No hay plazo para extradición de EU contra Rocha: Sheinbaum; no tiene escolta federal, dice Harfuch
Redacción Animal Político · 16 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista un plazo para resolver la solicitud de detención urgente con fines de extradición promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y sostuvo que México puede rechazarla si no se presentan pruebas suficientes.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que Rocha Moya no cuenta con escoltas del gobierno federal ni ha solicitado medidas de protección a las autoridades federales.
Las declaraciones fueron realizadas este martes durante la conferencia matutina encabezada por la mandataria federal.
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No es un juicio formal de extradición
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el próximo 27 de junio venciera un supuesto plazo de 60 días para que Estados Unidos entregara documentación relacionada con la solicitud de detención de Rocha Moya, Sheinbaum negó que exista una fecha límite en este procedimiento.
“No hay plazo. No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, respondió.
La presidenta explicó que la petición presentada corresponde a una solicitud de detención urgente con fines de extradición y no a un procedimiento formal de extradición. Añadió que, hasta ahora, las autoridades mexicanas consideran que no se han aportado elementos suficientes para justificar la medida.
“Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas pruebas”, señaló.
Indicó que, aun en caso de que la solicitud fuera rechazada, la oficina estadounidense que promovió el requerimiento podría optar posteriormente por iniciar un procedimiento formal de extradición.
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SRE y FGR revisaron la documentación
Explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores revisó la documentación enviada y concluyó que no existían pruebas suficientes, por lo que solicitó la opinión de la Fiscalía General de la República. Señaló que la fiscalía coincidió en que los elementos presentados no eran suficientes, aunque abrió sus propias carpetas de investigación.
La mandataria afirmó que este tipo de procedimientos también ha ocurrido en solicitudes formuladas por México ante autoridades estadounidenses y que la exigencia de pruebas forma parte de los mecanismos habituales de cooperación judicial.
“Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente independientemente de la investigación que lleve a cabo la fiscalía”, afirmó.
Ante la insistencia de la prensa sobre la posibilidad de que el gobierno mexicano negara la petición, respondió: “Sí, totalmente. Si no hay pruebas, el gobierno dice no”.
Sheinbaum agregó que, en caso de que ello ocurriera, Estados Unidos podría promover formalmente un juicio de extradición, procedimiento que también requeriría la presentación de evidencias.
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Acusación contra funcionarios de Sinaloa
El pasado 29 de abril el gobierno estadounidense hizo pública la acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes se atribuyen diversos delitos relacionados con narcotráfico, armas y, en uno de los casos, homicidio.
Entre los señalados se encuentra Rubén Rocha Moya, quien se convirtió en el primer gobernador estatal en funciones acusado por autoridades estadounidenses. Tras hacerse pública la acusación, solicitó licencia temporal al cargo el 1 de mayo y fue sustituido por Yeraldine Bonilla Valverde.
De acuerdo con el expediente estadounidense, Rocha Moya habría favorecido el nombramiento de perfiles presuntamente vinculados con Los Chapitos y facilitado condiciones de impunidad para sus operaciones. Paralelamente, el gobierno mexicano inició investigaciones propias y el mandatario con licencia compareció el 26 de mayo ante la Fiscalía General de la República en calidad de testigo.
La acusación también involucra al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; al exdirector de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés; al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez; al extitular de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; al exdirector de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez; al exsubdirector de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y al excomandante municipal Juan Valenzuela Millán.
Niega Harfuch protección federal
Sobre la situación de Rocha Moya, García Harfuch fue cuestionado acerca de versiones relacionadas con presuntas medidas de protección otorgadas por el gobierno federal.
“Él no solicitó medidas de protección ni el gabinete de seguridad le proporcionó”, respondió.
El secretario indicó que la escolta que acompaña al gobernador con licencia no pertenece a instituciones federales de seguridad y atribuyó su presencia a corporaciones estatales.
“La escolta que él tiene no es del gobierno federal. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía”, señaló.
Ningún acusado tiene escoltas federales
Añadió que tampoco los demás funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados en la acusación estadounidense cuentan con protección de dependencias federales.
“El exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del gabinete de seguridad. De los demás exfuncionarios también, ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de FGR, ni se acercaron a pedirla. Tampoco nadie ha solicitado”, afirmó.