Policías de Culiacán secuestraron y entregaron a informante de la DEA al Cártel de Sinaloa
Alfredo Maza · 29 de abril de 2026
El documento de acusación formal que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios del Gobierno de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa revela que corporaciones policiales de la entidad presuntamente participaron en el secuestro y asesinato de una fuente que colaboraba con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), así como de su familia.
De acuerdo con el documento de acusación formal presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, la víctima fue identificada como Alexander Meza León, quien era una fuente confidencial (denominada “FC” en el documento) de la agencia antidrogas estadounidense.
“En octubre de 2023, o alrededor de esa fecha, Iván (Guzmán) y otro miembro principal de Los Chapitos ordenaron los secuestros y homicidios de la FC y sus familiares, incluido un niño de 13 años”, señala la acusación, la cual describe que estos hechos habrían ocurrido “en represalia por la información proporcionada por la FC a la DEA sobre las actividades de tráfico de narcóticos” de los líderes del cártel.
Hasta el momento, el gobernador Rocha Moya emitió un mensaje en el que rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, al asegurar que “carecen de veracidad y fundamento alguno”.
EU señala a comandante de la Policía Municipal de Culiacán por asesinato de fuente de la DEA
Sin embargo, el secuestro no fue ejecutado por miembros del cártel, sino por autoridades municipales al mando de Juan Valenzuela Millán, entonces comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
En el documento judicial se señala textualmente que “bajo las órdenes de Millán, agentes municipales, en un automóvil patrulla, detuvieron a la FC y al Familiar-1 de la FC, los secuestraron y los entregaron a sicarios del cartel, quienes torturaron y posteriormente mataron a esas y otras víctimas”.
La versión de las autoridades estadounidenses apunta a que Millán también habría instruido presuntamente a sus policías para que “vigilasen y detuviesen a otros civiles a punta de pistola” mientras el cártel intentaba localizar a más personas relacionadas con Meza León, las cuales también “fueron secuestradas y asesinadas por los Chapitos”.
Este caso recuerda al caso del agente especial Enrique “Kiki” Camarena, quien junto con el piloto Alfredo Zavala, fue secuestrado, torturado y asesinado por líderes del crimen organizado en México tan solo dos días después de que gente de Rafael Caro Quintero lo privó de su libertad en represalia por un gran operativo en el rancho El Búfalo, que representó un golpe de más de dos millones de dólares para el Cártel de Guadalajara.
Fuerzas de seguridad de Sinaloa, brazo armado y logístico de “Los Chapitos”
Pese a lo anterior, la participación de la policía en este asesinato es parte de una estructura donde las autoridades de Sinaloa funcionaban como una extensión de la organización criminal, según la acusación de EU.
El documento señala que presuntamente “se ha ordenado a los agentes del orden público que reciben un sueldo de Los Chapitos que no realicen detenciones de miembros de esa facción del cartel y, en su lugar, se les ha dado instrucciones… que realicen la detención de los rivales de Los Chapitos.
La colaboración de la policía abarcaba desde brindar acceso a patrullas y radios de comunicación, hasta el tráfico de armas y drogas.
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Según EU, Juan Valenzuela Millán llegó a ordenar “a los agentes de la Policía Municipal de Culiacán que recogieran de los laboratorios y transportaran, en nombre de Los Chapitos, narcóticos, incluidos fentanilo y metanfetamina”.
Por su parte, mandos a nivel estatal también proveían apoyo logístico y armamento. Por ejemplo, se menciona a José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, quien presuntamente “vendió munición y cargadores para rifles de asalto a miembros de los Chapitos”.
Además, el documento indica que este mismo mando “ordenó la puesta en libertad de miembros de Los Chapitos que habían sido detenidos por portar armas de fuego, modificando además la documentación de su detención para que pareciera que no habían estado armados”.
Hasta el momento, por parte del Gobierno de México, solo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 28 de abril recibieron diversas “solicitudes de extradición de diversas personas” por parte del Gobierno de los Estados Unidos, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe dichas peticiones.
La SRE aseguró que los documentos que fueron recibidos, de acuerdo con una primera revisión jurídica realizada en el marco del Tratado de Extradición bilateral, “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.