Alexis Ortiz · 12 de noviembre de 2026
Desde 2021, antes de que estallara el actual escándalo de corrupción en la cúpula del INE , un testigo social, que participaba como observador en licitaciones, ya había encendido las alertas sobre las contrataciones. En informes oficiales, alertó sobre la falta de planeación y la ausencia de investigaciones de mercado en dos procedimientos en los que una empresa ligada a José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor que acaparó la venta de materiales electorales en el país, obtuvo un contrato de hasta 3.9 millones de pesos.
Años después, en 2023, otro testigo social que participó como observador en licitaciones del Instituto Electoral del Estado de México, reportó una posible falta de capacidad de algunas empresas de Hernández Casillas para fabricar materiales electorales, por lo que ese organismo declaró desiertos los procedimientos de contratación.
Hernández Casillas está bajo la lupa porque desde el 2014;, empresas vinculadas a él acapararon la proveeduría de material electoral para las elecciones del país. Según el gobierno federal, el empresario y sus compañías obtuvieron, mediante simulación de competencia y precios inflados, contratos de más de 2 mil millones de pesos con el INE y 23 organismos electorales locales.

El escándalo creció aún más porque Latinus reveló que Hernández Casillas presuntamente estaba coludido con Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, quien renunció el pasado 25 de octubre. Según videos que el medio de comunicación difundió, al mismo tiempo que él recibía contratos millonarios del organismo electoral, aparentemente se repartía las ganancias con la exfuncionaria.
Más allá de la conexión entre Hernández Casillas y Taddei, documentos públicos en poder de Animal Político muestran ahora que, desde antes de que ella fuera la consejera presidenta del INE -llegó al cargo en abril de 2023-, un testigo social ya había alertado en 2021 por deficiencias en la planeación y realización de un par de licitaciones en las que una empresa ligada a Hernández Casillas obtuvo un contrato de hasta 3.9 millones de pesos.
Alejandro Frank Díaz, testigo social, advirtió en dos informes que las licitaciones LP-INE-067/2020 y LP-INE-072/2020 se hicieron con poca planeación y se basaron en una misma investigación de mercado. Según el observador ciudadano, el hecho de que el INE no hizo una investigación independiente para cada procedimiento provocó que pocas empresas presentaran ofertas para proveer los materiales de las elecciones federales del 2021.
Corporativo ZEG S.A. de C.V. y Grummec Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales S.A. de C.V., ambas pertenecientes a la red de Hernández Casillas, participaron en estas dos licitaciones al mismo tiempo. La segunda compañía fue la que logró quedarse con un contrato de 3.9 millones de pesos.
A través de la licitación LP-INE-067/2020, Grummec obtuvo un contrato para proveer cintas de seguridad, etiquetas de braille, etiquetas para urnas, etiquetas para separadores de canceles electorales, etiquetas para mamparas y forros para urnas para las elecciones del 2021.
Aunque el testigo Frank Díaz concluyó que las licitaciones se hicieron conforme a la ley, en su informe con propuestas de mejora de licitaciones señaló que “no resulta conveniente reunir en una sola investigación de mercado, adquisiciones disímbolas que constituyen procesos distintos. Teóricamente, debían de haber existido dos investigaciones de mercado lo cual hubiese enriquecido la participación de mayor número de licitantes”.
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Las investigaciones de mercado en los procesos de licitación son un punto clave en el caso de corrupción electoral. Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, dijo el pasado 30 de octubre que estos estudios “posiblemente se manipulaban” para beneficiar a un pequeño grupo de empresas que monopolizó la venta de materiales electorales.
Por otra parte, la participación de testigos sociales como Frank Díaz en los procesos de contratación pública ayuda a detectar posibles riesgos de corrupción. Su papel puede ser tan relevante que incluso el Consejo General del INE acordó la semana pasada que, de forma objetiva e imparcial, estos observadores acompañen las contrataciones que se tengan que hacer para las elecciones del 2027. De esa forma se busca evitar más casos de corrupción como los relacionados con Guadalupe Taddei y su contratista.

Además de la falta de investigación de mercado, Frank Díaz señaló que como parte de la licitación LP-INE-067/2020 la empresa Grummec proporcionó documentos para acreditar la calidad de las características de sus materiales. A pesar de eso, el testigo social no encontró que esos papeles garantizaran que la compañía cumplía con las normas oficiales oficiales mexicanas que se exigían en la convocatoria.
El testigo social señaló que los documentos proporcionados por Grummec “contienen certificaciones de calidad y características de materiales, emitidas por empresas nacionales y extranjeras pero que no indican expresamente el cumplimiento de las Normas solicitadas en la Convocatoria”.
El informe de Frank Díaz no proporciona más información sobre los materiales y las normas oficiales que generaron estas dudas. Él mismo tampoco recibió más información del INE para aclarar el tema, por lo que en su informe concluyó que “por tratarse de un asunto meramente técnico, queda entendido que la valoración efectuada, es de la estricta y total responsabilidad del área técnica requirente”.
Fue a través de la licitación LP-INE-067/2020 que Grummec obtuvo un contrato de 3.9 millones de pesos con el INE para las elecciones del 2021.
En 2023, empresas vinculadas a Hernández Casillas participaron en una licitación organizada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para proveer materiales para las elecciones de diputados y ayuntamientos del 2024, sin embargo, el organismo electoral declaró desierto el proceso al detectar que las compañías no tenían la capacidad de fabricar los materiales requeridos.
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Elio Agustín Martínez Miranda fue el testigo social que acompañó la licitación número IIEM/LPN/14/2023, en la que participaron cuatro compañías vinculadas a Hernández Casillas: Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.; Corporativo ZEG S.A. de C.V.; Cajas Graf S.A. de C.V., y Grummec Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales S.A. de C.V.
De estas cuatro empresas, solo las empresas Cajas Graf y Formas Finas y Materiales fueron consideradas en un inicio por el IEEM para adjudicarles el contrato, pero cuando los funcionarios del organismo electoral visitaron las instalaciones de las empresas se dieron cuenta de que no tenían la capacidad de fabricar los materiales requeridos para las elecciones del 2024.
Según el relato del testigo social, en la visita a las instalaciones de ambas empresas los funcionarios del IEEM se dieron cuenta de que “la capacidad productiva instalada no fue posible verificarla al 100%, debido a que no se encontraban o no estaban habilitados todos los equipos que se pretenden utilizar para la producción solicitada y que fueron manifestados como parte del inciso d) de la propuesta técnica”.
Por ejemplo, en sus instalaciones, la compañía Formas Finas y Materiales solo contaba con tres de las seis suajadoras que dijo tener para cortar, marcar, doblar o perforar con precisión los materiales electorales que pretendía fabricar.
De igual forma, no contaba con áreas de desechos; el área donde se armarían las patas de los canceles electorales no estaba totalmente instalada,; al momento de la visita no fue posible verificar la producción de materiales porque no se llevaba a cabo ninguna actividad relacionada a lo que se requería en la convocatoria; y tampoco se pudo verificar la producción de materiales que se hacen de forma artesanal.
Algo parecido ocurrió cuando los funcionarios del IEEM visitaron las instalaciones de Cajas Graf: solo contaba con tres de las cuatro máquinas impresoras que dijo tener para generar los materiales electorales requeridos.
Los funcionarios también identificaron que las áreas de transformación del metal, acabados finales y bodega de producto terminado no estaban habilitadas; no se identificaron con claridad la señalización de áreas de trabajo en el piso, y no se pudieron verificar procesos de producción que se hacen de forma artesanal.
Ante estas inconsistencias, el IEEM optó por declarar desierta la licitación IIEM/LPN/14/2023.