Senado avala reducción de “pensiones doradas” y la turna a Diputados

Sin ningún cambio, el pleno del Senado aprobó reducir las llamadas “pensiones doradas” de trabajadores de empresas estatales promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y lo envió a la Cámara de Diputados para su aval.

La iniciativa de reforma fue aprobada por unanimidad, luego de que la mayoría encabezada por Morena rechazó las reservas para hacer cambios por parte de legisladores de la oposición.

La reforma establece que las jubilaciones en organismos descentralizados y empresas estatales no podrán superar el 50% de la remuneración asignada a la persona titular del Ejecutivo federal. Sin embargo, exenta de la reducción los integrantes de las las Fuerzas Armadas y los sistemas de ahorro complementarios o sindicales.

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La reforma señala en su segundo artículo transitorio que las jubilaciones o pensiones que se hayan otorgado previo a los cambios deberán ajustarse al límite establecido de no superar la mitad de lo que gana la presidenta.

Por lo tanto, las dependencias públicas deberán revisar y adecuar los contratos e instrumentos jurídicos necesarios donde estén establecidos los planes de pensiones o jubilaciones, para que se ajusten a la reforma.

En lo general, la reforma fue aprobada por 116 votos a favor de todos los grupos parlamentarios. Cuando fue votada en lo particular, tras el rechazo de las reservas para hacer cambios, se mantuvo el voto positivo de cinco de las seis bancadas, excepto por los seis integrantes de Movimiento Ciudadano, quienes votaron en abstención.

Las críticas por la no retroactividad

El dictamen aprobado destaca que la medida no es retroactiva —lo cuál estaría prohibido— debido a que la supremacía de la Constitución permite ajustar los montos vigentes en favor del interés público y la austeridad. Sin embargo, ésta fue una de las principales advertencias de la oposición.

Las modificaciones rechazadas, dos de Movimiento Ciudadano y dos del PAN, buscaban precisar que las pensiones entregadas antes de la reforma se rigen con lo establecido antes de los cambios, además de que el parámetro para establecer los nuevos montos no sea la mitad del salario presidencial, sino las Unidad de Medida y Actualización, UMA.

En una de las reservas de MC, la senadora Alejandra Barrales propuso que además de ajustar el límite conforme a las UMAs, la medida fuese revisada de manera proporcional cada dos años, para que los montos de las pensiones no se devaluaran.

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Por el PAN, el senador José Máxico García López informó que su bancada respaldaría la reforma pero advirtió que los ajustes están incompletos ya que solo aplican al sector paraestatal. 

“La ley debe ser pareja, no puede haber ciudadanos de primera con pensiones de lujo y ciudadanos de segunda con pensiones de sobrevivencia. Deja fuera determinados ámbitos del Estado y regímenes que también operan con recursos públicos, y cuando se trata de terminar con privilegios financiados por el erario, no puede haber excepciones”, dijo.

Durante su intervención, la senadora del PRI Carolina Viggiano también advirtió que la aplicación de cambios con efectos retroactivos en materia de pensiones puede vulnerar derechos laborales protegidos por la Constitución. 

La legisladora cuestionó el argumento del gobierno federal de que la reforma ahorrará alrededor de 5 mil millones de pesos, frente a señalamientos por presuntos desvíos por 27 mil millones de pesos en fondos pensionarios, además de irregularidades por casi 20 mil millones de pesos en otros casos de corrupción sin sanción.

Respuesta de morenistas sobre retroactividad

Los legisladores de Morena que presentaron el dictamen respondieron a las acusaciones de que se afecta el principio de no retroactividad de la Constitución. 

El senador Óscar Cantón Zetina dijo que la Constitución se refiere a una ley y no a la propia Constitución, por lo que se aplica el principio de la supremacía constitucional ahí se aplica.

“No hay ninguna retroactividad que sea afectada. Todo ese dinero que cobraron anteriormente y que siguen cobrando hasta que entre en vigencia esta ley, no le será pedido que lo devuelva, porque eso sí sería afectar un interés, un derecho adquirido”.

En el mismo sentido, el morenista Enrique Inzunza destacó que existen precedentes de la Suprema Corte que avalan que la retroactividad no aplica en la Constitución.

“Por su carácter de normas supremas, no pueden ser aplicadas de manera retroactiva. Por ende, esta reforma no es de aplicación retroactiva, dado que se trata de modificación justo al artículo 127 de nuestra Ley Fundamental”.

El artículo 14 de la Constitución señala que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

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