Alfredo Maza · 25 de marzo de 2026
Esta mañana, víctimas y más de 600 firmantes presentaron una solicitud formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que realice una audiencia pública sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa, mejor conocida como prisión automática, previo a resolver diversos asuntos que el máximo tribunal tiene pendientes sobre este tema.
El documento, dirigido al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, fue promovido por Daniel García Rodríguez, Reyes Alpízar Ortiz y el abogado Simón Alejandro Hernández León, quienes entregaron la petición respaldada por personas, organizaciones y colectivos de la sociedad civil.
El objetivo de la solicitud es abrir un foro amplio de discusión antes de que el Pleno de la Corte resuelva los expedientes de cumplimiento de las sentencias internacionales de los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez y otro vs. México.
En dichas resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado mexicano por las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, tras considerar que ambas figuras son violatorias de derechos humanos y tratados internacionales.

En su escrito, las víctimas y organizaciones señalan los recientes cambios en el Poder Judicial de la Federación, tras la implementación de la reforma judicial, para solicitar la apertura de este espacio de debate público.
“Ustedes ―ministros elegidos por voto popular― han manifestado en diversas ocasiones su intención de conformar un poder cercano a la gente y, de esta manera, cerrar ‘la brecha entre la justicia y las personas”, señala el documento.
Entre los firmantes que respaldan la solicitud se encuentran personas que fueron privadas de su libertad de manera arbitraria, como Brenda Quevedo, víctima del conocido Caso Wallace; Israel Vallarta, detenido por el Caso Cassez, y Antonio Zúñiga.
Así, las víctimas destacan que la audiencia pública permitiría a los ministros escuchar los testimonios de las víctimas, recordando que algunas de las víctimas firmantes enfrentaron “17 años y medio en prisión preventiva”, una experiencia que, señalan, “es representativa de las condiciones en que actualmente viven más de 43 mil personas que están en prisión sin sentencia bajo esta medida”.
También se sumaron instituciones académicas como el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez” del ITESO y la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, además de asociaciones como el Colegio Nacional de Abogados Democráticos y colectivos de familiares como “Mamá No Se Rinde” y “Juntos por la Libertad”.

A través de un comunicado conjunto, la Red Década contra la Impunidad y el Colectivo Pena Sin Culpa hicieron un llamado a la SCJN para atender este tema de manera prioritaria, “colocando al centro los derechos humanos para dar cumplimiento pleno y efectivo a las sentencias de la Corte Interamericana”.
La petición también busca dar voz a universidades, colegios de abogados, personas expertas y familiares de las más de 40 mil personas encarceladas bajo esta figura.
En diciembre pasado, Animal Político dio a conocer que en tan solo 13 meses de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum rompió el récord histórico de presos en México, al sumar un total de 256 mil 557 personas privadas de su libertad, la mayoría bajo la figura de prisión preventiva oficiosa.
Por este motivo, en su escrito los firmantes también recordaron a la Suprema Corte que “el Estado mantiene con la ciudadanía una deuda histórica en materia de justicia, que requiere atención urgente: el respeto al derecho humano fundamental de la LIBERTAD, así como al principio en el cual se manifiesta plenamente, la presunción de inocencia”.