Haidé Serrano · 7 de septiembre de 2026
Cancún, Quintana Roo. Detrás de las mil 509 personas desaparecidas en Cancún, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, una red integrada casi en su totalidad por mujeres buscadoras Quintana Roo sostiene solitaria las labores de rastreo, enfrentando el desgaste económico y psicológico.
Existe una red invisibilizada de afectos y cuidados integrada en su mayoría por madres, hijas, hermanas, tías y abuelas quienes, ante la inacción oficial, se ven obligadas a salir a los predios a cavar la tierra en busca de indicios.
Este proceso de búsqueda transforma radicalmente la identidad de estas mujeres. Se convierten, a la fuerza, en investigadoras de campo, peritas forenses empíricas y el único sostén emocional de sus colectivos de búsqueda. Son ellas quienes asumen los riesgos de seguridad y el estigma social de una sociedad que suele criminalizar a las víctimas.
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La búsqueda de un ser querido no es solo un proceso de desgaste emocional; es un factor de empobrecimiento sistemático. Para poder realizar el rastreo en campo de manera constante, muchas de las mujeres buscadoras de Quintana Roo deben abandonar sus empleos formales ante la falta de flexibilidad patronal.

Esta situación empuja a las familias a la precarización económica. Los hogares se enfrentan a:
La violencia en Quintana Roo deja a su paso una crisis de orfandad invisible. Las hijas e hijos de las personas desaparecidas suelen quedar bajo el cuidado de abuelas o tías. Estas cuidadoras, que ya se encuentran precarizadas económicamente, deben asumir la crianza de la niñez sin apoyo del Estado.
Las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a:
La Red Lupa ha denunciado de manera recurrente que el avance de la justicia y la búsqueda en el estado de Quintana Roo se encuentra profundamente rezagado. De hecho, el estado forma parte de las entidades que todavía no cuentan con una ley estatal homologada en materia de desaparición, acumulando un grave retraso legislativo, argumenta.
Este rezago legislativo e institucional se traduce en un desempeño deficiente de las comisiones locales de búsqueda y fiscalías especializadas, las cuales presentan capacidades y presupuestos muy inferiores a las de otros estados del país.