Protección, policías y empresas: la red ligada al exesposo de Marina del Pilar Ávila que señala EU
Manu Ureste y Ernesto Eslava · 30 de septiembre de 2026
Protección política para evitar la intervención de las autoridades. Policías al servicio del narcotráfico. Y empresas y campañas políticas utilizadas para lavar sobornos. Esos son los componentes de la presunta red que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala en Baja California y en cuyo centro coloca a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su hermano Luis Alfonso.
El señalamiento, difundido el martes 29 de septiembre, atribuye a cada uno una función: Carlos habría utilizado su influencia política para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa; Luis Alfonso habría recibido sobornos y lavado los recursos mediante negocios y campañas políticas.
La estructura también habría contado con protección policial. Según el Tesoro, el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, recibió pagos de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, a cambio de permitir que el cártel controlara la corporación municipal para facilitar el tráfico de drogas y realizar operaciones al servicio del grupo criminal.
El alcance de las sanciones se extiende a Tijuana. Allí aparecen Jorge Mario y Jerónimo Javier Vera Ayala, identificados por el Tesoro como colaboradores de Jesús González Lomelí, a quien había sancionado en septiembre de 2025 por sus presuntas actividades de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y su relación con René Arzate García, “La Rana”.
Los Vera Ayala son ahijados del empresario Jorge Hank Rhon y han formado parte de su equipo de seguridad, de acuerdo con información recabada en Tijuana para esta nota y antecedentes publicados por el semanario ZETA.
Carlos Torres negó cualquier vínculo criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por su parte, anunció la incorporación de las 21 personas y 25 entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a su Lista de Personas Bloqueadas.
Mexicali: influencia política y control policial
El Departamento del Tesoro identifica a “Los Rusos” como una subfacción de “Los Mayos”, dentro del Cártel de Sinaloa, que mantiene el dominio de Mexicali mediante violencia y corrupción de funcionarios.
Al frente sitúa a Juan José Ponce Félix, también conocido como Jesús Alexandro Sánchez Félix, “El Ruso”. A su alrededor describe dos formas de protección: una policial, mediante Mendivil, y otra política, a través de Carlos Torres.
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Además de atribuir al exmando municipal la recepción de sobornos del líder criminal, el comunicado señala que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendivil para permitir que la organización operara con relativa impunidad en el estado.
A Luis Alfonso Torres le atribuye recibir esos sobornos y lavar los fondos mediante empresas y campañas políticas. La dependencia no precisa cantidades, fechas de los pagos ni identifica las campañas involucradas.
La OFAC incluyó cinco empresas que vincula con Luis Alfonso: Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF. También sancionó al Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, que relaciona con Mendivil.
El documento describe otra conexión entre actividades criminales e influencia política: Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal en Chihuahua y exasesor legislativo en Baja California. Según el Tesoro, proporcionó favores políticos a José Ángel Rivera Zazueta, señalado como dirigente del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos. Lo identifica como conocido de Carlos Torres, aunque no detalla una operación conjunta entre ambos.
Parte de las acusaciones contra los hermanos Torres y Mendivil ya había aparecido en una investigación de N+ Focus. El 20 de enero de 2026, ese medio informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba una presunta red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado a partir de una denuncia presentada en junio de 2025.
Según la denuncia citada por N+, Carlos Torres habría recibido 150 mil dólares mensuales de Mendivil para permitir las operaciones de “Los Rusos”. Ese monto corresponde a la información difundida por el medio, no al comunicado estadounidense del martes.
Tijuana: los Vera Ayala y las empresas sancionadas
En Tijuana, el Tesoro describe una red de operadores financieros y negocios vinculados con “La Rana”, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa en esa ciudad. Dentro de esa estructura ubica a los hermanos Vera Ayala.
A Jerónimo Javier lo identifica como socio de González Lomelí y le atribuye participación en tráfico de drogas y lavado mediante sus negocios conjuntos. A Jorge Mario lo señala como colaborador de varios cárteles en el tráfico de estupefacientes, enlace para sus actividades en Tijuana y presunto lavador de dinero del Cártel de Sinaloa.
Las cuatro empresas sancionadas en este apartado son Xolo Gas de Baja California, Lthings México, Codesuam y Grupo Baja Firme. El comunicado las vincula específicamente con Jerónimo Vera por propiedad, control, dirección o actuación en su nombre. La medida anunciada por la UIF alcanza también a estas sociedades y a ambos hermanos.
Su relación con Hank Rhon tiene antecedentes públicos. ZETA ha documentado que el empresario es su padrino, les dio empleo en sus negocios y, durante su periodo como alcalde de Tijuana, entre 2004 y 2007, designó a Jorge Mario en labores de seguridad y protección. El comunicado del Tesoro no incluye a Hank Rhon entre los sancionados.
Jorge Mario también cuenta con antecedentes judiciales relacionados con presunta protección al Cártel Arellano Félix. En octubre de 2015, ZETA informó que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco había vuelto a ordenar su captura por delincuencia organizada, después de un amparo que obligó a reponer el procedimiento. El semanario lo identificó entonces como prófugo y excomandante de la Policía Municipal de Tijuana.
Ambos son hijos de Antonio Vera Palestina, quien cumplió una condena de 25 años por el asesinato de Héctor “El Gato” Félix Miranda, cofundador de Zeta, cometido en 1988. Vera Palestina trabajó como jefe de seguridad de Grupo Caliente y falleció en diciembre de 2023.
“Los Rusos” y el control de la frontera
Los Rusos de Mexicali son distintos de la banda homónima de Acapulco, Guerrero. Según una revisión de ZETA, el grupo del noroeste pertenece a la estructura del Cártel de Sinaloa; el de Acapulco surgió de una escisión del Cártel Independiente de Acapulco y tiene otros mandos.
La DEA identifica al grupo de Ponce Félix como una facción leal a Ismael “El Mayo” Zambada, encargada del corredor de tráfico de drogas de Mexicali. Le atribuye la distribución de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos, así como el envío de las ganancias a México.
ZETA reportó en septiembre de este año, con base en información de autoridades, que “El Ruso” fue trasladado de Mexicali a Tepuche, Sinaloa, en 2013 y regresó a Baja California como mando criminal en octubre de 2019. Desde entonces ubica a su grupo en el control de rutas entre Sonora, Mexicali y Estados Unidos para la facción de los Zambada.
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Tras la detención de “El Mayo” en julio de 2024, su hijo Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, asumió el liderazgo de Los Mayos, según el Tesoro. La dependencia considera que las rutas fronterizas de Baja California son fundamentales para sus operaciones y distingue dos plazas: Mexicali, bajo “Los Rusos”, y Tijuana, donde sitúa a los hermanos Alfonso y René Arzate García, “Aquiles” y “La Rana”.
La acusación de comprar protección institucional tiene al menos un año. El 16 de septiembre de 2025, cuando Estados Unidos anunció una recompensa de cinco millones de dólares por “El Ruso”, la DEA recogió un señalamiento del Departamento de Estado: presuntamente pagaba más de un millón de dólares mensuales en sobornos a funcionarios, policías y militares mexicanos.
Ese anuncio no identificó a los beneficiarios, por lo que no permite atribuir aquella cantidad a los hermanos Torres o a Mendivil.
La defensa de Torres y la sociedad de Marina del Pilar
“Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”, respondió Carlos Torres en un comunicado difundido el martes.
Sostuvo que los señalamientos comenzaron con denuncias anónimas ante la FGR en 2025 y aseguró que no había sido citado a comparecer. Anunció que realizará gestiones ante la OFAC y otras autoridades para aclarar la información.
También reconoció ser propietario del 30 % de Vida Orgánica Tijuana, cuyo nombre comercial es Vive Orgánico. Afirmó que es la única empresa sancionada en la que participa y declaró ventas mensuales promedio de 570 mil pesos.
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La empresa conecta el caso con la gobernadora. Aunque Marina del Pilar ha señalado que el interés que comparte con su exesposo es el bienestar de su hijo, ambos tuvieron una sociedad en Vida Orgánica.
De acuerdo con una publicación de ZETA del 28 de septiembre, la mandataria dejó de figurar en la empresa mediante una rectificación de escrituras realizada el día 10 de ese mes, 19 días antes del anuncio de las sanciones. El semanario reportó que, con el cambio, Carlos Torres duplicó su participación.
El comunicado estadounidense no incluye a Marina del Pilar entre las personas sancionadas ni le atribuye operaciones de lavado de dinero. Sí sostiene que la corrupción asociada al cártel ha alcanzado los niveles más altos del gobierno estatal.
La relación política de Torres con la administración precede al caso. Exdiputado federal y local del PAN, fue expulsado de ese partido en 2019 después de apoyar la reforma que pretendía ampliar el mandato de Jaime Bonilla. Posteriormente se afilió a Morena y desempeñó cargos honorarios en proyectos públicos de Baja California.
En mayo de 2025, él y Marina del Pilar hicieron público que Estados Unidos les había revocado sus visas. Torres sostuvo entonces que se trataba de una medida administrativa que no representaba una acusación o investigación formal. Dejó sus cargos honorarios en junio y, en octubre, la gobernadora confirmó que estaban en proceso de divorcio.
El Tesoro afirma ahora que la visa de Torres fue retirada por su afiliación y actividades en favor del Cártel de Sinaloa. No explica los motivos de la revocación de la visa de la mandataria.
En México, la UIF señaló que su análisis identificó, entre algunos de los sancionados, operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras. Aclaró que el bloqueo es una medida administrativa preventiva que no acredita responsabilidades y que los afectados cuentan con mecanismos de defensa.
El comunicado estadounidense identifica personas, empresas y presuntas funciones dentro de las redes de protección al cártel. Quedan sin detallar aspectos centrales de las acusaciones: durante cuánto tiempo habrían operado, cuánto dinero habrían movilizado y qué campañas políticas habrían recibido recursos ilícitos.