Ley Indígena: mapa documenta rechazo de comunidades, municipios y regiones a consulta del gobierno

Al menos 119 comunidades, municipios y regiones de 15 estados del país han expresado su rechazo a la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como al proceso de consulta realizado por el gobierno federal para presentarla ante el Congreso. Los pronunciamientos, denuncias y acciones han sido recopilados en el “mapa de la inconformidad” elaborado por la Fundación-Colectivo Indígenas 3D.

La organización colabora en el fortalecimiento de la autonomía política, económica, cultural y territorial de 22 pueblos indígenas y organizaciones aliadas en 17 estados, además de trabajar con más de 80 liderazgos comunitarios.

“El gobierno de Morena había tenido la costumbre de hacer consultas ciudadanas al vapor, a mano alzada, y creo que esperaba una respuesta masiva a favor de sus fines, pero vemos lo contrario: las comunidades se están atreviendo a dar muestras de indignación y descontento”, comentó en entrevista Álvaro Mena, joven maya de la península de Yucatán.

Mena, director administrativo de Indígenas 3D, destacó que además de mostrar el rechazo de las comunidades a la propuesta, la plataforma de la organización ha permitido interactuar a las personas interesadas en el tema. “Vemos que es muy útil que vean la indignación organizada y que los pueblos no están solos, lo que incluso está sirviendo para motivar a otros a manifestarse”.

De acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) —dependencia que organiza las asambleas regionales para consultar la propuesta de ley— se han realizado visitas informativas sobre este proyecto en 16 mil 681 comunidades de 28 estados. Durante las visitas, las autoridades entregaron la convocatoria, el protocolo de consulta, la propuesta de iniciativa de ley y cuadernillos explicativos.

El mapa de los territorios que rechazan la propuesta de ley

A partir de un monitoreo del proceso de consulta y la respuesta de los pueblos, Indígenas 3D se percató de que “no habíamos dimensionado la gravedad de la situación, porque teníamos un análisis desde nuestra perspectiva, pero al juntarlo con los de otras comunidades vimos que podemos pasar de la observación pasiva a una participación activa para denunciar lo que está sucediendo”.

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Hasta ahora la organización ha integrado al mapa la información de 47 comunidades que emitieron pronunciamientos, 20 que realizaron acuerdos de asamblea, 43 acciones de rechazo, la interposición de dos juicios de amparo, dos denuncias, así como un análisis, cuatro enlaces de consulta de materiales propios y el reclamo de tres poblados por no haber sido consultados.

Los pueblos que reclaman que no se les consultó se encuentran en Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas, en tanto que los juicios de amparo contra el proceso fueron interpuestos por dos pueblos afromexicanos ubicados en Oaxaca y Guerrero.

En cuanto a las comunidades que realizaron acciones para impedir las asambleas, el mapa ha registrado casos en Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Yucatán y Campeche.

Además, ley.indigenas-3d.org, sitio web creado por la organización, contiene enlaces para consultar los pronunciamientos de las comunidades, así como otros documentos informativos sobre la ley que se busca llevar al Congreso. Conforme recibe información de los pueblos, la organización la incluye en el mapa que ya ha sido presentado ante las comunidades, en espacios académicos e incluso ante instancias gubernamentales, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Preocupaciones y críticas de los pueblos indígenas y afromexicanos

Entre los comunicados y otros documentos que concentra el sitio web de Indígenas 3D está el pronunciamiento que pueblos mayas enviaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y al INPI para expresar su preocupación porque la propuesta “mantiene la tutela del Estado sobre el ejercicio de los derechos indígenas, generando burocratización y no tomando en cuenta la diversidad de realidades”, ante lo cual piden que su palabra sea tomada en cuenta.

En Michoacán, comunidades p’urhépechas lamentaron que, a lo largo de la historia, “las leyes no han protegido a las comunidades originarias, sino que han sido una herramienta para la protección y validación de intereses del Estado mexicano e incluso transnacionales”. Acerca de la propuesta de ley y las asambleas del INPI, afirmaron que se trata de “una total violación al derecho de consulta”.

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La asociación civil México Negro informó que se presentaron dos amparos, al considerar que en la consulta realizada por las autoridades hubo exclusión territorial de personas afromexicanas, deficiencias en los procesos y violación sistemática de tratados internacionales.

Para Álvaro Mena, el repositorio que están conformando aporta herramientas para que las comunidades fijen sus posturas sobre la iniciativa de ley, que “no solamente es un retroceso, sino un intento del Estado mexicano por imponer mayor control a los pueblos indígenas y asegurar que los megaproyectos que van a desarrollar puedan pasar sin oposición”.

Álvaro Puwari, indígena wixárika, explicó que en muchas comunidades no rige el derecho positivo, “porque contraviene las cosmovisiones de los pueblos originarios”, además de que en el artículo 133, la propuesta que impulsa la presidenta Sheinbaum plantea cambios en el derecho a la consulta al establecer que cuando el impacto de las decisiones “no sea considerado significativo”, la autoridad “podrá continuar con la medida fundada y motivada en la promoción del interés público”.