Regresaron a sus casas y tuvieron que volver a huir: minas y balaceras obligan a éxodo en Apatzingán
Manu Ureste · 24 de junio de 2026
La cámara de quien graba la escena avanza lentamente por una calle de terracería en El Guayabo, una pequeña comunidad rural de Apatzingán, en Michoacán. A un costado del camino, una barda blanca exhibe un mensaje oficial que contrasta con la realidad que la rodea: “Apatzingán: territorio de paz”.
La calle está desierta. Apenas se distinguen algunas viviendas, árboles que cubren parcialmente la barda y un par de vehículos estacionados. No se observan hombres armados ni vehículos militares. La escena, por sí sola, podría parecer la de un caluroso día cualquiera en una comunidad agrícola de Tierra Caliente.
Sin embargo, el sonido que se escucha en los diferentes videos que los vecinos tomaron cuenta otra historia. Mientras el vehículo continúa su recorrido, la leyenda ‘territorio de paz’ desaparece detrás de los árboles. Lo que no desaparece es el eco de las detonaciones por arma de fuego. Una ráfaga. Luego otra. Y otra más. Las balas imponen el silencio en un pueblo donde la normalidad quedó suspendida por la violencia desde hace meses.
Ese video fue grabado el pasado fin de semana por un habitante de la comunidad, durante una nueva jornada de enfrentamientos entre grupos criminales que terminó provocando otro desplazamiento forzado en El Guayabo, Cueramato y Cueramatillo, comunidades rurales del municipio de Apatzingán.
De acuerdo con información documentada por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, al menos un centenar de personas abandonaron nuevamente sus hogares desde el pasado viernes 19 de junio, después de varios días de enfrentamientos armados.
“La primera comunidad en vaciarse fue Cueramatillo. Después comenzó a salir gente de Cueramato y finalmente de El Guayabo. El desplazamiento ocurrió de manera intermitente durante todo el fin de semana”, explicó a Animal Político una persona integrante del Observatorio, quien pidió no ser identificada de manera individual por motivos de seguridad.
Hasta la tarde del sábado únicamente permanecían 32 de los 110 habitantes que semanas antes habían regresado a Cueramato tras un desplazamiento previo. En Cueramatillo abandonaron la comunidad sus 28 habitantes. En El Guayabo, el operativo desplegado para retirar los vehículos dañados durante el enfrentamiento de grupos criminales del fin de semana permitió que también parte de su población abandonara la comunidad por miedo.
En conjunto, el Observatorio calcula que al menos cien personas volvieron a desplazarse.
Minas contra jornaleros en Apatzingán
El primer hecho que marcó la nueva escalada de violencia ocurrió la mañana del 19 de junio, cuando una mina terrestre explotó al paso de un vehículo utilizado para transportar trabajadores agrícolas en El Guayabo. Dos jornaleros resultaron lesionados.
Horas más tarde comenzaron los enfrentamientos armados que terminarían provocando un nuevo desplazamiento de comunidades enteras.
Con este nuevo caso, el Observatorio actualizó el balance de víctimas por artefactos explosivos improvisados en el occidente de Michoacán. Entre el 1 de enero y el 19 de junio de este año, la organización documenta 26 víctimas: seis personas fallecidas y 20 lesionadas.
Entre los muertos figuran tres trabajadores agrícolas; entre los heridos, 17 militares.
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“El año pasado hablábamos de una víctima cada quince días. Hoy estamos hablando de una víctima por semana”, advirtió la persona entrevistada.
Pero la organización subraya que las minas ya no sólo representan un riesgo para quienes participan directamente en el conflicto armado.
El vehículo alcanzado por el explosivo era una de las camionetas utilizadas diariamente para transportar jornaleros y movilizar la cosecha de limón, principal actividad económica del valle de Apatzingán.
“Ya eran empleos precarios por la forma en que se trasladan los trabajadores. Ahora, además, se han convertido en trabajos de alto riesgo”, señaló la fuente.
En esa región, alrededor del 80% del ingreso familiar depende directa o indirectamente del cultivo del limón.
Una guerra que vuelve a expulsar a las mismas familias
Para la fuente consultada, lo más preocupante no es únicamente el nuevo episodio de violencia, sino que las mismas comunidades están siendo obligadas a huir una y otra vez, sin que las autoridades logren garantizar un retorno seguro.
El Guayabo, junto con la comunidad vecina de El Alcalde, ya había sufrido un desplazamiento masivo de al menos 500 personas en marzo de 2025, tal y como documentó Animal Político en una crónica. Cueramato fue desalojado nuevamente el pasado 5 de mayo. Semanas después, autoridades estatales y municipales promovieron el regreso de las familias. Poco tiempo más tarde, dos jornaleros murieron al activar una mina terrestre. Ahora, otro episodio de violencia volvió a vaciar el poblado.
“Son personas que están siendo desplazadas por segunda o incluso tercera ocasión”, explicó la persona entrevistada. “Los desplazamientos reincidentes son mucho más difíciles de atender porque las familias pierden la confianza en las medidas implementadas por las autoridades y cada nuevo retorno fallido aumenta su sensación de indefensión”.
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El Observatorio advirtió además que estos retornos no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad ni con los estándares internacionales que deberían garantizar soluciones duraderas para la población desplazada.
Ahora bien, ¿por qué Apatzingán sigue siendo un territorio en disputa?
Para el Observatorio, Apatzingán representa uno de los municipios más codiciados por las organizaciones criminales.
Por un lado, concentra importantes economías ilegales, especialmente el sistema de extorsiones impuesto tanto a la población como a las actividades agrícolas. Por otro, su ubicación geográfica convierte al municipio en un corredor estratégico que conecta la Sierra-Costa con el Valle de Apatzingán y facilita la movilidad hacia Uruapan, Zamora, Jalisco y otros municipios de Tierra Caliente.
“Dominar Apatzingán facilita la movilización de recursos, insumos y efectivos para los grupos criminales”, explicó la fuente.
Según el Observatorio, en el municipio operan simultáneamente entre cinco y ocho organizaciones delictivas, dependiendo de la fuente consultada. A ello se suma el interés por controlar recursos forestales y minerales mediante actividades como la tala clandestina y la minería ilegal.
“Hay motivos económicos, geográficos y una disputa permanente por el control del territorio”, resumió.
Tras los hechos, el Observatorio emitió en sus redes sociales un aviso dirigido al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al Ayuntamiento de Apatzingán, a la Secretaría de Gobierno, al Ejército y a otras autoridades para solicitar la activación del protocolo estatal de atención al desplazamiento forzado.
Entre las medidas solicitadas se encuentran la atención humanitaria inmediata para las familias desplazadas, la elaboración de un plan de contingencia y la implementación de condiciones que permitan un retorno verdaderamente seguro.
Mientras tanto, en El Guayabo permanece la escena que resume la contradicción que viven estas comunidades: una barda que proclama “Apatzingán: territorio de paz” y, de fondo, el sonido constante de las balas.