Regularización de tierras en Quintana Roo: décadas de retos y rezago

La regularización de la tierra en Quintana Roo se consolida como un desafío estructural complejo. Detrás de cada colonia irregular convergen disputas de copropiedad por ejidatarios fallecidos, esquemas de triples ventas motivados por la duplicidad de títulos de propiedad y vacíos en la capacitación jurídica de los servidores públicos responsables de atender la problemática, advirtió el diputado local Hugo Alday.

El legislador recordó que durante la administración 2018-2021, al desempeñarse como secretario ejecutivo del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), elaboró un informe, análisis y diagnóstico integral de los asentamientos humanos en el municipio, identificando tres escenarios de contexto y conflicto para lograr la certeza jurídica.

El primer escenario abarca los convenios impulsados con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), organismo público federal responsable de regularizar la tenencia de la tierra y ofrecer alternativas de suelo legal a familias de bajos ingresos.

El diputado precisó que los asentamientos orientados a la regularización mediante esta vía corresponden a predios donde existieron compraventas irregulares por parte de ejidatarios o titulares de uso común, señalando que, en diversos casos, se trató de invasiones pactadas o negociadas.

El papel del INSUS y la opacidad delegacional

Pese a establecerse enlace con las oficinas centrales del INSUS, desde donde el área de Participación Ciudadana remitió la atención a la representación en Chetumal, la delegación estatal de la dependencia se negó a transparentar la información relativa al número de colonias en proceso y al estado que guardan los expedientes.

El mecanismo formal ante el INSUS exige que el ejidatario suscriba un mandato de enajenación para transferir y gestionar la escrituración en favor de los posesionarios. En esta dinámica interviene el Municipio de Benito Juárez asignando claves catastrales, para que posteriormente el INSUS formalice la donación en representación de los núcleos ejidales.

Acuerdos con el Ejido Alfredo V. Bonfil

Respecto a los convenios en el Ejido Alfredo V. Bonfil, el legislador local detalló que en su mayoría derivan de ocupaciones no autorizadas o acuerdos sobre tierras ya tituladas, ámbito en el cual las autoridades gubernamentales históricamente han carecido de mecanismos de control directo.

El procedimiento normativo exige que el núcleo ejidal celebre asambleas de formalidades especiales con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria, cediendo las vialidades al Ayuntamiento para que el ejidatario asuma la individualización técnica de los lotes.

Al respecto, José Cruz García, ejidatario en los asentamientos El Pedregal y El Milagro, prefirió abstenerse de profundizar en el trámite específico impulsado ante el INSUS, aunque externó: “Yo quiero que mis colonias ya tengan la regularización para que nos vaya bien a todos, estamos en eso y estamos dispuestos a ayudar”.

Propiedades particulares y reservas de dominio

En el ámbito de la propiedad privada, las problemáticas se originan por invasiones o ventas parciales en terrenos cuyos procesos de subdivisión no concluyeron formalmente. En estos casos, la competencia directa recae en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Esta vía presenta una mayor dilación administrativa, puesto que propietarios y posesionarios deben solventar ante la autoridad municipal más de cinco requisitos técnicos y fiscales, entre los que destacan el pago del impuesto predial, la cesión reglamentaria de áreas de donación y vialidades, y la incorporación al esquema de municipalización para la prestación de servicios públicos.

Dicho trámite culmina obligatoriamente con la aprobación del Cabildo, instancia que debe convalidar la incorporación de los predios donados al patrimonio municipal.

Aunado a ello, el legislador advirtió sobre la imposibilidad de conciliar negociaciones en asentamientos ubicados dentro de reservas ecológicas bajo protección de los tres órdenes de gobierno, así como en invasiones registradas en terrenos patrimoniales del Estado, el Municipio o la Federación.

Frente a tres décadas de rezago y crecimiento desordenado, Hugo Alday enfatizó que la problemática exige perfiles técnicos con solidez jurídica en la administración pública. A su juicio, la expropiación por causa de utilidad pública se perfila como la alternativa jurídica idónea para reordenar la tenencia de la tierra en la entidad.

Voces ciudadanas: el testimonio de las comunidades afectadas

Arturo Contreras Uribe, representante social de las colonias El Pedregal y El Milagro, señaló que han transcurrido 30 años desde la fundación de estos núcleos urbanos. A pesar de que las familias adquirieron sus lotes legítimamente de buena fe con los ejidatarios, la zona se vio rebasada por invasiones incontrolables y por la falta de asistencia legal durante más de una década, contexto en el que la atención pública quedaba supeditada a promesas en periodos electorales.

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Ante el desinterés prolongado de las instancias locales y de los propios núcleos ejidales, la representación comunitaria escaló sus gestiones ante comisiones del Congreso de la Unión para atraer la intervención del Gobierno Federal.

“Sólo así voltearon a vernos: siempre debemos de buscar a la Federación para que volteen a vernos. Hoy el INSUS está en la mejor disposición y también el ejidatario, pero seguimos a la espera. Debo reconocer que este gobierno estatal y municipal sí han tenido la voluntad de darle seguimiento, pero la solución definitiva aún no llega”, puntualizó Contreras Uribe.