Gobierno busca ahorrar 70 mil mdp en medicamentos sin reducir el volumen de compra

Animal Político · 20 de octubre de 2026

Gobierno busca ahorrar 70 mil mdp en medicamentos sin reducir el volumen de compra

El gobierno federal prevé ahorrar cerca de 70 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2028 mediante adquisiciones directas a fabricantes y subastas competitivas, sin reducir el volumen de productos adquiridos, informó Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum de este martes, el funcionario también reportó pagos cercanos a 10 mil millones de pesos a proveedores, la detección de sobrecostos en contratos de distribución y nuevas medidas para impedir el desvío de medicamentos del sector público.

Clark explicó que la estrategia de compras permitió evitar gastos adicionales por alrededor de 45 mil millones de pesos en las adquisiciones de 2025 y 2026, además de otros 35 mil millones correspondientes a la compra en curso para 2027 y 2028.

Gobierno busca ahorrar 70 mil mdp en medicamentos sin reducir el volumen de compra
Foto: Presidencia

El volumen previsto para estos dos últimos años asciende a aproximadamente 6 mil millones de piezas, entre medicamentos e insumos que van desde tratamientos oncológicos hasta material de curación para hospitales y centros de salud.

“Casi 70 mil millones de pesos que hubiéramos tenido que gastar adicionalmente para poder comprar estos mismos insumos que hoy los médicos, las médicas, las enfermeras, enfermeros en todo el país pidieron para la compra del 27-28”, señaló.

El subsecretario sostuvo que la reducción de costos no implica disminuir las cantidades adquiridas, sino obtener los mismos productos a precios más bajos mediante cambios en los mecanismos de contratación. La estrategia consiste en privilegiar las compras directas a los fabricantes, promover subastas inversas para que los proveedores compitan por ofrecer mejores precios y excluir de futuras licitaciones a las empresas que incumplan con las entregas.

El funcionario indicó que el gobierno busca que las adquisiciones consideren no solo el precio y la calidad de los medicamentos, sino también la capacidad de los proveedores para garantizar el abasto. Las empresas que no hayan entregado los productos que les fueron adjudicados quedarán fuera de las compras correspondientes a 2027 y 2028.

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Transparencia en la plataforma pública

Como parte de esta política, el gobierno federal puso a disposición del público información sobre los medicamentos adquiridos, las cantidades, los proveedores, los costos y el cumplimiento de las entregas mediante la página compraconsolidada.salud.gob.mx.

Clark explicó que la plataforma permite consultar las compras de 2025 y 2026, así como las que están en proceso para los dos años siguientes. También incluye información sobre las empresas adjudicadas y los porcentajes de los productos que efectivamente han entregado.

Pagos pendientes a proveedores

Durante la ronda de preguntas, Clark informó que en el último mes el gobierno federal realizó pagos cercanos a 10 mil millones de pesos a proveedores de medicamentos, correspondientes a productos entregados durante los primeros meses de 2026 cuyos procedimientos de pago permanecían pendientes.

De acuerdo con el subsecretario, estos pagos redujeron a más de la mitad los procesos pendientes. Añadió que la instrucción es simplificar los trámites administrativos para liquidar la mayor parte de los adeudos restantes durante los últimos meses de 2026 y comenzar 2027 con la nueva proveeduría.

“Con eso estamos reduciendo a más de la mitad los procesos de pago pendientes que tenemos y esperamos por una instrucción que tenemos todos de simplificar los procesos de pago, poder concluir la gran mayoría de esos pagos pendientes que tenemos durante el resto del año para iniciar el 2027 con esta nueva proveeduría”, afirmó.

Ante la pregunta sobre si los adeudos podrían afectar las entregas de la nueva compra consolidada, Clark respondió que las empresas no tienen motivos para incumplir con los plazos establecidos, pues conocieron con anticipación los requerimientos del Estado mexicano.

Gobierno busca ahorrar 70 mil mdp en medicamentos sin reducir el volumen de compra
Foto: Presidencia

Planeación con anticipación y participación nacional

Explicó que la planeación de las adquisiciones para 2027 y 2028 comenzó en agosto de 2025, aproximadamente un año y medio antes de que los proveedores tuvieran que entregar los productos. Además, las empresas adjudicadas conocían desde meses antes las cantidades que debían fabricar y suministrar.

Según el funcionario, los primeros proveedores seleccionados conocieron sus adjudicaciones desde agosto de 2026, mientras que las primeras entregas deberán realizarse el 1 de enero de 2027. La anticipación, dijo, busca dar a las empresas tiempo suficiente para organizar su producción y regularizar los permisos de importación cuando sea necesario.

Clark detalló que el proceso incluyó más de 100 reuniones técnicas con especialistas en enfermedades crónicas, oncología y material de curación, así como personal de enfermería. En esos encuentros se definieron los insumos necesarios, se revisaron sus características y se calcularon las cantidades requeridas según la población atendida, el número de pacientes y las proyecciones epidemiológicas.

La compra también fue sometida a consulta pública con la industria y los proveedores durante dos meses y medio, periodo en el que se recibieron cerca de 5 mil comentarios que, según el subsecretario, fueron incorporados al proceso.

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El funcionario agregó que el esquema busca aumentar la participación de empresas con producción e inversiones en México, con el propósito de que las adquisiciones también contribuyan a generar empleos en el país.

Sobrecostos en contratos de distribución

Clark también informó que el gobierno detectó sobrecostos en contratos de distribución de medicamentos e insumos médicos, particularmente en un servicio contratado para el Estado de México, cuyo nombre no reveló porque se encuentra bajo investigación.

Explicó que entre 2022 y 2023 ese contrato ascendió a aproximadamente mil 700 millones de pesos. Tan solo en 2023, el monto fue de 872 millones de pesos. El acuerdo no se limitaba al traslado de medicamentos, sino que también contemplaba la operación de las farmacias de los hospitales públicos de la entidad por parte de una empresa privada.

El subsecretario señaló que este modelo fue sustituido después de realizar nuevas licitaciones y subastas. Como resultado, el costo anual del contrato se redujo 32%, mientras que la cantidad de medicamentos trasladados desde los almacenes hasta los centros de salud aumentó entre 30 y 40% cada mes.

Clark sostuvo que, al considerar tanto la reducción del costo como el incremento en las piezas distribuidas, el sobrecosto por medicamento en el esquema anterior podría superar 50 o 60%.

“Desafortunadamente hay todavía contratos de distribución que tenemos que nacionalizar y que estos sean operados por la red pública de distribución de medicamentos”, indicó.

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El funcionario precisó que los contratos pueden consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia y señaló que la revisión también comprende acuerdos adjudicados por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) durante 2025 y 2026.

Añadió que, desde la perspectiva del gobierno, los cambios en los mecanismos de compra y distribución han afectado intereses económicos relacionados con la adquisición de medicamentos. Por ello, defendió la publicación de información sobre los contratos, los precios y el cumplimiento de las empresas como una herramienta para verificar el uso de los recursos públicos.

Clark insistió en que el objetivo es mantener e incrementar el volumen de medicamentos e insumos disponibles, al tiempo que se reducen los costos de adquisición y distribución.

Controles contra el desvío y mercado negro

En otro momento de la conferencia, el subsecretario rechazó responsabilizar de manera general al personal médico y de enfermería por el desabasto de medicamentos en las instituciones públicas, luego de una pregunta sobre señalamientos difundidos en redes sociales que atribuyen la falta de insumos al robo de productos por parte de trabajadores de la salud.

“No, nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto”, respondió.

Clark reconoció que existen casos documentados y otros que requieren una investigación más detallada sobre el desvío de medicamentos desde hospitales y centros de salud hacia puntos de venta, incluso en las inmediaciones de las propias instituciones.

Para combatir esta práctica, explicó que el gobierno trabaja en dos líneas de acción. La primera consiste en hacer más visible que los medicamentos entregados gratuitamente en el sector público son propiedad del Estado y están destinados a garantizar el derecho a la salud de los pacientes.El funcionario indicó que se busca identificar de manera más clara los medicamentos gratuitos mediante leyendas o distintivos en sus empaques. De esa manera, los pacientes podrán reconocer que no deben pagar por ellos y la población podrá identificar productos sustraídos cuando se ofrezcan en tianguis o farmacias privadas.

Clark pidió que, cuando se detecten medicamentos con el distintivo del Gobierno de México que indica que son gratuitos, se denuncie su venta a través de redes sociales o ante las autoridades correspondientes.

La segunda medida consiste en avanzar en la transformación digital del sistema de salud para mejorar la trazabilidad de los medicamentos, desde su origen hasta su entrega a los pacientes.

El subsecretario explicó que el objetivo es conocer el lote al que pertenece cada producto, su procedencia y su destino. En el caso de los medicamentos de alto costo, el sistema permitiría identificar incluso a qué paciente se entregó cada caja y establecer por qué un producto se encuentra fuera de un hospital público.

Clark señaló que esta capacidad de seguimiento busca reducir los espacios para el desvío y facilitar la identificación de irregularidades. No obstante, reiteró que los casos detectados no permiten atribuir de manera general estas prácticas al personal médico y de enfermería.