Alfredo Maza · 14 de septiembre de 2026
A pesar de la implementación de la reforma constitucional y de las primeras elecciones judiciales del país —en las que se eligió mediante voto popular a jueces, magistrados y ministros—, 6.5 de cada 10 personas que conocen la labor de los juzgadores aún los perciben como corruptos, mientras que solo el 20 % de la población los identifica como autoridad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con datos levantados entre febrero y abril de 2026, aunque esta cifra (65.8 %) representa una disminución frente al 69.0 % reportado en 2025 y constituye el nivel más bajo registrado en los últimos años, la judicatura — representada por el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ)— se mantiene como la segunda autoridad con mayor percepción de corrupción entre las 11 instituciones evaluadas por el INEGI, situándose solo por debajo de la Policía de Tránsito (74.1 %).
Los resultados de la encuesta de percepción del INEGI en 2026 se enmarcan en una profunda transformación del sistema de justicia mexicano. El 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de Reforma Constitucional al Poder Judicial que estableció la elección de personas juzgadoras mediante voto popular directo.

En consecuencia, el 1 de junio de 2025 se realizó la jornada electoral extraordinaria para elegir a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la mitad de las magistraturas de circuito y juzgados de distrito del país.
La ENVIPE 2026 evalúa la percepción ciudadana, tras la entrada en funciones de estos nuevos cargos judiciales en septiembre de 2025, lo que refleja el impacto inicial del nuevo modelo institucional.
Un hallazgo clave del estudio es el bajo nivel de reconocimiento social de las autoridades judiciales. Solo el 20.4 % de las personas adultas en México afirmó identificar o reconocer la labor de los jueces, mientras que el 79.6 % dijo no identificarlos como autoridad.
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Este porcentaje coloca a los juzgadores como la autoridad menos conocida del país, lejos del nivel de reconocimiento que registran instituciones como el Ejército (81.6 %) o la Guardia Nacional (78.0 %).
No obstante, durante la presentación de la encuesta, Dwight Daniel Dyer Leal, titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, aclaró que el procedimiento estadístico utilizado para estas mediciones está centrado únicamente en las personas que sí reconocen su autoridad.
“Primero preguntamos si identifican a la institución de seguridad o justicia. Solo a quienes responden afirmativamente se les consulta sobre su percepción de desempeño, confianza o corrupción”, dijo.

A partir de esta diferencia, advirtió sobre el error metodológico que supone realizar comparaciones directas entre entidades con niveles de reconocimiento dispares: “no es metodológicamente correcto hacer una comparación directa entre instituciones, ya que cada una es identificada por un porcentaje distinto de la población”.
La ENVIPE 2026 también muestra variaciones significativas en la valoración según el sexo de las personas encuestadas que reconocen a los juzgadores.
En percepción de corrupción, el 68.3 % de las mujeres que los identifica considera que son corruptos, frente al 63.3 % de los hombres.
Respecto a la confianza institucional, el 58.3 % de la población que los identifica declaró tenerles confianza (mucha o algo), lo que marca un incremento respecto al 55.9 % obtenido en 2025.
Al desglosar por sexo, el 59.0 % de los hombres expresó confiar en los juzgadores, en comparación con el 57.5 % de las mujeres.
Así, aunque se registra una leve mejora en la percepción de corrupción y en los niveles de confianza en comparación con el año anterior, la baja visibilidad y el desconocimiento de la labor de los juzgadores entre la población muestran que los retos estructurales del Poder Judicial siguen vigentes.