Joana Maldonado · 22 de octubre de 2026
Cancún.- A pesar de que los códigos civiles de México y de Quintana Roo reconocen y regulan el concubinato, su acreditación aún representa un desafío para las parejas del mismo sexo. Nohamy Hermida Nieves, directora de Atención a la Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Benito Juárez, precisó que este tema suele pasar desapercibido por las parejas, hasta que surge un impedimento legal para formalizar algún trámite.
Desde el 27 de noviembre de 2007, el Código Civil de Quintana Roo incorpora el artículo 825 Bis que reconoce el concubinato como la unión entre hombre y mujer con derechos y obligaciones recíprocas, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio -que no sean casadas con otras personas-, permanezcan viviendo en común por un periodo mínimo de dos años, y reconociendo a partir de ello derechos y obligaciones.
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Este artículo fue reformado en 2021 para definirlo como la unión de dos personas, eliminando el término “hombre y mujer” que resultaba discriminatorio para personas del mismo sexo, bajo las mismas condicionantes de que la unión sea “constante y permanente por un periodo mínimo de dos años”.
Nohamy Hermida Nieves aseguró que la figura legal se vuelve un conflicto, principalmente para las parejas que no pueden hacer pública su relación debido a su entorno social y familiar o bien, prejuicios religiosos y que les imposibilita llegar a un matrimonio.
Para la titular de esta Dirección de nueva creación dentro de la estructura municipal, el desconocimiento del marco legal impide a la Comunidad acceder a derechos de concubinato.
“Muchas parejas se ven en la obligación de mantener su relación en privado, con círculos muy reducidos y eso lo hace no ser tan visible y al no serlo, parece que no tienen derechos o no tienen información o no piensan que les va a pasar”, precisó.
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Agregó que esta figura de concubinato es útil principalmente cuando uno de los integrantes fallece y se hace muy útil en una pareja homoparental, pues es recurrente que la familia reclame propiedades u otros beneficios.
Sostuvo que incluso cuando ya existe un marco legal más amplio en materia de derechos y justicia social para este grupo vulnerable, lo cierto es que en esta materia aún hace falta trabajar más para ofrecer información a la comunidad.
“Cuando ya hay una situación de necesidad, es cuando se empiezan a acercar, es necesario que se conozcan los derechos en perspectiva dentro de la comunidad y todos los acrónimos para que ellos puedan entablar una lucha o sepan cuáles son sus derechos”, sostuvo.
También consideró que esta campaña de información debe integrar un programa de sensibilización de servidores públicos a hacer bien su trabajo y a atender a la ciudadanía sin prejuicios morales o religiosos
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