"Estamos analizando", dice Sheinbaum sobre propuesta de Morena para posponer elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aún se encuentra bajo análisis la propuesta del partido Morena para posponer la próxima elección judicial hasta el año 2028.

Al ser cuestionada sobre su respaldo a esta iniciativa, la mandataria explicó que la posible postergación está directamente relacionada con el tema de los recursos.

Asimismo, reveló que la Secretaría de Gobernación ya ha sostenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral (INE) para evaluar la situación.

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Sheinbaum adelantó, en caso de que se decida avanzar con esta medida y retrasar el proceso electoral del Poder Judicial, sería necesario llevar a cabo una reforma constitucional para que esto sea posible.

Las declaraciones de la mandataria ocurren ante la propuesta de legisladores de posponer la elección de personas juzgadoras hasta el 2028 y no en 2027. Además, se suman a la posibilidad planteada en Palacio Nacional en febrero pasado cuando dijo que se estaba evaluando modificar las fechas.

“Todavía estamos revisando. Es una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 28, que lo enviemos como propuesta a definición del Congreso”, dijo la mandataria en conferencia matutina.

La propuesta de Morena para aplazar la elección judicial

La iniciativa impulsada por Morena fue publicada formalmente el 21 de abril en la Gaceta Parlamentaria. El documento plantea recorrer la próxima elección de juzgadores, inicialmente vinculada al calendario ordinario de 2027, para que se realice hasta el primer domingo de junio de 2028.

Según la exposición de motivos, la concurrencia de estas votaciones con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales como la saturación informativa para el electorado, el incremento del voto desinformado, la politización de las candidaturas y una fuerte presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral.

Más allá del aplazamiento temporal, el proyecto de decreto busca reestructurar los filtros de selección para fortalecer la calidad técnica de la función jurisdiccional. La reforma propone eliminar requisitos que consideran insuficientes, como los promedios académicos mínimos o las cartas de recomendación.

En su lugar, se establecería como exigencia constitucional indispensable que los aspirantes cuenten con una certificación de competencias vigente emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Asimismo, se endurecen los requisitos de experiencia para quienes busquen llegar al máximo tribunal del país. La propuesta plantea que “para cinco de las nueve personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los diez años mínimos de práctica profesional requeridos en el ejercicio de la actividad jurídica, cinco años deberán ser dentro del Poder Judicial. Para las otras cuatro personas ministras, no será necesaria la experiencia judicial previa”.

Para el proceso de depuración de candidaturas, la propuesta contempla la eliminación de los comités de evaluación individuales que actualmente tiene cada uno de los Poderes de la Unión.

El nuevo modelo instauraría un Comité Único de Evaluación, integrado por nueve personas designadas equitativamente por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Este nuevo órgano será el responsable de valorar la idoneidad de los aspirantes tomando en cuenta su trayectoria y buena fama pública, pero principalmente mediante la aplicación de exámenes de conocimientos técnicos y la realización de entrevistas.

Respecto a la propuesta, la diputada Olga Sánchez Cordero se pronunció a favor de postergar el proceso para elegir a los integrantes del Poder Judicial, argumentando la gran carga de comicios que ya se tienen contemplados para el siguiente año.

En declaraciones a los medios, la legisladora señaló que la atención ciudadana está en la elección de múltiples presidencias municipales, así como en la renovación de los congresos locales y las gubernaturas.

Ante la saturación de este panorama electoral, Sánchez Cordero dijo: “creo yo que es conveniente que la elección de jueces y magistrados se haga un año después”, a fin de separar este ejercicio del resto de las votaciones.

En marzo, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió que la próxima elección judicial se recorra a junio de 2028 y no se haga junto con la elección federal de 2027.

En un comunicado, el legislador argumentó que juntar ambos procesos podría meter la elección de jueces, magistrados y ministros en la misma lógica de la disputa entre partidos.

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Su planteamiento partió de que en 2027 se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y un gran número de ayuntamientos, en lo que sería uno de los procesos electorales más grandes de los últimos años.

A su juicio, hacer coincidir esa jornada con la elección judicial generaría demasiada presión política y podría desviar la atención de los perfiles y trayectorias de quienes busquen un cargo en el Poder Judicial.

Ramírez Cuéllar sostuvo que la elección judicial no debe organizarse igual que una elección de partidos, porque en un caso se elige a personas que van a impartir justicia y en el otro compiten fuerzas políticas por cargos de poder.