Delegado de la FGR en Guanajuato deja cargo; Fiscalía revisa permisos sobre decomiso: Sheinbaum
Animal Político · 24 de septiembre de 2026
El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, dejó el cargo después del operativo en el que autoridades federales y estatales anunciaron el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una planta de almacenamiento en el municipio de San José de Iturbide.
Desde el miércoles, comenzó a circular en medios la versión de la destitución de Vera Ayala, tras la polémica por el decomiso. Sin embargo, hasta el momento, la información no ha sido confirmada oficialmente por la FGR
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República informará “en su momento” acerca del caso y añadió que la dependencia sigue con la revisión de los permisos vinculados con el combustible asegurado.
“Entiendo que siguen trabajando en los permisos que tenía o que tiene esta empresa”, dijo.
“Fue más que jurídico, algo político”
En entrevista este jueves con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Jesús Padilla, director de En Línea Guanajuato, señaló que Vera Ayala le confirmó directamente que había renunciado a su cargo. De acuerdo con Padilla, el funcionario llevaba alrededor de ocho meses en el puesto y reconoció que su salida estaba relacionada con los hechos, aunque no explicó públicamente los motivos.
Padilla relató que solicitó una entrevista con Vera Ayala, pero el funcionario le indicó que debía acudir a las oficinas centrales de la FGR para hacer oficial su salida y que por el momento no tenía permitido hablar. Sin embargo, según el periodista, cuando le preguntó por las razones de su renuncia, el exdelegado le respondió que “el asunto fue más que jurídico, algo político”.
Dudas sobre el operativo por combustible
Jesús Padilla señaló que existen dudas sobre las circunstancias del operativo y sobre la diferencia entre la magnitud del aseguramiento anunciado y lo que posteriormente pudo conocerse de las diligencias realizadas.
El director de En Línea Guanajuato mencionó que, de acuerdo con la información que había podido conocer, se localizaron dos pipas, una en San Luis de la Paz y otra en Dolores, mientras que la empresa ubicada en San José de Iturbide continuó operando después de la intervención. La compañía Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, aseguró que cuenta con permisos federales, estatales y municipales para operar la terminal y que el combustible almacenado pertenece a empresas usuarias.
Otro de los puntos señalados en la entrevista fue la diferencia entre los nombres de las empresas relacionadas con la orden de cateo. De acuerdo con lo expuesto, la orden habría estado dirigida contra Gas del Noreste, mientras que el cateo se realizó en instalaciones de Gas Natural del Noroeste.
Padilla también explicó que el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González, le había señalado que las autoridades estatales cumplieron con su función al poner a disposición de un juez una pipa que no contaba con documentación, mientras que la orden de cateo posterior correspondió a la FGR.
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La investigación por los 59 millones de litros
El caso se originó el 3 de julio de 2026, luego de la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz sin acreditar la trazabilidad del combustible. Posteriormente, un juez autorizó un cateo en un inmueble de San José de Iturbide.
El 17 de septiembre, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informaron sobre el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito en una terminal de almacenamiento ubicada en San José de Iturbide.
Según la información proporcionada por la FGR, el combustible correspondía a 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular, siete millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel. Durante el cateo también fueron asegurados tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores, documentación contable y facturas.
La FGR informó el 19 de septiembre que ninguna de las empresas relacionadas había acreditado hasta ese momento de manera completa y fehaciente la licitud del origen, manejo y destino del hidrocarburo. Por la complejidad del caso, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo la carpeta de investigación para revisar la documentación, las empresas vinculadas y la trazabilidad financiera y fiscal del combustible.