Comité de ONU solicita intervención de Asamblea General por crisis de desapariciones en México

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó este jueves al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.

Con esta petición, el comité busca que se implementen medidas destinadas a apoyar en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen en el país.

“Hay indicios sobre crímenes de lesa humanidad”

La petición ocurrió luego de que el comité concluyera que existen indicios fundados para considerar que en México se están cometiendo desapariciones forzadas con la categoría de “crímenes de lesa humanidad”.

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Esta evaluación se fundamenta en el registro de múltiples ataques generalizados o sistemáticos en contra de la población civil en distintas regiones del país, razón por la cual realizó esta petición bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Aunque el Estado mexicano argumentó que gran parte de las desapariciones son llevadas a cabo por grupos criminales y no por autoridades estatales, el comité subrayó que ha recibido información fundamentada sobre la participación directa, autorización, apoyo o tolerancia de funcionarios públicos en algunos de los casos.

Además, aclaró que los crímenes de lesa humanidad también pueden ser cometidos por actores no estatales u organizaciones cuando forman parte de un ataque contra la población.

Juan Albán-Alencastro, presidente del comité de la ONU, señaló que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.

Existen más de 72 mil restos sin identificar, advierte

El reporte destaca que, si bien no se encontraron pruebas de una política federal deliberada para cometer estas desapariciones, el contexto de la llamada “guerra contra las drogas” a nivel nacional ha propiciado las condiciones para que estos ataques ocurran a nivel local.

La gravedad de la crisis se refleja en las cifras de fosas clandestinas. El comité estima que en el país se han localizado más de 4 mil 500 fosas con más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos en su interior, a lo que se suman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar. 

El organismo advirtió que las autoridades se encuentran desbordadas y que no hay una mejora sustancial desde la visita que realizaron al país en el año 2021.

Ante la falta de capacidad operativa, el comité tomó esta medida excepcional para pedir a la Asamblea General que brinde a México cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada. 

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Estos recursos se destinarían a fortalecer las operaciones de búsqueda, los análisis forenses y las investigaciones sobre los vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. Igualmente, se solicitó crear un mecanismo eficaz para proteger y asistir a las familias y defensores que buscan a las personas desaparecidas.

Los alcances de una posible resolución 

Cabe destacar que este es un procedimiento preventivo que no busca establecer responsabilidades penales individuales, sino movilizar la atención y el apoyo de la comunidad internacional.

Sobre este punto, Albán-Alencastro aseguró que “el comité reafirma su compromiso de seguir cooperando con México a través de sus distintos procedimientos”.

“El procedimiento previsto en el artículo 34 tiene por objeto facilitar una cooperación y un apoyo oportunos para que el Estado Parte pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y a sus familias, y evitar que la situación se deteriore aún más”.