Andro Aguilar · 23 de septiembre de 2026
En menos de 24 horas de haberla recibido desde la Cámara de Diputados, las comisiones del Senado avalaron la reforma que condiciona a las personas aspirantes a la Presidencia de la República o una gubernatura a renunciar a cualquier otra nacionalidad distinta a la mexicana.
La iniciativa fue presentada en agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de la narrativa de la defensa de la soberanía nacional por parte del gobierno federal y el partido Morena, ante las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles intervenciones.
La reforma obliga a las personas aspirantes a renunciar de manera formal a cualquier otro vínculo extranjero antes de registrar una candidatura. También, prohíbe que los mandatarios en funciones soliciten otra nacionalidad o utilicen pasaportes extranjeros durante su encargo. El principal argumento es garantizar una lealtad absoluta hacia las instituciones y la soberanía del Estado mexicano.

Como ocurrió en el día previo en la Cámara de Diputados, la iniciativa pasó sin realizarle ningún cambio tras la discusión entre integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado. Está prevista para ser votado ante el pleno el próximo martes 29 de septiembre, cuando está programada la siguiente sesión.
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Fueron 23 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 9 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Por tratarse de una reforma constitucional, en el pleno, la reforma deberá reunir los votos de dos terceras partes de los senadores presentes, algo que la coalición encabezada por Morena cumple si consigue los votos a favor de todos los integrantes de ese partido y sus aliados PT y PVEM.
Los legisladores morenistas fueron enfáticos en que la reforma no es contra los migrantes mexicanos que tienen doble nacionalidad. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, enfatizó que la reforma no prohíbe de forma general la doble nacionalidad, sino que enfoca sólo en quienes buscan ser elegidos para los cargos señalados.
“Ya lo hemos dicho: tener otra nacionalidad no significa ser desleal a México. Sería equivocado, maniqueo, plantearlo de esa manera. Lo que jurídicamente existe es un vínculo de nacionalidad con otro Estado, del cual pueden derivarse derechos, obligaciones, participación política o mecanismos de protección”.
El senador veracruzano insistió que el meollo es proteger desde la Constitución la soberanía.
“Yo digo, la burra no era arisca. Ya somos cuatro veces heróica y no queremos ir por la quinta. ¿Para qué? Pues de una vez le metemos a la Constitución esta reforma y nos curamos de espanto todos”, dijo.
El senador Alejandro González, del Partido del Trabajo, dijo que lo que se busca evitar es que ocurra algo similar a lo que pasa en Colombia, cuyo presidente tiene tres nacionalidades: la colombiana, la italiana y la estadounidense, por naturalización.
“Abelardo de la Espriella Otero, presidente de Colombia, es completamente sirviente a intereses ajenos a Colombia, sirve de descaradamente a otra nación, y es lo que queremos evitar en México a nivel del ejecutivo federal y a nivel del ejecutivos estatales.

El petista redujo el debate a opciones contrapuestas: “soberanía o traición a la patria; “amor a México o vendepatrias”.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, destacó que la iniciativa fue aprobada el martes por la noche y en menos de 24 horas ya se está discutiendo en la otra Cámara sin tener oficialmente el carácter de urgente, mientras que otras propuestas acumulan un rezago de hasta un año.
“Nuevamente nos estamos comportando como una oficialía de partes para la presidencia de la República, dejando a un lado apremiantes urgencias y el enorme rezago legislativo”.
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El senador Luis Alfonso Silva, del Partido Verde Ecologista de México, acusó que ya existe en la actualidad un injerencismo ya infiltrado en el Congreso por parte de quienes actúan como personeros de intereses extranjeros.
Representantes de la oposición destacaron entre sus argumentos la afectación que la reforma podría tener para personas migrantes de México en otro país contra sus derechos.
Por parte de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio advirtió que existe una confusión entre la doble nacionalidad y doble ciudadanía, ya que esta última es la que sí implica una actividad política. Pero sobre todo acusó a representantes del oficialismo de ser incongriuentes.
“La respuesta tiene que ver más con la narrativa que con la necesidad jurídica. El discurso que acompaña esta reforma habla de soberanía, de no injerencia, de proteger al país frente a intereses extranjeros. (…) Hay gobernadores cuyos vínculos con actores que representan una amenaza real para la soberanía están ya documentados. Y a esos gobernadores el oficialismo los defiende con cautela, con presunción de inocencia, con silencio”.
Por el PRI, la senadora Claudia Anaya argumentó que la reforma contraviene tratados y convenciones internacionales ratificados por México, que prohíben la discriminación por motivos de doble nacionalidad y exigen la protección de los derechos de los trabajadores migratorios. Advirtió un perjuicio hacia estados con elevada intensidad migratoria como Zacatecas, Michoacán o Puebla, al forzar a millones de mexicanos radicados en el exterior a renunciar a los derechos jurídicos alcanzados en otros países si aspiran a gobernar sus entidades o su país, lo que castigaría a una comunidad que aporta cerca de 60 mil millones de dólares anuales en remesas.

“Qué básicos y qué limitados son los legisladores del grupo oficialista que piensan que o estás con ellos y estás bien, y si tienes un argumento distinto estás mal y eres un traidor a la patria. A ellas, a ellos, a los que en el discurso decimos que son héroes (los migrantes), pero que en la realidad les votamos para quitar derechos, les restringimos derechos, les anulamos derechos”.
Marko Cortés, del PAN, coincidió con el planteamiento de Claudia Anaya. Como argumentos en contra expuso una inconstitucionalidad de la norma, la injusticia contra la comunidad migrante, la “obediencia ciega” del grupo oficialista ante la línea de la presidenta Sheinbaum.
El panista dijo que su bancada no acompañará la reforma por justicia con las personas migrantes, que según dijo, tendrían sus derechos acotados. El panita anunció que presentará una reserva cuando sea votada en el plano.