A 3 años del incendio en estancia migratoria de Ciudad Juárez: impunidad y justicia selectiva

A tres años del incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes bajo custodia oficial, el Estado mexicano sigue en deuda con las víctimas: aún no hay justicia ni reparación integral del daño y hay procesos penales sin sentencias contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), personal de seguridad privada y otros involucrados.

Durante una mesa de diálogo, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración, la Clínica Alaide Foppa de la Universidad Iberoamericana y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), externaron su preocupación ante la falta de investigación sobre algunos aspectos relativos de la tragedia – ocurrida el 27 de marzo del 2023 −, su vinculación con las formas y condiciones de detención, la determinación de responsabilidad de autoridades del más alto nivel que continúan ejerciendo sus funciones, así como la ausencia de iniciativas para garantizar la no repetición de hechos.

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Para las organizaciones, lo que ocurrió no fue solo un incendio, sino el resultado de omisiones, negligencia y una política migratoria fallida, señalaron durante la mesa de diálogo: “A tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez”.

Durante su intervención, Lorena Cano Padilla, del Instituto para las Mujeres en la Migración, aseguró que el Estado nunca tuvo la intención de reparar de manera integral a las víctimas. “La única intención que siempre ha tenido el Estado fue salvarle el pellejo a Francisco Garduño, excomisionado del INM”.

Cano Padilla indicó que el gobierno intentó compensar económicamente a las víctimas con recursos del INM, pero “solo se hizo con la intención de demostrar en la carpeta de investigación que Garduño ya había reparado a las víctimas y minimizar así su responsabilidad”.

Asimismo, destacó que madres, hermanas, esposas, parejas e hijas de las víctimas no han sido prácticamente tomadas en cuenta, de hecho, a ninguna víctima indirecta familiar de quienes no perdieron la vida, se les ha determinado una reparación integral del daño o una compensación económica, pese a que son mujeres que perdieron sus trabajos y que vieron mermada su salud. Tampoco las 15 mujeres que estuvieron en la estación migratoria privadas de la libertad han sido reconocidas como víctimas bajo el argumento de que “no hubo daño físico”.

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A pesar de algunos avances —como la disculpa pública impuesta por un juez como requisito para la suspensión condicional para el imputado de mayor rango—, estos resultan insuficientes frente a la magnitud del daño y no sustituyen la obligación del Estado de investigar, sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral, señalaron las organizaciones.

“Hay justicia selectiva” 

Marco Zavala Cruz, de Fundación para la Justicia, sostuvo que las autoridades mexicanas les fallaron a los migrantes en garantizar seguridad “porque no era una estancia migratoria, era una prisión. Les fallaron porque también había graves deficiencias de Protección Civil y de condiciones dignas que desencadenaron en que 40 personas fallecieron y 27 resultaron gravemente lesionados”.

Zavala Cruz realizó un recuento de los procesos penales en torno al caso y señaló que de las 11 personas identificadas como presuntas responsables de esta tragedia solo cuatro siguen en la cárcel sin sentencia. El resto, todos funcionarios del INM al momento de la tragedia, obtuvieron libertad procesal por el cambio de medidas cautelares

“El Estado tuvo la oportunidad de garantizar juicios justos donde se garantizaran los derechos de las víctimas, pero la justicia no ha llegado”, dice, atribuyendo el retraso a prácticas de justicia selectiva que impiden el acceso a la verdad y a la reparación integral para las víctimas”.

Mientras que Garduño, quien ocupaba el cargo de mayor rango en el INM, y Antonio Molina Díaz, quien era el siguiente en jerarquía, se les formularon cargos por un delito menor que permite salidas alternas para evitar una sentencia condenatoria, al resto de los entonces subordinados de Garduño los acusaron de delitos graves.

“Hay una justicia selectiva, un fraude procesal construido”, aseguró.

A su vez, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI), Gretchen Kuhner, llamó a construir la justicia en cada una de las víctimas de la tragedia e instó a aprender de ella para impulsar acciones que obliguen al Estado a garantizar que no se repita.

A tres años de lo ocurrido demandan:

1. Verdad completa sobre lo ocurrido.
2. Justicia pronta e imparcial para todas las víctimas.
3. Reparación integral con enfoque diferenciado y de derechos humanos.
4. Reconocimiento de todas las personas afectadas como víctimas.
5. Medidas estructurales para garantizar la no repetición, incluyendo el fin de la detención migratoria como política de control.

Y señalaron: “El incendio fue reflejo de una política migratoria basada en la detención, la criminalización, la estigmatización, la discriminación, el racismo y la contención de personas en movilidad, condiciones que propician violaciones graves a derechos humanos”.