Redacción Animal Político · 25 de septiembre de 2025
La disculpa pública que ofrecerá este viernes Francisco Garduño Yánez, a los sobrevivientes y familiares de los 40 migrantes que murieron en el incendio de la estancia del INM de Ciudad Juárez en marzo de 2023, no representa el cierre del caso ni una exoneración de responsabilidades, y se trata de un acto personal, no estatal, subrayaron organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las víctimas.
En un comunicado difundido este jueves, las organizaciones Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y el Instituto para las Mujeres en la Migración afirmaron que este gesto simbólico no sustituye las obligaciones legales ni los derechos de las víctimas y debe considerarse únicamente como un primer paso en un proceso de reparación integral.
El acto de disculpa de Garduño Yánez, a celebrarse 30 meses después de la tragedia, será la cuarta fecha anunciada desde que el juez fijó inicialmente el plazo para el cumplimiento de esta condición. A lo largo de este tiempo, se habían reagendado las fechas debido a diversas circunstancias, incluyendo la renuncia del exfuncionario a su cargo como comisionado del INM en mayo pasado.
Las organizaciones que acompañan a 17 familias de sobrevivientes y fallecidos enfatizaron además que el acto de disculpa no debe considerarse como el fin del proceso.

Señalaron que, aunque algunas víctimas masculinas han recibido compensaciones económicas, las mujeres sobrevivientes aún no han sido reconocidas como víctimas, lo que les impide acceder a indemnizaciones y a estancias por razones humanitarias con documentación adecuada.
Además, la Fundación para la Justicia advirtió que es fundamental que todas las personas vinculadas al caso, sin importar el cargo que ostentaban, enfrenten juicio hasta sus últimas consecuencias y que se investigue la responsabilidad de autoridades del gobierno de Ciudad Juárez.
También instaron al Estado mexicano a modificar las políticas migratorias que ponen en riesgo la vida de personas en movilidad, incluyendo la eliminación de la detención migratoria y la implementación de cambios estructurales que garanticen la no repetición de hechos como este.
La disculpa pública forma parte de las condiciones impuestas a Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por el juez que le concedió la suspensión condicional de su proceso penal por ejercicio ilícito del servicio público.
Este acto, que se llevará a cabo en la Ciudad de México —a más de mil kilómetros del lugar de los hechos—, será financiado con recursos públicos del INM y coordinado con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), aunque no se trata de un acto oficial del Estado, señalaron las organizaciones.
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El excomisionado Garduño Yánez ha sido vinculado a proceso penal por presuntas omisiones que derivaron en el incendio, y desde enero pasado, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón le otorgó la suspensión condicional bajo varias medidas: ofrecer la disculpa pública, continuar viviendo en la Ciudad de México bajo supervisión, entregar las compensaciones pendientes a las víctimas, realizar cursos de derechos humanos y protección civil, y supervisar periódicamente los centros de detención migratoria para garantizar condiciones adecuadas.
El incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 dejó 40 migrantes fallecidos, 27 hombres con secuelas graves y 15 mujeres sobrevivientes. Las víctimas se encontraban bajo custodia del Estado mexicano, que, según la Fundación para la Justicia, tiene una responsabilidad irrenunciable de garantizar justicia, reparación y medidas que eviten la repetición de tragedias similares.