025 durante una diligencia de la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina (CBP) orientada inicialmente a localizar a una mujer desaparecida a finales de septiembre de ese año.
En esa inspección en zona boscosa, el personal capitalino halló restos de la víctima que buscaban y otros en el mismo punto. La Fiscalía de Morelos, encargada del levantamiento por jurisdicción territorial, determinó en su análisis antropológico inicial que parte de las muestras recuperadas correspondían a un hombre.
Ante la falta de reactivos en aquel estado para pruebas de ADN, familiares de la primera víctima gestionaron que las confrontas se practicaran en la Ciudad de México. Hacia febrero, las muestras biológicas fueron enviadas a la capital.
Fue hasta junio de este año cuando los laboratorios determinaron posibles coincidencias genéticas. No obstante, la confirmación técnica no provino de una búsqueda diseñada en torno al caso.
“Esta localización no fue producto de una búsqueda estratégica, individualizada, por parte de la comisión para el caso específico. Prácticamente se tropezaron con los indicios. Fue un golpe de suerte de la comisión local ir a ese lugar buscando a una víctima y localizar a dos”, apunta una de las familiares en entrevista.
La falta de planeación no fue la única complicación que ella observó. Denuncia también que la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda capitalinas conocían la confronta genética desde el 23 de junio, pero callaron durante más de un mes. Durante ese lapso, se acordó con la Secretaría de Gobernación y la familia una jornada de difusión y búsqueda en vida encabezada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Durante semanas, las autoridades –acusa la familia— permitieron que se imprimieran lonas, volantes y pegatinas; incluso funcionarios de la comisión local entregaron volantes en mano días antes del inicio programado. La jornada debía comenzar a las 8:00 horas del martes 28 de julio.
No obstante, cerca de las 22:00 horas del lunes 27, la comisión local canceló la actividad e informó de una reunión urgente para el día siguiente, con el argumento de que tenían información relevante para replantear la metodología. Al día siguiente se notificaron los hallazgos, pero las trabas burocráticas persistieron.
El 31 de julio, al acudir a Morelos a revisar registros fotográficos, la familia descubrió que no existía carpeta de colaboración formal para el caso, y que los antecedentes continuaban archivados en el expediente de la otra víctima. Además, peritos de Morelos recibieron instrucciones imprecisas y solo exhibieron registros de octubre de 2025 en adelante.
A ello se sumó que las dependencias capitalinas habían desatendido advertencias hechas en noviembre por quienes se habían sumado a las brigadas en las Lagunas de Zempoala, quienes desde entonces mostraron preocupación porque la zona constituía “un cementerio clandestino” que requería exploración profunda.
Ante esas omisiones y la desconfianza acumulada hacia las instancias locales, la familia no considera que exista una localización definitiva, hasta que no cuente con peritajes independientes. Con respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Gobernación, están a la espera de un análisis con la Universidad de Innsbruck.
“Estamos pidiendo un peritaje con la Unidad de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, para que ellos sean un tercero que pueda generar un análisis forense, un análisis antropológico y una confronta genética de cero, independiente total de las autoridades mexicanas, y recibir la confirmación de esa institución”, señala la familiar.
Las labores en Huitzilac se retomaron el 10 de agosto bajo conducción de la CNB, cuyos arqueólogos forenses diseñaron cuadrantes considerando la dispersión provocada por fauna y lluvias, con lo que se recuperaron más fragmentos óseos.
Sin embargo, las fricciones resurgieron en noviembre, cuando la Comisión Local convocó a la que llamó la primera búsqueda metropolitana por patrones en la misma zona con un día de anticipación, empalmándose con la jornada de la CNB, lo que provocó reclamos por dispersar recursos operativos, recurrir a transporte deficiente y prescindir de agentes del Ministerio Público en el terreno.
Inicia la primera Búsqueda Metropolitana Triple Frontera en el municipio de Huitzilac, en @GobiernoMorelos , con más de 600 elementos de distintas dependencias de las tres entidades, encabezados por: | 1/4 https://t.co/FwWmvWNdeO
— Comisión de Búsqueda CDMX (@busqueda_cdmx) November 10, 2026
“Nuestra preocupación surge porque el 10 de noviembre también iniciará una Búsqueda por Patrones en otra zona de Huitzilac, cuya intervención se extenderá hasta el día 13. No estamos en contra de esta metodología ni de que se desarrollen otras estrategias para encontrar a las personas desaparecidas, al contrario, toda búsqueda es necesaria. Lo que nos preocupa es que ambas intervenciones coincidan sin que tengamos información suficientemente clara sobre cómo se distribuirán el personal, los recursos materiales y las capacidades operativas”, señaló la familia en un comunicado el pasado sábado 7.
La familia ha solicitado ante las autoridades federales una estrategia que contemple, principalmente y por ahora, tres ejes: el de investigación penal y estratégica para esclarecer el caso y dar con los responsables de cada uno de los delitos involucrados, un esfuerzo de búsqueda regional y estratégica, con la dinámica de trabajo y liderazgo de CNB con apoyo de comisiones locales, y la identificación integral de cada uno de los indicios con una restitución digna.
“No voy a negar que hemos avanzado, lento; algunos podrían decir que hemos avanzado rápido, a comparación de muchos casos que llevan años, pero ha sido una lucha constante, feroz, de no soltar, de coordinar a las instituciones, de pedirles que se coordinen, de exigirles que se coordinen, una lucha muy desgastante, y ha habido esto gracias también al apoyo de muchas familias y del colectivo, desde luego, pero también a la presión internacional sobre el tema”, apunta la familiar.
El foco en la zona limítrofe
Frente a la recurrencia de hallazgos en municipios limítrofes, la administración de la Ciudad de México sostiene que las áreas conurbadas representan una prioridad operativa obligada. El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina, Luis Gómez, expone que las colindancias con Morelos y el Estado de México son empleadas por redes delictivas para ocultar evidencias y evadir el rastreo ministerial aprovechando las divisiones administrativas.
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“Hay zonas, y estos hallazgos de larga data que te mencionaba se dan en esas zonas limítrofes entre Ciudad de México y las entidades de alrededor, porque lo que identificamos es que hay individuos, hay personas que creen que cruzando una frontera, pueden evadir la justicia”, sostiene en entrevista.
El funcionario refiere que este patrón se repite en otros casos de larga data. En varios de ellos, ha habido personas detenidas desde un principio, que, sin embargo, se niegan a revelar las ubicaciones. Ahora, la estrategia metropolitana busca articularse con las siete entidades federativas de la región centro ante la intensa dinámica de movilidad conurbada.
Gómez destaca que, además, habrá una inversión superior a 100 millones de pesos para duplicar el personal de la Fiscalía de Desaparecidos: se pasará de 100 a 200 policías de investigación y se sumarán 50 ministerios públicos, dice, con la finalidad de que cada agente atienda un máximo de cuatro expedientes de larga data y cada fiscal un tope de 15.
“Encontrar no es suficiente”: comisionado de búsqueda
La localización de personas o fragmentos óseos no concluye la responsabilidad institucional frente al fenómeno de la desaparición, reconoce Gómez como una lección. Subraya que el hallazgo es apenas una etapa dentro de un proceso integral que debe vincularse con la investigación penal, la verdad y la reparación del daño.
“Es verdad que encontrar no es suficiente, y eso es algo que creo que es un aprendizaje muy importante. La localización no significa traer respuestas completas para las familias, y por eso la localización debe ir de la mano de la investigación y eso debe ir de la mano con la verdad, con la justicia, con la reparación, de manera que también somos conscientes que con la localización no termina nuestro trabajo”, asegura.
En ese aspecto, añade, la comisión capitalina ha incorporado compromisos que contemplan apoyos económicos a hijas e hijos de personas desaparecidas, esquemas de reubicación habitacional para familias bajo condición de vulnerabilidad o riesgo, e inserción al sistema de cuidados de la ciudad para mitigar la pérdida de ingresos del hogar.
En su balance, Gómez asegura que hoy existe un aumento del 68% en la capacidad de localización de la ciudad, de un promedio semanal de 32 personas en 2024 a 54 en 2026. A lo largo del año se registran, sostiene, alrededor de 2 mil 200 personas localizadas.
Como lo informó a finales de octubre la jefa de gobierno, Clara Brugada, recuerda que la dependencia clasificó las causas de ausencia a partir de entrevistas con cada una de las personas localizadas: el 63% (mil 400) refirió salidas voluntarias sin delitos ni violencia; el 28% (612) correspondió a problemáticas personales o familiares; 19 casos involucraron litigios de custodia de menores; 27 personas sufrieron accidentes en vía pública —8 localizadas sin vida—, y 26 víctimas de delitos graves como secuestro, trata o desaparición por particulares, 12 halladas sin vida.
Sin embargo, permanecen en búsqueda 521 personas desaparecidas de 2026, de las cuales 59 están bajo riesgo delictivo grave tras tamizajes de violencia previa o entornos laborales de peligro. En el ámbito forense, ya ha explicado los procesos de exhumación en una fosa común del Panteón Civil de Dolores, y otros esfuerzos con el Banco de ADN de la Ciudad de México y la confronta de huellas dactilares.
No obstante, esas cifras siguen sin ser suficientes —e incluso las cuestionan— para las familias buscadoras. La familia entrevistada apunta que los porcentajes globales diluyen la gravedad de los casos vinculados a delitos de alto impacto, donde los índices de localización sin vida son sustancialmente mayores. Para ellas, la efectividad institucional no radica únicamente en engrosar cifras administrativas, sino en garantizar investigaciones exhaustivas, peritajes confiables, verdad e identificación plena de sus seres queridos.