FGR cita a declarar a 50 personas por operativo con agentes de la CIA en Chihuahua

Redacción Animal Político · 4 de mayo de 2026

FGR cita a declarar a 50 personas por operativo con agentes de la CIA en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) llamó a comparecer a cerca de 50 personas por su participación en un operativo en el estado de Chihuahua que derivó en la muerte de cuatro personas, entre las cuales se encontraban dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.

Mediante un mensaje oficial, el doctor Ulises Lara López, vocero y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informó que las entrevistas a los involucrados se llevarán a cabo en los próximos días como parte de la indagatoria que ha asumido la Fiscalía Especializada de Control Regional.

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FGR cita a comparecer a agetes de la CIA
Ulises Lara, vocero de la FGR.

Lara López recordó que los hechos se registraron en la Sierra del Pinal, dentro del municipio de Morelos, al sur del estado de Chihuahua, durante acciones relacionadas con el hallazgo de un laboratorio clandestino de producción de drogas sintéticas. El caso se dio a conocer el pasado 19 de abril mediante una rueda de prensa ofrecida por el entonces fiscal general de justicia de Chihuahua,  César Jáuregui Moreno, quien renunció el pasado 28 de abril en medio de presiones por la inconsistencia entre versiones oficiales y el choque con el gobierno federal.

Como parte de la investigación, el funcionario señaló que la FGR ha emitido requerimientos legales a distintas autoridades para verificar la existencia y el estatus de las acreditaciones de seguridad de los agentes extranjeros que perdieron la vida.

El objetivo de estas solicitudes, dijo, es esclarecer si el gobierno de Chihuahua tenía conocimiento de la presencia de dicho personal y cuáles fueron las condiciones jurídicas que justificaron el operativo.

Lara López advirtió que la actuación de extranjeros en territorio nacional obliga a contemplar la posibilidad de que se hayan cometido delitos relacionados con la seguridad nacional.

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“La Fiscalía General de la República reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”.

Cabe recordar que el el 28 de abril, la FGR anunció formalmente la integración de dos carpetas de investigación relacionadas con el caso de los agentes de la agencia estadounidense.

La primera investigación es por el narcolaboratorio localizado y desmantelado entre los días 17 y 18 de abril en las inmediaciones de la Sierra del Pinal, por autoridades estatales. Es decir, por la producción de narcóticos y drogas sinteticas, cuya jurisdicción es federal.

Una segunda investigación federal se abrió, según informó la FGR, por la “noticia criminal”, a raíz de la rueda de prensa ofrecida el 19 de abril por Jáuregui Moreno.

Gobierno de Chihuahua prohíbe acuerdos directos de funcionarios con agentes extranjeros

El 1 de mayo pasado, en medio de la crisis política desatada por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Galván prohibió a las personas servidoras públicas de la administración estatal establecer mecanismos directos de cooperación con agentes extranjeros sin autorización expresa del Gobierno Federal.

La disposición, vigente desde el miércoles 29 de abril, quedó asentada en el acuerdo 043/2026 firmado por la gobernadora y publicado ese mismo día en el Periódico Oficial del Estado.

Se instruyó a las dependencias centralizadas y paraestatales “a cumplir estrictamente con la normatividad vigente en toda acción, acuerdo o mecanismo de colaboración con gobiernos, agencias o entidades extranjeras, en materia de seguridad pública, procuración de justicia y seguridad nacional”.

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“En todo momento deberá observarse el principio de no intervención previsto en el artículo 40, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ninguna autoridad podrá permitir o autorizar la participación de agentes extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado mexicano, sin contar con la autorización expresa de las autoridades competentes conforme a la legislación aplicable”, se ordenó.

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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro.

Asimismo, se estableció que cualquier coordinación, colaboración, capacitación, intercambio de información, contacto, comunicación y/o reunión con gobiernos, agencias o entidades extranjeras “únicamente podrá realizarse por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, de conformidad con los artículos 68 y 69 de la Ley de Seguridad Nacional”.

Se pidió también que, antes de establecer colaboraciones con extranjeros, deberán verificar su viabilidad jurídica, administrativa y operativa, en concordancia con lo siguiente:

  1. Remitir el proyecto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para dictamen y, en su caso, registro;
  2. Coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y gestionar, cuando proceda, la autorización correspondiente;
  3. Incluir en los instrumentos correspondientes cláusulas de protección de datos, confidencialidad y resguardo de la información conforme a la legislación aplicable.

Entre los considerandos del acuerdo se mencionó que “la cooperación internacional en materia de seguridad deberá conducirse de manera institucional, ordenada y respetuosa, con estricto apego a un marco jurídico claro, a fin de prevenir riesgos y salvaguardar en todo momento la soberanía del Estado mexicano”.

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También se indicó que es necesario fortalecer la coordinación institucional entre el Estado de Chihuahua y el Gobierno de México, a fin de garantizar que cualquier mecanismo de cooperación internacional se conduzca estrictamente conforme a derecho.