Redacción Animal Político · 12 de marzo de 2026
Ante el rechazo en la Cámara de Diputados a su propuesta original, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este lunes enviará al Congreso su Plan B de la reforma electoral.
Esta nueva iniciativa mantiene el objetivo central de disminuir los privilegios de los funcionarios públicos y fortalecer la participación ciudadana.
En su conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que la primera reforma electoral buscaba reducir los excesivos montos destinados a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE), así como evitar la duplicidad de funciones con los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
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No obstante, dicha propuesta no avanzó debido a los votos en contra de la oposición -PRI, PAN, Movimiento Ciudadano-, además de algunos legisladores del Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT).
Ante esta situación, Sheinbaum dio a conocer el nuevo Plan B, el cual ya había puesto sobre la mesa debido al panorama de incertidumbre y falta de consensos entre Morena y sus aliados.
El nuevo proyecto, cuyo envío al Congreso está previsto para el próximo lunes 16 de marzo, se centra en disminuir privilegios en congresos estatales y municipios, así como fortalecer la consulta popular.

Respecto al primer eje, la presidenta dijo que el nuevo proyecto plantea disminuir los privilegios que aún existen en los congresos locales.
Para ilustrar esta prioridad del nuevo plan, Sheinbaum exhibió las disparidades presupuestales que existen entre las distintas entidades del país. Por ejemplo, señaló que mientras que en Colima y Campeche el costo anual por legislador es de 5.1 y 6.1 millones de pesos respectivamente, en Morelos, al que se refirió como un estado con “enormes necesidades”, la cifra alcanza los 31.8 millones.
El contraste, dijo, es aún más evidente al comparar Baja California con Colima: a pesar de que ambos congresos cuentan exactamente con 25 diputados, el costo por legislador en Baja California se dispara a 34.8 millones de pesos, lo que representa un presupuesto hasta siete veces mayor.
Si bien Sheinbaum calificó como privilegios los recursos a los congresos locales, aclaró que estos montos no corresponden únicamente al salario directo del diputado, sino que contemplan gastos operativos integrales como el pago de servicios de luz y agua, el mantenimiento de edificios, y contratos colectivos de los trabajadores del poder legislativo.
No obstante, subrayó que la propuesta central para este rubro es establecer un tope máximo a los presupuestos que se destinan a los congresos locales. El objetivo de implementar este límite es garantizar que los recursos económicos ahorrados no se pierdan, sino que se queden en los mismos estados para ser invertidos directamente en atender las necesidades de la gente.

Otro de los ejes clave del Plan B de la reforma electoral se enfoca en disminuir los privilegios que persisten en los municipios. Durante su exposición, la mandataria cuestionó la existencia de cabildos sobrepoblados.
Como ejemplo de estos excesos, criticó que existan ayuntamientos que cuentan hasta con tres síndicos —figuras que fungen como tesoreros—, una estructura burocrática que, aseguró, “el país no lo necesita”.
Para ilustrar esta problemática a nivel nacional, Sheinbaum también expuso los casos de ciudades como Acapulco, que opera con 20 regidores, o Monterrey y Puebla, que alcanzan los 28 y 23 funcionarios en este cargo, respectivamente.
En ese sentido, la nueva iniciativa de Sheinbaum plantea regular este privilegio para que el ahorro generado por la reducción de regidurías se quede directamente en municipios y estados.
Otro de los objetivos primordiales del Plan B de Sheinbaum es ampliar la participación ciudadana a través de las consultas públicas.
La presidenta explicó que, actualmente, la ley prohíbe que cualquier tema de índole electoral sea sometido a votación mediante este mecanismo. Por ello, en su nueva iniciativa propone abrir la puerta para que la población pueda opinar y decidir sobre asuntos electorales específicos.
“Que se le pregunte a la gente y que la gente decida. Eso es la democracia”, enfatizó la mandataria al como ejemplo de consulta los montos de financiamiento que reciben los partidos políticos.
En esta misma línea, Sheinbaum dijo que el proyecto plantea flexibilizar los tiempos para la revocación de mandato.
Mientras que la norma vigente estipula que este ejercicio democrático solo puede llevarse a cabo durante el cuarto año de gobierno, señaló que el Plan B busca que la ciudadanía o el propio titular del Ejecutivo puedan solicitarlo tanto en el tercer como en el cuarto año de la administración.
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“La revocación de mandato tiene que ver con que la gente solicite la revocación de mandato, pues que se permita a cualquier presidente, que, si así lo desea o la gente lo desea, pueda ser en el 27 o en el 28, pueda ser en el siguiente sexenio, en el 33 o en el 34”, detalló.
Con estas modificaciones, la presidenta reiteró que la esencia de su nueva propuesta se resume esencialmente en disminuir los privilegios y fortalecer la capacidad de decisión de la gente mediante la participación popular.
Con la implementación del Plan B en materia electoral, Sheinbaum proyecta generar un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos.