A merced de las balas: policías municipales sin blindaje ante el alto poder del crimen
Edgar Ledesma · 7 de septiembre de 2026
El sábado 28 de junio de 2025, Jesús Alejandro Salazar Beltrán manejaba su automóvil rumbo al trabajo. Llevaba 13 años como policía municipal de Culiacán y estaba adscrito a la unidad encargada de prevenir el robo de vehículos.
Aún no comenzaba su turno, cuando hombres armados lo interceptaron en el fraccionamiento Los Ángeles. Jesús Alejandro bajó del automóvil e intentó refugiarse en un negocio cercano, pero sus atacantes lo alcanzaron y le dispararon.
Tenía 37 años. Murió sobre el bulevar California, en la capital de Sinaloa, donde los policías dejaron de estar a salvo incluso antes de comenzar su jornada.
Su historia se publicó en medios como El Universal y otros de circulación local. Las notas y el comunicado de la corporación consultados, no precisan si Jesús Alejandro llevaba o no protección balística.
Tampoco es posible saber si un chaleco hubiera podido evitar su asesinato. Lo que el caso evidencia es el nivel de violencia que enfrentan quienes trabajan en las corporaciones municipales.
En 2025 fueron asesinados al menos 348 policías en México, casi uno cada día, según el registro de Causa en Común. Hasta el 20 de agosto de 2026, la organización había documentado otros 193 agentes de seguridad pública asesinados: 81 municipales, 60 estatales, 39 integrantes de la Guardia Nacional, nueve elementos del Ejército, dos de la Marina y dos policías federales.
Al riesgo que conlleva el creciente poder de fuego del crimen organizado, se suma la falta de información pública para conocer si cada agente lleva un chaleco acorde con el arma que podría encontrar del otro lado.
“Chalecos de papel” frente a rifles de alto poder
En México, los chalecos antibalas son regulados por la NOM-166-SCFI-2005, publicada hace 21 años y elaborada a partir de estándares estadounidenses vigentes a principios de este siglo. La norma establece distintos niveles de protección. Los chalecos ligeros están diseñados principalmente para detener proyectiles de armas cortas. Para resistir disparos de rifle se requieren placas rígidas y niveles superiores de blindaje.
La propia regulación obliga a que los chalecos destinados a proteger sólo contra armas cortas, adviertan en su etiqueta que no son adecuados contra impactos de rifle. También establece que la funda exterior no brinda protección balística y que una placa rígida sólo aumenta la resistencia en la parte del cuerpo que alcanza a cubrir.
El problema es que la norma clasifica los chalecos y determina cómo deben probarse, pero no obliga a las corporaciones a informar públicamente qué nivel de blindaje recibe cada agente; tampoco la fecha de fabricación, cómo se conserva y si continúa dentro de su vida útil.
Por eso, frente a un rifle que supere su nivel de protección, un chaleco balístico puede convertirse prácticamente en una ilusión de seguridad; un equipo diseñado sólo para detener balas de pistola ofrece una falsa sensación de protección cuando el policía enfrenta calibres que superan su capacidad.
Asael Nuche González, investigador de Causa en Común, advierte que el problema no se limita a la cantidad de chalecos disponibles.
“Estas protecciones son insuficientes o no son las más adecuadas para el tipo de calibre que están utilizando los grupos delictivos, que son calibres ya muy altos. Entonces, obviamente, se pone en riesgo al personal de la policía”, señala.
“Muchos equipos no son sustituidos cuando ya no tienen la resistencia adecuada”, añade el investigador.
Un inspector jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, entrevistado bajo reserva por Animal Político, por tratarse de un elemento en activo, lo explica de otra manera: “hoy, con las armas que tiene el crimen organizado, un chaleco no te va a proteger. La ‘matapolicías’ ya es más común”, afirma.
El policía se refiere a armas con proyectiles capaces de atravesar determinados tipos de blindaje. En su experiencia, los grupos criminales ya cuentan con rifles y calibres superiores al armamento disponible para muchos agentes.
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También aclara que no todos los chalecos son deficientes. En la policía capitalina, asegura, los paneles han detenido disparos durante enfrentamientos.
“No he sabido de chalecos que se hayan perforado. Creo que sí han servido y han parado los disparos”, afirma. Pero la realidad de un agente de la Ciudad de México, no es la misma que la de miles de policías a nivel municipal en el resto del país.
El límite aparece cuando la potencia del arma supera el nivel para el cual fue fabricado el blindaje.
Ante una norma mexicana que ha quedado rebasada por nuevas amenazas balísticas, algunas corporaciones han incorporado estándares estadounidenses posteriores en sus procesos de compra. En 2025, por ejemplo, el municipio de Aguascalientes exigió para la adquisición de chalecos de su policía certificación NIJ 0101.06, además del cumplimiento de la NOM-166-SCFI-2005. La compra contempló paneles nivel III-A y placas nivel IV capaces de proteger contra disparos de rifle.
Entre 2022 y 2023, autoridades mexicanas recuperaron y solicitaron rastrear el origen de 50 mil 409 armas, según el informe oficial Firearm Commerce, Crime Guns, and the Southwest Border, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF).
Sólo 32% de los policías municipales tiene chaleco
Los datos más recientes corresponden a 2024. Hasta ese año, sólo 32 % de los policías municipales del país contaba con chaleco antibalas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recuperadas por Causa en Común.
El dato habla únicamente de disponibilidad. No permite saber el nivel del chaleco, su antigüedad, estado físico ni contra qué proyectiles puede proteger.
Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común, explica que algunas instituciones ni siquiera informan cuántos chalecos, placas, cascos o escudos tienen.
“Al ser opacos con esos temas, tampoco podemos evaluar en qué grado se encuentran ni qué tanta satisfacción hay sobre las necesidades de equipo”, señala.
El Informe Nacional de Transparencia 2025 de la organización revisó la protección balística reportada por las instituciones estatales. Sólo tres informaron que disponían de los cinco tipos de protección considerados —chalecos, placas, cascos, escudos y patrullas blindadas—; 13 reportaron cuatro y siete dijeron contar con tres. El resto reservó u omitió la información.
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Canjura Luna señala que los policías municipales se encuentran en mayor indefensión. Cerca de 20 % de los municipios no tiene una corporación propia y, entre los que sí cuentan con ella, existen casos con una o dos patrullas, falta de gasolina y poco armamento.
La organización ha recibido testimonios de agentes que compran uniformes, fornituras y municiones o pagan para que les asignen un arma en mejores condiciones. En el Estado de México, explica la investigadora, hay establecimientos conocidos como “casas tácticas”, donde los policías adquieren parte del equipo que deberían recibir de sus instituciones.
Todo esto revela una necesidad de supervisión no atendida de forma adecuada y abre un debate pendiente sobre qué instancia y cómo tendría que llevarse a cabo.
Actualmente, esas responsabilidades están repartidas entre las corporaciones, sus órganos internos de control y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, los inventarios no permiten reconstruir el recorrido de cada pieza ni verificar que sea retirada cuando termina su vida útil.
Chalecos que pasan de un policía a otro
Una práctica recurrente en las corporaciones policiacas a nivel local es que los paneles balísticos suelen permanecer bajo resguardo de la corporación y pueden pasar de un agente a otro entre turnos.
La funda que los contiene acumula el sudor, la suciedad y el desgaste causado por el uso diario, el sol y la lluvia. Algunos policías compran una cubierta propia para no compartirla y poder lavarla.
Al terminar la jornada, retiran los paneles, los devuelven y se llevan únicamente la funda que pagaron con sus recursos.
Esta práctica, descrita por el inspector jefe de la policía capitalina consultado por Animal Político, contrasta con lo anunciado por la propia SSC en agosto de 2020. La dependencia informó entonces que entregaría 31 mil chalecos de uso personal, con una vida útil de cinco años, precisamente para evitar que fueran compartidos.
La primera entrega fue de 619 unidades. Un año después, la SSC compró 8 mil chalecos nivel III-A por 80 millones 736 mil pesos. Cada unidad costó 10 mil 92 pesos, según el contrato difundido por Milenio.
El nivel III-A protege frente a determinadas armas cortas, pero la norma obliga a advertir que no es adecuado contra impactos de rifle.
En los documentos públicos revisados para este reportaje no fue posible determinar cuántos de los 31 mil chalecos anunciados en 2020 fueron finalmente entregados, cuántos continúan activos ni si las ocho mil unidades adquiridas en 2021 ya fueron sustituidas.
El inspector explica que los policías tampoco pueden presentarse a trabajar con un chaleco completo comprado por su cuenta. Al tratarse de equipo ajeno a la institución, hacerlo podría generarles problemas administrativos e incluso consecuencias para sus familias si resultan heridos o mueren en servicio.
“Si el seguro ve que no es de los de la Secretaría, no les va a pagar a tus deudos”, asegura.
Libna y Gisela: las dudas sobre su protección
La mañana del 11 de noviembre de 2025, Libna Mata Villegas y Gisela Ceballos Quezada realizaban labores de vigilancia en El Salto, Jalisco.
Libna tenía 40 años y Gisela, 28. Ambas acumulaban siete años y medio dentro de la Policía Vial.
Cerca de una gasolinera detuvieron un vehículo con los vidrios polarizados. Durante la revisión fueron interceptadas por hombres armados, quienes las obligaron a subir a la batea de su propia patrulla.
Sus cuerpos fueron encontrados en la colonia Lomas de San Juan. Junto a ellas quedaron los conos naranjas que utilizaban para controlar el tránsito. Las primeras investigaciones indicaron que recibieron disparos en la cabeza.
Después de los asesinatos, policías viales reclamaron que no todos contaban con protección. El propio comisario de la corporación, Jorge Arizpe, reconoció que algunos elementos tenían chaleco y otros no.
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“Efectivamente, algunos tienen y otros no. A ver si con esto ya nos dan a todos”, declaró a Milenio.
Las autoridades estatales respondieron que los chalecos disponibles podían compartirse entre turnos cambiando la funda por razones de higiene. También afirmaron que algunos policías decidían no utilizarlos debido al peso y a las labores de vialidad que realizaban.
Roberto Alarcón, coordinador de Seguridad de Jalisco, sostuvo que la falta de chalecos no fue determinante en el asesinato debido a la parte del cuerpo donde las agentes recibieron los disparos. Las investigaciones también señalaron inicialmente el uso de armas cortas.
Eso no eliminó el reclamo de la corporación. Tras el doble homicidio, el gobierno de Jalisco anunció que buscaría proporcionar chalecos a todos los integrantes de la Policía Vial. Hasta ese momento, la corporación no disponía de protección individual suficiente para todo su personal.
Más de 480 disparos contra una patrulla
Casi a la medianoche del 3 de julio de 2025, el subdirector de la Policía Municipal de Zamora, Michoacán, David Flores Sánchez, recorría la colonia El Vergel acompañado por los agentes Daniel Hernández de los Santos y Mario Méndez Silva.
Viajaban en una camioneta Chevrolet Silverado marcada con el número PM-072.
En el cruce de las calles Olmos y Jacaranda, varios vehículos les cerraron el paso. Los hombres armados abrieron fuego a corta distancia.
De acuerdo con el medio michoacano Primera Plana, la patrulla en la que viajaban recibió más de 480 impactos de bala. En el lugar, la Fiscalía estatal localizó 475 casquillos de tres calibres distintos. Los tres policías fueron asesinados.
En el lugar, los peritos encontraron casquillos de calibre 9 milímetros, .223 y 7.62. Los dos últimos son utilizados comúnmente en rifles como el AR-15 y el AK-47.
A unos 120 metros apareció abandonada una camioneta con reporte de robo. En su interior había cargadores para armas largas, ponchallantas, bombas molotov, un inhibidor de señal y chalecos balísticos.
El ataque y las identidades de los tres policías también fueron reportados por Proceso.
Ningún chaleco garantiza sobrevivir a una descarga de cientos de proyectiles. El ataque, sin embargo, resume la diferencia entre el poder de fuego de algunos grupos criminales y el equipo disponible para las policías municipales.
Policías con menos equipo y recursos
Las carencias de protección forman parte de un problema más amplio.
Según los datos expuestos por Causa en Común, sólo 24% de los policías municipales contaba con un arma de fuego y 22 % tenía esposas. Además, 55 % gana menos de 15 mil pesos mensuales. Entre los policías estatales, 13% percibe menos de 10 mil.
Un agente que se niegue a salir a trabajar porque no tiene chaleco, casco o armamento adecuado puede ser acusado de desacato y enfrentar arrestos, suspensiones o procedimientos internos, advierte Nuche González.
La inconformidad ya se expresa en las calles. Entre enero y junio de 2026 se registraron al menos 41 movilizaciones policiales en 15 entidades por bajos salarios, falta de prestaciones, abusos laborales, jornadas excesivas y carencias de equipo.
Al mismo tiempo, las corporaciones pierden personal. En 21 estados, el número de policías pasó de 98 mil 413 en enero de 2024 a 94 mil 396 al cierre de ese año, una reducción de 4.06%.
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Canjura Luna sostiene que el fortalecimiento presupuestal de la Guardia Nacional ha ocurrido en detrimento de las policías estatales y municipales, pese a que estas corporaciones mantienen el contacto cotidiano con la población y suelen ser las primeras en responder ante una emergencia.
Actualizar la norma no resolvería por sí solo el problema. También se necesita saber qué compran las corporaciones, a quién se lo entregan, durante cuánto tiempo lo utilizan y si la protección corresponde con el riesgo de cada tarea.
De otro modo, el Estado puede contar chalecos en una bodega sin demostrar que están sobre el cuerpo de los policías, que siguen vigentes o que son capaces de resistir los proyectiles que enfrentarán en la calle.
El inspector jefe resume otra parte del reclamo de sus compañeros en una frase: “No te metas con su tiempo ni con su salario”.
A esas exigencias se suma una todavía más elemental: que cuando un policía salga a enfrentar a hombres con rifles, no lleve sobre el cuerpo una ilusión de seguridad: un “chaleco de papel”.