Sarampión Salud niega emergencia por sarampión; especialistas alertan complejidad en plan de 90 días

Eréndira Aquino · 20 de noviembre de 2026

Sarampión Salud niega emergencia por sarampión; especialistas alertan complejidad en plan de 90 días

Tras el retiro de la certificación de México como país libre de transmisión autóctona del sarampión por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) —reconocimiento que tuvo desde 2016—, la Secretaría de Salud anunció un plan de 90 días con miras a lograr el cierre del brote en 2027. Al mismo tiempo, insistió en que la decisión de la OPS “no significa una emergencia sanitaria ni un aumento descontrolado de casos”.

 

 

 

El brote de sarampión que aún recorre México empezó en 2025, con Chihuahua como epicentro. En ese estado se concentra la mayor parte de los decesos del país, así como en entidades con alta vulnerabilidad, movilidad o brechas de cobertura como Zacatecas, Jalisco, la Ciudad de México y Durango. Para los especialistas, las 50 muertes acumuladas desde entonces dan rostro a una enfermedad prevenible por vacunación y ponen bajo escrutinio el plazo oficial de 90 días para dar por cerrado el brote.

Las 50 muertes acumuladas desde entonces, dan rostro a una enfermedad prevenible con vacunación y ponen bajo escrutinio el plazo oficial de 90 días para dar por cerrado el brote y lograr la recertificación en 2028.

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Foto: Cuartoscuro

La viabilidad de cortar por completo la transmisión del sarampión en ese tiempo y la posterior acreditación de al menos 12 meses sin contagios abre un debate sobre el alcance real de las medidas anunciadas frente a la complejidad operativa y los rezagos acumulados en el sistema de salud mexicano. 

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Aunque la autoridad sanitaria sostiene que cuenta con dosis disponibles, adicionales a las decenas de millones de vacunas que ya se han aplicado, especialistas en epidemiología, salud pública y análisis presupuestario advierten que la meta de frenar el brote en ese margen de tiempo depende de factores que van más allá de un cronograma de corto plazo.

Dosis disponibles y contención en marcha

Andrés Castañeda, de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, subraya que las acciones de control del sarampión no iniciaron con el anuncio del plan de 90 días, pues con el aumento de casos las autoridades reforzaron las estrategias de vacunación, lo que se refleja en las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud de 40.9 millones de dosis aplicadas, además de las casi 11 millones de vacunas actualmente disponibles para niñas y niños de seis meses a nueve años, así como para adolescencias y personas adultas de hasta 49 años.

“La estrategia de control ya tiene más de un año, el plan de 90 días es el de cierre de brote, es decir, se espera que en 90 días ya no haya ni un caso más”, apunta Castañeda. “Idealmente, esto hubiera sido bueno lograrlo antes de que acabara el periodo de gracia que da la OPS para no perder la condición de eliminación”.

Sin embargo, advierte que sería precipitado asumir que esta cobertura alcanzará a toda la población en riesgo, ante lo que destaca la importancia de medir la inmunidad real por medio de encuestas serológicas.

Sobre la posibilidad de cerrar el brote en el plazo anunciado, Víctor Gómez Bocanegra, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), argumenta que la situación es más exigente de lo que sugiere un plan acotado a 90 días, dado el comportamiento del virus y las condiciones de identificación y diagnóstico.

“El panorama no es sencillo, al menos no como se pretende a partir del plan de 90 días”, refiere el especialista, pues las instituciones de salud están “en un problema serio, operativo, real”.

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Foto: Cuartoscuro

El saldo de años de personas sin vacunar y el debilitamiento de las unidades médicas

Castañeda apunta que el problema del sarampión se viene arrastrando desde hace varios años, pues aunque la vacuna es muy eficiente, “el problema no es nada más tener el fármaco, sino tener quién vacune”. Antes, la estrategia de vacunación era extramuros, es decir, el personal de salud iba a buscar a las personas a sus casas, pero con el paso de los años se cambió a un esquema en el que las personas deben ir a su unidad médica debido a la disminución del presupuesto para el trabajo en campo.

De acuerdo con el experto, la primera señal de alerta de un brote de sarampión en el país ocurrió durante el sexenio de López Obrador. En 2019 se confirmaron 20 casos en diversas entidades federativas, todos clasificados como importados o asociados a importación; para 2020 hubo 196 casos confirmados, la mayoría de ellos en la Ciudad de México (163), Estado de México (30), así como reportes aislados en Campeche (2) y Tabasco (1). Entre 2021 y 2023 no se registraron contagios, en tanto que para el 2024 se notificaron siete.

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Asimismo, destacó que la aparición de brotes de importancia de sarampión ocurrió en varias partes del mundo. Tan sólo en la región, Estados Unidos y Bolivia también perdieron la certificación de países libres de transmisión autóctona, sumándose a Canadá —que perdió el reconocimiento de la OPS en noviembre de 2025—.

En el plano clínico y epidemiológico, Víctor Gómez Bocangra enfatiza que adicional al debilitamiento operativo en las unidades de primer nivel existen diferencias entre promedios nacionales y realidades locales. Por ello, aunque no se trata de una situación como la que se vivió durante la pandemia de COVID-19, el médico refiere que se debe considerar una emergencia “porque estamos hablando de una enfermedad 100% prevenible por vacunación”.

“Durante muchos años, a pesar de lo que se pueda señalar de otros periodos de gobierno, se contaba con el esquema de la vacunación, incluso era obligatorio para los niños en las escuelas ir con las cartillas de vacunación”, refiere el docente de la UNAM.

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Foto: Pexels

El trasfondo presupuestario

Detrás del retroceso epidemiológico y de la dificultad para cerrar el brote en plazos acotados opera un trasfondo financiero, marcado por un distanciamiento histórico frente a las recomendaciones internacionales, una fuerte fragmentación institucional y vaivenes en los recursos destinados a la prevención. De acuerdo con análisis de Fundar y del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto público en salud en México ha rondado alrededor del 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de la mitad del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Janet Oropeza, investigadora de Fundar, explica que este rezago de largo plazo se traduce en carencias operativas que golpean con mayor fuerza a los territorios o a los municipios más pobres. A este subfinanciamiento estructural se suma la fragmentación del sistema de salud —donde conviven instituciones de seguridad social y esquemas dirigidos a población sin seguridad social— y una distribución desigual de los recursos.

Según los cálculos de Fundar, la mayor parte del presupuesto sanitario se concentra en la seguridad social y las asignaciones per cápita son marcadamente dispares, dejando a las personas en mayor vulnerabilidad —como trabajadores informales, por cuenta propia o del campo— con un acceso más frágil y un mayor gasto de bolsillo. “Las personas más vulnerables en México son las que menos recursos se les destinan”, resume Oropeza.

En el caso específico de la vacunación, el análisis histórico de Fundar sobre el Programa Presupuestario de Vacunación en pesos reales muestra una trayectoria de altibajos: tras ajustes a la baja en 2020 y 2021 —cuando tocó un piso antes de la recuperación extraordinaria de 2022 asociada a compras por la pandemia—, los recursos volvieron a caer en los años posteriores hasta regresar a montos limitados frente al tamaño de la población y las brechas acumuladas, aun cuando para 2027 se proyecta un incremento de alrededor de 10.3% respecto al año previo.

“Cada institución también tiene sus recursos para sus vacunas”, apunta la especialista de Fundar, pero esos presupuestos “no están a un nivel desagregado suficiente” para verificar cómo llegan o cómo se ejercen en cada subsistema, lo que “nos impide mucho como conocer realmente los esfuerzos que el Estado mexicano está haciendo en la vacunación”. 

Salud confirma 16 casos y dos muertes por sarampión en Centro Estatal de Cancerología de Xalapa
Foto: Freepik

¿Qué se requiere para que el cierre del brote sea sostenible?

Durante la sesión en la que se anunció el retiro de la verificación por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los representantes del organismo remarcaron que la decisión es una señal de alerta sobre la sostenibilidad de los programas rutinarios más allá de las respuestas de emergencia y puntualizaron que esto “demuestra que ningún país está exento si las coberturas homogéneas caen por debajo del 95% durante varios años consecutivos”, por lo que llamaron a garantizar presupuestos operativos constantes, mantener la vigilancia activa ante casos sospechosos y dotar de recursos a las unidades de primer nivel.

Para Andrés Castañeda, sostener el control más allá del cierre del brote exige no bajar la guardia y convertir la vacunación extramuros en una estrategia permanente, coordinada entre los servicios estatales y las instituciones de salud —como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar—, para ir a buscar a la población hasta las comunidades. Subraya que es indispensable realizar encuestas serológicas para conocer con precisión dónde persisten personas susceptibles y revisar los esquemas del resto de las vacunas, ya que el sarampión funciona como una señal de alerta frente a otras enfermedades prevenibles.

Según el especialista, el mayor reto del sector en este momento es la gobernanza: lograr que tantos actores operen coordinados a nivel local y en el territorio, respaldados por presupuestos y seguimiento acordes con las dinámicas de movilidad de la población.

Gómez Bocanegra considera que el sistema de salud debe pasar de una vigilancia epidemiológica reactiva —que espera la aparición de casos y resultados de laboratorio— a una búsqueda proactiva de personas susceptibles y casos sospechosos en campo, con capacidad real para tomar muestras y procesarlas de manera oportuna en los laboratorios estatales y en toda la red institucional. El médico advierte que el desafío implica resolver las brechas locales y no conformarse con promedios nacionales, además de fortalecer la información y la educación de la población en temas de salud para recuperar coberturas sólidas.

Desde la perspectiva del financiamiento público, Janet Oropeza plantea que consolidar la respuesta en el tiempo requiere atender el rezago histórico de recursos en salud pública frente a los estándares internacionales y corregir las asimetrías que dejan con menor asignación a las poblaciones más vulnerables y a los municipios con mayores carencias. Para la analista, también es clave avanzar hacia presupuestos más claros y desagregados por institución y programa que permitan dar seguimiento efectivo a la compra, distribución y aplicación de las vacunas, de modo que el esfuerzo del Estado se traduzca en cobertura efectiva y menor carga de gasto de bolsillo para las familias.