Redacción Animal Político · 24 de abril de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que entre las primeras tareas de Luisa María Alcalde dentro de la Consejería Jurídica estará el analizar la posibilidad de posponer la elección judicial al 2028.
“Ahora que se integre Luisa María a la Consejería Jurídica, tiene esa tarea. Luisa María participó mucho en la reforma al Poder Judicial, entonces ella conoce los detalles. Incluso estamos evaluando si se pasa al 28, si hay algunos cambios adicionales que tuviera que tener para mejorar”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que para posponer la elección tendría que haber un cambio constitucional, por lo que esperará al análisis que elabore Alcalde para decidir si el Ejecutivo envía una iniciativa de reforma.
“Por lo pronto, la elección es el 27. Y ya con la valoración que encabece Luisa María, pues ya si consideramos que desde el Ejecutivo hay que hacer una modificación, pues ya se enviaría”, sentenció.
Finalmente, la mandataria defendió que se le hagan modificaciones a la reforma que dio pie a la elección judicial, argumentando que “siempre es mejorable cualquier reforma” siempre y cuando “se haga si es necesario”.
Esta semana, legisladores de Morena en la Cámara de Diputados publicaron en la Gaceta Parlamentaria para posponer la elección judicial y realizar modificaciones al proceso de selección de candidaturas.
Entre los cambios, se plantea eliminar requisitos que consideran insuficientes, como los promedios académicos mínimos o las cartas de recomendación. En su lugar, se establecería como exigencia constitucional indispensable que los aspirantes cuenten con una certificación de competencias vigente emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Asimismo, se endurecen los requisitos de experiencia para quienes busquen llegar al máximo tribunal del país. La propuesta plantea que “para cinco de las nueve personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los diez años mínimos de práctica profesional requeridos en el ejercicio de la actividad jurídica, cinco años deberán ser dentro del Poder Judicial. Para las otras cuatro personas ministras, no será necesaria la experiencia judicial previa”.
Al respecto, la presidenta se limitó a decir el pasado 22 de abril que la propuesta se encontraba bajo análisis y reveló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya había sostenido reuniones con el Instituto Nacional Electoral para evaluar la situación. Además, explicó que la postergación estaría ligada al tema presupuestario.