PT propone ley para regular la IA y sancionar la difusión automatizada de información falsa
Animal Político · 17 de septiembre de 2026
El diputado federal José Alejandro Aguilar López, del PT, presentó una iniciativa para expedir una ley que regule la inteligencia artificial mediante cuatro niveles de riesgo: inadmisible, alto, moderado y bajo, y que sancione el uso de esta tecnología para difundir de forma automatizada información falsa, rumores, intrigas y contenidos que causen daño moral.
La propuesta, denominada Ley Federal de Inteligencia Artificial Ética, Vinculación Tecnológica y Protección contra la Desinformación Automatizada, busca regular el desarrollo, comercialización, vinculación y uso de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito federal, con respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, además de generar certidumbre para el emprendimiento tecnológico responsable.
La propuesta fue presentada el martes ante la Cámara de Diputados, y fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Prohibiciones y certificación obligatoria
El proyecto establece que los sistemas de riesgo inadmisible estarán prohibidos. En esta categoría incluye aquellos que utilicen técnicas subliminales o manipuladoras para modificar de manera significativa el comportamiento de una persona y causarle daño físico, psicológico o moral; los destinados a la puntuación social generalizada por parte de entidades públicas o privadas, y los diseñados para automatizar campañas de infundios, falsedad institucionalizada y demérito reputacional contra la ciudadanía.
Los sistemas clasificados como de alto riesgo, cuando sean utilizados en salud, infraestructura crítica, justicia, empleo o servicios financieros, deberán contar con certificación ante la autoridad competente. Los proveedores tendrán que acreditar la trazabilidad de los datos empleados para su entrenamiento, la supervisión humana y la adopción de protocolos de ciberseguridad.
La iniciativa contempla además los niveles moderado y bajo como parte de su esquema general de clasificación. El artículo 4 establece los cuatro niveles, mientras que las disposiciones posteriores fijan de manera específica las prohibiciones y obligaciones correspondientes a los sistemas inadmisibles y de alto riesgo.
Lee: ONU pide acción global para regular riesgos de la inteligencia artificial
Combate a la “clínica del rumor”
Otro de los objetivos del proyecto es prevenir, mitigar y sancionar las conductas relacionadas con la llamada “clínica del rumor”, que define como el proceso sistemático de creación, amplificación o difusión de información falsa, intrigas, chismes o contenidos distorsionados mediante algoritmos e inteligencia artificial, realizado con dolo para causar daño moral, patrimonial o social.
En la exposición de motivos, Aguilar López señala que la inteligencia artificial puede utilizarse para generar contenidos sintéticos, deepfakes, textos clonados y perfiles automatizados con los que se difundan falsedades, rumores o campañas de desprestigio. El documento plantea que estas prácticas pueden provocar daños a personas y comunidades y afectar la confianza ciudadana.
“Esta iniciativa, no busca frenar el desarrollo tecnológico, sino encauzarlo”, señala el proyecto. A partir de ello, propone establecer un marco regulatorio que otorgue certidumbre jurídica a los emprendedores, proteja a los consumidores y fomente la transferencia tecnológica.
Identificación de contenidos e infracciones
Para los sistemas de inteligencia artificial generativa, el artículo 9 plantea que desarrolladores, proveedores y distribuidores implementen herramientas de marca de agua digital y metadatos que identifiquen de manera clara e indeleble los productos o contenidos generados o manipulados artificialmente.
La utilización de algoritmos, redes de automatización o sistemas de inteligencia artificial para la orquestación de la “clínica del rumor” sería considerada una conducta infractora grave. El proyecto establece además responsabilidades civiles por daño moral para quienes difundan con dolo y mala fe contenidos sintéticos no etiquetados que menoscaben la honra, intimidad o patrimonio de una persona, independientemente de las sanciones penales que correspondan.
Impulso a las pymes y “sandboxes”
En materia de emprendimiento, la iniciativa propone crear el Programa Nacional de Vinculación Tecnológica en IA, a cargo de las secretarías de Economía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El programa tendría como finalidad facilitar la transferencia de conocimientos de las universidades hacia las micro, pequeñas y medianas empresas.
También plantea establecer Sandboxes Regulatorios Federales, espacios para experimentar con tecnologías innovadoras bajo supervisión de la autoridad regulatoria. Los emprendedores inscritos contarían con asesoría jurídica y exenciones temporales de sanciones administrativas mientras perfeccionan los parámetros éticos y de seguridad de sus productos de inteligencia artificial.
También lee: OpenAI, Anthropic y Google trabajan en la creación de un organismo de supervisión de la IA
Creación de un órgano regulador
Para vigilar el cumplimiento de la legislación, el proyecto propone crear la Comisión Federal de Inteligencia Artificial Ética (CONAIE), como órgano desconcentrado con autonomía técnica. Esta instancia evaluaría los sistemas según su nivel de riesgo, vigilaría el cumplimiento de la ley y emitiría certificados de cumplimiento ético.
La CONAIE también tendría facultades para imponer sanciones. La propuesta contempla apercibimientos y órdenes de corrección inmediata, multas de 500 a 100 mil UMA, de acuerdo con la gravedad de la falta, el dolo y el daño social causado, así como la suspensión temporal o definitiva de sistemas de inteligencia artificial del mercado nacional.
Impugnaciones y reglas para juicios de amparo
El proyecto establece mecanismos para impugnar las resoluciones de la comisión que impongan multas, clausuras o la destrucción de modelos algorítmicos. Los particulares afectados podrían interponer un recurso de revisión o acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante un juicio de nulidad.
La iniciativa también contempla reglas específicas para el juicio de amparo. Cuando la CONAIE ordene la suspensión definitiva, clausura o destrucción de un sistema por considerarlo de riesgo inadmisible o vinculado con la “clínica del rumor” automatizada, el proyecto establece que el juez de distrito negará la suspensión provisional o definitiva solicitada por el quejoso.
Cuando se impugnen exclusivamente multas, el juzgador federal podrá conceder la suspensión si el particular garantiza el interés fiscal ante la Tesorería de la Federación. Además, si en un juicio de amparo se controvierten dictámenes algorítmicos de la CONAIE, el juez de Distrito deberá designar a un perito tercero en discordia con el perfil técnico establecido en la iniciativa, preferentemente vinculado con centros de investigación pública o universidades autónomas.