Animal Político · 24 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa revisando los permisos de la empresa relacionada con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de almacenamiento de San José de Iturbide, Guanajuato.
Durante su conferencia mañanera, la mandataria señaló que consultó a la fiscal Ernestina Gody sobre el avance de la investigación y que la dependencia continúa analizando los permisos con los que cuenta la empresa involucrada. Sheinbaum indicó que será la propia Fiscalía la que informe sobre los resultados de esta revisión.
“Entiendo que siguen trabajando en los permisos que tenía o que tiene esta empresa y ya tendrá que informarlo en su momento la Fiscalía”, afirmó la presidenta al ser cuestionada sobre el caso.

Mientras tanto, el delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, dejó el cargo tras el operativo. En entrevista este jueves con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Jesús Padilla, director de En Línea Guanajuato, señaló que el funcionario le confirmó su renuncia y que, al preguntarle por los motivos, respondió que el asunto había sido “más que jurídico, algo político”.
El aseguramiento fue informado el 17 de septiembre, cuando la FGR y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reportaron el decomiso de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito en una terminal de almacenamiento de San José de Iturbide.
De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, el combustible correspondía a 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular, siete millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel. Durante el cateo también fueron asegurados tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores, documentación contable y facturas.

La investigación se originó el 3 de julio de 2026, tras la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz sin acreditar la trazabilidad del combustible. Posteriormente, un juez autorizó un cateo en un inmueble de San José de Iturbide.
La FGR informó el 19 de septiembre que las empresas relacionadas con el caso no habían acreditado hasta ese momento de manera completa y fehaciente la licitud del origen, manejo y destino del hidrocarburo. Por la complejidad de la investigación, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo la carpeta para revisar la documentación, las empresas vinculadas y la trazabilidad financiera y fiscal del combustible.