Animal Político · 7 de octubre de 2026
El Senado aprobó este miércoles, por unanimidad, una reforma a la Ley General de Turismo que obliga a los prestadores de servicios turísticos a aplicar protocolos preventivos para detectar posibles delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, incluidos casos de explotación y abuso sexual, así como a verificar, antes de prestar un servicio, la relación jurídica o la mayoría de edad de las personas adultas que los acompañen.
La reforma establece que los prestadores de servicios turísticos deberán aplicar los protocolos y acciones preventivas definidos por las autoridades competentes para detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez.
La votación en lo general y en lo particular se realizó de manera simultánea debido a que el dictamen únicamente reforma un artículo —adicionando las fracciones X Bis y X Ter al artículo 58 de la Ley General de Turismo— y no se presentaron reservas.

La reforma, que previamente había sido avalada por la Cámara de Diputados, pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación.
La modificación a la Ley General de Turismo obliga a los prestadores de servicios a adoptar medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y la vida de niñas, niños y adolescentes antes de proporcionar un servicio, ya sea de manera física o mediante medios electrónicos.
Para ello, cuando una persona adulta solicite un servicio turístico acompañada de una persona menor de edad, deberá acreditar mediante documentos oficiales el parentesco, la patria potestad, tutela, guarda y custodia que tenga con ella o, en su caso, demostrar su mayoría de edad.
Cuando no se acredite alguno de estos supuestos, el prestador del servicio deberá negarlo y dar aviso a las autoridades investigadoras correspondientes ante la posible comisión de un delito.
Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Turismo, el senador Francisco Alejandro Carrillo Flores sostuvo que proteger a niñas, niños y adolescentes requiere establecer responsabilidades concretas para quienes participan en la actividad turística.
Explicó que las nuevas obligaciones contemplan dos medidas principales: la aplicación de protocolos y acciones preventivas definidos por las autoridades competentes, y la adopción de medidas de protección antes de prestar los servicios.
El senador señaló que estas medidas incluyen solicitar documentación oficial para acreditar la relación entre la persona adulta y la persona menor de edad que la acompaña.
También mencionó acciones que se han impulsado en Quintana Roo para prevenir la trata de personas y la explotación infantil, así como la participación de hoteles, agencias, organizaciones y prestadores de servicios en labores de capacitación y prevención.

La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, señaló que el turismo representa una fuente de recursos, empleos y oportunidades para el país, pero también puede ser utilizado para cometer delitos contra niñas, niños y adolescentes.
Durante su intervención, sostuvo que las plataformas digitales han incrementado los riesgos y señaló que los establecimientos y prestadores de servicios turísticos deben participar en la prevención.
Barrales también cuestionó el tiempo que tomó al Senado discutir la minuta. Recordó que la Cámara de Diputados la aprobó el 29 de abril de 2025 y que las comisiones dictaminadoras del Senado aprobaron el dictamen en octubre de ese mismo año.
La senadora señaló que organismos como Amnistía Internacional habían advertido sobre los riesgos para las infancias si no se establecían medidas de prevención, particularmente antes del Mundial de Futbol celebrado hace poco en México.
Aun con sus señalamientos sobre el retraso legislativo, Barrales consideró positiva la aprobación de la reforma porque establece obligaciones específicas para los prestadores de servicios turísticos.
“Esto quiere decir que los prestadores de servicios turísticos deberán realizar acciones concretas para atajar el turismo sexual infantil, para proteger a nuestras infancias”, afirmó.
La senadora sostuvo que la modificación representa un avance, aunque señaló que todavía existen pendientes relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes, entre ellos la cobertura educativa y el combate a la impunidad en los delitos cometidos contra este sector de la población.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, señaló que hoteles, medios de transporte, plataformas digitales y otros servicios turísticos pueden ser utilizados para cometer delitos contra niñas, niños y adolescentes.
Consideró que quienes trabajan en el sector pueden convertirse en una primera línea de protección al identificar situaciones irregulares, reconocer señales de alerta y dar aviso a las autoridades.
“La protección de la niñez no puede depender de la casualidad ni de que alguien decida actuar de buena voluntad. Necesitamos reglas claras, responsabilidades definidas y capacidad para reaccionar ante cualquier señal de riesgo”, afirmó.

Bañuelos destacó que el dictamen convierte esa responsabilidad en una obligación legal y establece que los prestadores deberán aplicar protocolos y acciones preventivas para detectar posibles delitos contra personas menores de edad, bajo el principio del interés superior de la niñez.
También señaló la obligación de verificar la relación jurídica cuando una persona adulta pretenda acceder a un servicio turístico acompañada de una persona menor de edad.
Si no puede acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela, guarda o custodia correspondiente, el servicio deberá ser negado y se deberá dar aviso a las autoridades investigadoras ante la posible comisión de un delito.
La senadora sostuvo que la reforma busca que las situaciones de riesgo sean atendidas antes de que se concrete una agresión.
“No basta con castigar a quienes lastiman a nuestra niñez. Tenemos que impedir que encuentren espacios para hacerlo”, afirmó.

La senadora Laura Esquivel Torres, del PAN, sostuvo que la reforma busca cerrar espacios que pueden ser utilizados por redes dedicadas a la explotación de niñas, niños y adolescentes.
Esquivel señaló que los establecimientos turísticos deben participar en la protección de niñas, niños y adolescentes y sostuvo que quienes cometen delitos sexuales contra ellos no necesariamente presentan características que permitan identificarlos por su apariencia.
Por ello, explicó que la medida no busca que los prestadores de servicios identifiquen a posibles agresores por sus características físicas, sino que verifiquen la identidad de las personas adultas y la relación que tienen con las personas menores de edad que las acompañan.
“Lo que sí puede y debe es verificar quién es ese adulto y qué relación tiene con ese niño”, señaló.
La senadora explicó que, con la reforma, una persona adulta que pretenda ingresar con una persona menor de edad a una habitación de hotel, motel o cualquier inmueble rentado con fines de estancia turística deberá acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela, guarda y custodia, o demostrar su mayoría de edad.
Esquivel sostuvo que esta obligación representa una medida de prevención y señaló que todavía será necesario capacitar al sector turístico, establecer protocolos claros y fortalecer la coordinación con las autoridades.