“Ni la sátira política, ni la ofensa personal” serán sancionadas: Sheinbaum sobre la “ley antimemes”

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió las reformas al Código Penal y a la Ley de Propiedad Industrial, conocidas como “ley antimemes”, y aclaró que no buscan limitar “la sátira política, nada, nada, nada de eso, ni siquiera la ofensa personal” contra funcionarios, sino combatir fraudes cometidos con imágenes, voces, logotipos o elementos oficiales del gobierno para engañar y cometer un ilícito.

Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum explicó que las modificaciones buscan atender casos en los que se utilicen herramientas de inteligencia artificial para clonar o alterar la voz o imagen de funcionarios y hacerlos aparecer en contenidos falsos con el propósito de obtener dinero de otras personas.

Como ejemplo, mencionó videos en los que aparece su imagen o voz para promover supuestas inversiones en Pemex. “No hay sanción a memes. ¿Qué se sanciona? Que salga la presidenta en un video utilizando inteligencia artificial para falsear incluso con mi voz para hacer un fraude. Eso es un delito”, afirmó.

Dijo que incluso durante sus giras algunas personas le han preguntado si es cierto que pueden invertir en Pemex a partir de anuncios o videos que utilizan su imagen.

“Hay personas que me han llegado a decir en las giras, oiga, se acercan, ‘oiga, ¿sí es cierto eso de que podemos invertir en Pemex?’. No, no, no, no, no es mentira”, relató.

Vacío legal previo

De acuerdo con la presidenta, el problema que buscan atender las reformas es que hasta ahora ese tipo de fraude cometido mediante el uso de la voz o imagen de una persona no estaba tipificado de manera específica, pese a que las redes sociales permiten la creación y difusión de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.

Insistió en que el objetivo de las modificaciones es sancionar la conducta delictiva y no los contenidos de carácter político o satírico.

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“Eso es lo que aparece en la ley, que no se puede hacer fraudes, no se puede llamar a la gente. No la satira política, nada, nada, nada de eso, ni siquiera la ofensa personal. Lo que se sanciona es el delito del fraude utilizando la imagen de alguna persona o de un logotipo del gobierno”, sostuvo.

Identidades suplantadas

La aclaración sobre el alcance de las modificaciones fue presentada también durante la conferencia por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, quien señaló que las reformas corresponden a dos modificaciones, una al Código Penal y otra a la Ley de Propiedad Industrial, y rechazó que su propósito sea limitar los memes o la crítica.

Alcalde explicó que las disposiciones se relacionan con la piratería y, específicamente, con el uso de la identidad del gobierno para intentar engañar a una persona con la finalidad de cometer un ilícito.

Como ejemplos, mencionó páginas de internet que se hacen pasar por funcionarios del IMSS para ofrecer supuestos recálculos de pensiones a cambio de depósitos, así como sitios que utilizan la identidad de la CFE para advertir sobre supuestas irregularidades y solicitar pagos para regularizar una situación.

También mencionó casos en los que se utiliza la identidad de la Secretaría de Hacienda o elementos relacionados con el gobierno para generar confianza en las víctimas y obtener recursos mediante engaños.

Penas de hasta cinco años de cárcel

La consejera jurídica expuso durante la conferencia el contenido de la disposición que establece una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización para quien utilice, reproduzca, emita o incorpore a escala comercial elementos como la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales pertenecientes a instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, cuando ello tenga como finalidad inducir al error o engaño para cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación.

Alcalde subrayó que la disposición requiere que exista una intención de inducir al error o al engaño y de cometer un ilícito mediante la suplantación de una institución gubernamental.

“O sea, se trata de tratar de engañar al otro para hacerte pasar como si tú fueras del gobierno con la intención de cometer un delito”, explicó.

La consejera jurídica sostuvo que uno de los delitos que podrían cometerse mediante este mecanismo es el fraude y señaló que la regulación busca evitar que alguien utilice elementos oficiales para aparentar que una comunicación proviene del gobierno y, con ello, engañar a otra persona.

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Alcalde también sostuvo que la disposición no contiene referencias a memes, sátira o críticas y que la conducta sancionada está vinculada con el uso de elementos gubernamentales cuando existe la intención de engañar y cometer un ilícito.

Reparación del daño

Sheinbaum añadió que el objetivo de contar con este instrumento jurídico también es permitir que, en los casos correspondientes, las personas afectadas por este tipo de fraudes puedan recuperar su dinero.

“Y entonces tiene que haber un instrumento jurídico que permita sancionar y en su caso también que se le regrese el dinero a las personas que cayeron en un fraude de este tipo”, señaló.

“Lo que se sanciona es el delito del fraude utilizando la imagen de alguna persona o de un logotipo del gobierno”, reiteró.