Volver para morir: 40 muertos y 62 heridos por drones y minas del crimen organizado en Apatzingán
Manu Ureste · 28 de mayo de 2026
En la comunidad de Cueramato, en Apatzingán, el retorno duró apenas unos días.
El pasado 5 de mayo, cientos de personas huyeron de esa y otras localidades de Tierra Caliente, en Michoacán, luego de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán documentó el desplazamiento forzado de hasta 668 personas provenientes de comunidades como Cueramato, Guanajuatillo, Holanda, Los Laureles y El Mezquital, todas ubicadas en una de las regiones más golpeadas por la violencia criminal en el estado.
Días después, autoridades estatales y municipales acompañaron el regreso paulatino de algunas familias desplazadas a comunidades como Cueramato. Pero apenas una semana más tarde, la tragedia volvió a alcanzar la zona: dos jornaleros agrícolas murieron tras la explosión de una mina terrestre mientras trabajaban en una parcela.
Las víctimas fueron identificadas como Alberto Vargas, de 35 años, y Ángel Zavala, de 55. De acuerdo con reportes locales y nacionales, ambos realizaban labores agrícolas en una huerta de limón cuando activaron accidentalmente el explosivo improvisado.
El caso volvió a exhibir una realidad que desde hace años se expande silenciosamente en Tierra Caliente: el uso de minas terrestres, drones explosivos y otros artefactos improvisados como parte de la disputa criminal en el occidente de Michoacán.
Un reporte especial elaborado por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán documenta que, entre enero de 2022 y mayo de 2026, se registraron al menos 35 eventos relacionados con artefactos explosivos improvisados, con saldo de 40 personas muertas y 62 lesionadas. En promedio, casi dos personas han resultado muertas o heridas cada mes por artefactos explosivos en la región de Tierra Caliente desde 2022.
El informe documenta el uso de drones con explosivos, minas terrestres y coches bomba en distintos puntos del occidente de Michoacán.
Aunque los drones explosivos se han convertido en una de las imágenes más visibles de la violencia en Michoacán, el documento advierte que las minas terrestres representan uno de los riesgos más persistentes para las comunidades rurales.
“Se han utilizado en caminos y brechas rurales, más recientemente en campos de cultivo”, señala el reporte.
No es la primera vez que ocurre algo así en la región de Apatzingán. En abril del año pasado, Animal Político estuvo en las comunidades de El Alcalde y El Guayabo, en Tierra Caliente, donde documentó en el terreno el desplazamiento masivo de familias que abandonaron sus viviendas tras una serie de enfrentamientos entre grupos criminales, ataques con drones explosivos y la colocación de minas en caminos y parcelas agrícolas.
Durante aquel recorrido, este medio encontró calles vacías, viviendas baleadas y habitantes que describían sus comunidades como “pueblos fantasma”. “Esta ya es una comunidad vacía”, relató entonces un poblador de El Alcalde, mientras señalaba las casas abandonadas, tras “la noche de los drones”, como recuerdan en la zona la incursión armada ocurrida en marzo de 2025.
Animal Político también documentó entonces testimonios de habitantes que denunciaban cómo los grupos criminales enterraban minas improvisadas en caminos y parcelas de limón. “Esa gente entierra las minas o le echan basurita así por encima para que no las veas y salgas por los aires”, contó uno de los pobladores desplazados.
Desde entonces, el Observatorio ha alertado de nuevos enfrentamientos, ataques con drones explosivos y hallazgos de minas antipersona en esa misma franja de Tierra Caliente. El 15 de abril de 2025, por ejemplo, un agricultor de 29 años resultó herido tras pisar una mina en una parcela de limón en Loma de Los Hoyos, muy cerca de El Alcalde y El Guayabo. Apenas unos días antes, otro productor murió al activar otro explosivo mientras trabajaba en otra huerta en la comunidad de Puerta de Alambre.
El alto riesgo de trabajar la parcela
El Observatorio también ha advertido sobre una transformación en las dinámicas de desplazamiento forzado en la región. Muchas personas ya no permanecen durante largos periodos fuera de sus comunidades, sino que regresan intermitentemente para revisar propiedades, atender cultivos o tratar de recuperar cierta normalidad pese a las condiciones de violencia.
Una persona integrante del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, que pidió anonimato por motivos de seguridad, dijo en entrevista con Animal Político que el problema ya no impacta solamente la seguridad de las personas, sino también la capacidad misma de sobrevivir y trabajar la tierra.
“Esto no solo arriesga la vida de las personas, también compromete sus medios de subsistencia”, explicó.
Según relató, en comunidades rurales de Tierra Caliente los productores agrícolas y jornaleros enfrentan cada vez más riesgos al trabajar parcelas, caminos rurales y zonas de cultivo donde pueden existir explosivos improvisados.
“Una estrategia que llegaron a utilizar —aunque suene muy cruel— era aventar al ganado por delante para despejar las brechas”, contó. “A esos caminos entre línea y línea de cultivo les llaman ‘callejones’. Era una medida improvisada para enfrentar el riesgo de explosivos”.
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El Observatorio también documentó pérdidas económicas derivadas de la violencia y el desplazamiento forzado en la región, incluyendo alrededor de mil 400 cabezas de ganado y el riesgo de perder cerca de 5 mil hectáreas de cultivo.
La situación, advierten organizaciones locales, obliga incluso a muchas familias desplazadas a regresar a sus comunidades pese a que las condiciones de seguridad continúan siendo precarias.
“No podían perder el ciclo agrícola”, explicó la persona entrevistada. “Muchas personas regresaron pese a que no existían condiciones objetivas de seguridad”. Ese mismo patrón parece repetirse ahora en Apatzingán.
El pasado 5 de mayo, el Observatorio emitió un “aviso oportuno” dirigido al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales y mandos militares para alertar sobre el desplazamiento forzado interno de cientos de personas en comunidades rurales de Apatzingán. El documento atribuyó la crisis a la disputa territorial entre grupos criminales y señaló que los enfrentamientos se intensificaron tras el retiro de una Base de Operaciones Interinstitucionales instalada en Acatlán.
“No se conoce actualmente la cantidad de personas desplazadas internas con necesidades de atención, ni su localización”, advertía el documento emitido por el Observatorio.
No hay condiciones para el retorno
Pese a ello, días después comenzaron los retornos parciales de familias desplazadas a localidades como Cueramato, Holanda y Guanajuatillo, acompañados por autoridades estatales y municipales.
Pero el episodio de los dos jornaleros muertos volvió a encender las alertas sobre las condiciones reales de seguridad en la zona.
“Eso evidencia que no se están construyendo condiciones efectivas de retorno seguro”, señaló la persona entrevistada.
La fuente subrayó que las víctimas murieron precisamente en una de las comunidades desplazadas el 5 de mayo y advirtió que el caso demuestra la necesidad de aplicar correctamente protocolos municipales y criterios internacionales para garantizar retornos seguros de población desplazada. La violencia, además, muestra señales de intensificación.
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Aunque la persona entrevistada reconoce que durante los primeros meses del “Plan Michoacán” hubo una reducción importante de muertes violentas en Apatzingán —cercana al 60 % respecto al mismo periodo del año anterior—, asegura que mayo registró un repunte acelerado de homicidios, enfrentamientos y operaciones criminales.
Solo durante este mes, explicó, 16 de las 42 muertes violentas registradas en Apatzingán ocurrieron en mayo. Además, se registraron enfrentamientos armados incluso dentro de la cabecera municipal, con policías lesionados y civiles abatidos.
El Observatorio atribuye parte de esta nueva escalada a los reacomodos criminales posteriores al supuesto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, así como al aumento de la disputa territorial entre grupos armados en la región.
Mientras tanto, en comunidades rurales de Tierra Caliente, trabajar la tierra comienza a parecerse cada vez más a atravesar un campo de guerra.