Morena aprueba más deuda para 2027 y perdón de multas a grandes contribuyentes
Edgar Ledesma · 15 de octubre de 2026
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 con una modificación que permite a grandes contribuyentes acceder al “perdón” de multas, recargos y gastos de cobro por adeudos fiscales, además de autorizar nueva deuda interna para el gobierno federal hasta por 1.7 billones de pesos.
Con 340 votos a favor, 109 en contra y 0 abstenciones, el pleno concluyó la aprobación en lo particular y envió el dictamen al Senado, después de haberlo avalado en lo general durante la tarde del miércoles con 331 votos a favor y 118 en contra.
El cambio al programa de regularización fiscal fue presentado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, quien explicó que respondía al acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Esta reserva fue motivada por la reunión de ayer que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con un grupo de empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial,” reconoció.
El martes 13 de octubre, durante el 50 aniversario del organismo empresarial, Sheinbaum anunció que había propuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ampliar las facilidades para pagar adeudos sin multas ni recargos, compromiso que Monreal llevó a la tribuna un día después.
En una intervención de cerca de 32 minutos, el coordinador defendió que la medida permitiría recuperar recursos y reducir controversias fiscales, además de dar cumplimiento al compromiso presidencial con los empresarios.
“A nosotros, la mayoría legislativa, nos corresponde darle congruencia a lo que la presidenta ha decidido con los empresarios del país”, sostuvo.
Grandes empresas podrán regularizar adeudos sin multas ni recargos
La reserva modifica el artículo vigésimo primero transitorio para eliminar el requisito de que los contribuyentes hubieran obtenido ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2025, así como la exclusión de quienes están bajo la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El límite eliminado correspondía a los ingresos anuales, no al monto del adeudo, por lo que las personas y empresas que lo superen podrán acceder al programa si cumplen las demás condiciones, pues la modificación conserva otras restricciones.
El esquema contempla eliminar el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución en los casos de regularización previstos, pero mantiene la obligación de cubrir las contribuciones pendientes, es decir, deberán pagar el impuesto que deben para obtener el beneficio sobre esas cargas adicionales.
“El impuesto tiene que pagarse completo, es más, no habrá estímulos fiscales si no hay pago de impuestos”, afirmó Monreal, quien rechazó que su propuesta implique una condonación y sostuvo que facilitaría tanto la inversión como el cobro de adeudos.
El diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que se leyera el artículo 28 constitucional, que prohíbe las condonaciones de impuestos en los términos establecidos por las leyes, y calificó la modificación como un beneficio para “machuchones”, al cuestionar su congruencia con el discurso presidencial contra los privilegios fiscales.
Monreal volvió a intervenir para responder al panista e insistió en que la medida no elimina el impuesto principal, sino multas, recargos y gastos de cobro. “No se trata de condonación de impuestos, los impuestos se tienen que pagar”, sostuvo.
El diputado Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a la mayoría de disfrazar una condonación como estímulo fiscal y contrastó la atención a la petición empresarial con el rechazo a propuestas de su bancada, como eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) del aguinaldo.
“Hoy deciden resolver un bomberazo a petición de empresarios, pero se niegan a ayudar al grueso de la población”, reclamó, antes de cuestionar por qué Morena impulsaba una medida que, a su juicio, contradecía la prohibición constitucional que promovió en 2020.
Desde Morena, la diputada Sandra Anaya Villegas defendió que el programa permite recuperar impuestos que podrían quedarse sin cobrar, al sostener que “es mejor un contribuyente que puede pagar y regularizarse que una deuda que crece, que se vuelve incobrable y que termina sin beneficiar a nadie”.
Cuestionan el alcance y el costo del beneficio
El alcance de la ampliación también generó preguntas, luego de que Monreal mencionara un universo hipotético de cerca de 30 millones de contribuyentes y el diputado José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN, le pidiera precisar cuántos tenían créditos fiscales firmes o consentidos, condición señalada en la reserva.
Monreal respondió que calculaba entre 3 millones y 4 millones de contribuyentes en esas condiciones y mencionó también una estimación de entre 200 mil y 300 mil personas morales, sin presentar esas cifras como un padrón definitivo de beneficiarios. Para defender la ampliación, aseguró que la aplicación previa del programa permitió recuperar 6 mil 436 millones de pesos y benefició a 38 mil 399 contribuyentes, por lo que consideró que retirar el límite permitiría aumentar la recaudación.
La reserva escrita no cuantifica el costo recaudatorio de la ampliación ni el número de personas y empresas que se incorporarían, una omisión que cuestionó el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI, después de que la mayoría aceptara el cambio en votación económica. “¿Y el mensaje al contribuyente cumplido cuál va a ser?”, preguntó el legislador, al reclamar que se otorgaran beneficios sobre obligaciones fiscales ya determinadas sin definir su impacto en los ingresos públicos.
Baja el límite para pedir prestado, pero la deuda seguirá creciendo
La Ley de Ingresos también permite al gobierno federal contratar endeudamiento neto interno de hasta 1.7 billones de pesos y externo de hasta 13 mil 500 millones de dólares, montos que generaron cuestionamientos de la oposición por el destino de los préstamos y el costo de los intereses.
El límite interno es 80 mil millones de pesos menor que los 1.78 billones autorizados para 2026, pero eso no significa que el país vaya a deber menos, pues permite sumar deuda después de descontar los pagos para reducir préstamos anteriores.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que la deuda pública, en su medida más amplia, alcanzaría unos 21.7 billones de pesos en 2027, equivalentes al 55 % del Producto Interno Bruto (PIB), más de la mitad del valor de los bienes y servicios que produce México en un año.
También lee: Diputados aprueban reforma a la Ley de Ingresos; buscan recuperar 20 mil mdp que adeudan empresas de seguros
Durante la discusión en lo particular, la diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó que el aumento de la recaudación y del endeudamiento no estuviera acompañado de una estrategia suficiente de inversión y crecimiento. “Cada peso destinado al pago de intereses es un peso menos, por ejemplo, para la salud, para la educación, para la infraestructura”, señaló.
La presión se refleja en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que contempla alrededor de 1.6 billones de pesos para cubrir intereses, comisiones y otros costos financieros de la deuda pública, una cantidad superior a los recursos previstos para inversión física, pues por cada 100 pesos destinados a infraestructura, obras y equipamiento, el gobierno federal gastaría aproximadamente 150 pesos en el costo financiero de la deuda.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna, de Morena, defendió la reducción del límite de endeudamiento interno y sostuvo que los préstamos permiten financiar proyectos productivos, al mencionar inversiones en infraestructura energética, ferroviaria, carretera, hospitales y vivienda. “La deuda bien aplicada es una herramienta legítima y necesaria para impulsar el crecimiento”, afirmó.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, corresponderá al Senado revisar la Ley de Ingresos y la ampliación del programa de regularización fiscal, mientras la distribución de los recursos entre programas y dependencias se resolverá después en el Presupuesto de Egresos.