Caso Lydia Cacho: Anuncian audiencia clave en Quintana Roo contra Mario Marín
Haidé Serrano · 19 de octubre de 2026
Este martes 20 de octubre se llevará a cabo en Quintana Roo la audiencia de vista en el proceso penal contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, por la probable comisión del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho. El desahogo de esta audiencia dará paso a la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria contra uno de los principales autores intelectuales señalados por las agresiones cometidas hace más de dos décadas.
La periodista Lydia Cacho, la organización Artículo 19, así como decenas de medios, colectivos y más de 300 firmantes de la sociedad civil, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a la opinión pública para dar seguimiento al caso. A través de un comunicado, la organización alerta que lo que se resuelva definirá si en México los poderes político y privado pueden seguir violentando y torturando a periodistas con impunidad, por lo que exigieron un fallo con estricto apego al debido proceso y con sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.
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— Animal Político Quintana Roo (@AP_QuintanaRoo) October 20, 2026
El caso se remonta al 16 de diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida de manera arbitraria en Cancún y trasladada por vía terrestre hacia Puebla en un trayecto de más de 20 horas. A lo largo del trayecto, la periodista sufrió amenazas de muerte, incomunicación, violencia sexual y tortura física y psicológica.
Esta agresión fue realizada como represalia directa por la publicación de su libro Los demonios del Edén, investigación periodística en la que expuso redes de explotación sexual infantil en las que se vinculaba a influyentes empresarios y autoridades mexicanas.
Dictamen internacional y la violencia que forzó el exilio
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el Estado mexicano violó los derechos humanos de Lydia Cacho, exigiendo la sanción a los responsables y la reparación integral del daño.
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A pesar de que en 2019 el Estado mexicano ofreció una disculpa pública, las agresiones no cesaron. Ese mismo año, sujetos armados allanaron la vivienda de la periodista, envenenaron a sus mascotas y robaron material periodístico sensible, hechos que obligaron a Lydia Cacho a salir del país. Desde el exilio, la comunicadora ha continuado recibiendo amenazas digitales y sigue sin contar con garantías mínimas para un retorno digno.
Un patrón constante de retrocesos judiciales
A lo largo de los años, las determinaciones del Poder Judicial han favorecido la impunidad o impuesto penas reducidas a los involucrados:
—27 de julio de 2021: El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún concedió un amparo al empresario Kamel Nacif Borge, librándolo de responsabilidad penal por el delito de tortura entre señalamientos de presunta corrupción.
—Agosto de 2024: Hugo Karam Beltrán, procesado por tortura, salió de prisión tras conseguir un cambio de medidas cautelares mediante un amparo, manteniendo su proceso penal fuera de la cárcel.
—Julio de 2025: El mismo Tercer Tribunal Colegiado exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces Procuraduría de Puebla, revocando la pena de 7 años y 6 meses de prisión que se le había fijado.
—14 de octubre de 2026: El excomandante Alejandro Rocha Laureano fue puesto en libertad tras considerarse compurgada en exceso su condena de 5 años y 6 meses de prisión debido al tiempo que pasó recluido desde 2018.
De cara a la audiencia de este 20 de octubre, la defensa legal y las organizaciones firmantes demandan:
—Imparcialidad e independencia judicial: Un proceso conducido conforme a los estándares internacionales fijados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
—Sentencia proporcional: Una pena adecuada que reconozca la agresión contra la libertad de prensa y cumpla con la Convención contra la Tortura.
—Garantías de seguridad y retorno digno: Cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a Lydia Cacho y a su familia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 10 de agosto de 2009.