Ley Catastral: qué cambia y por qué la oposición alerta sobre un "predialazo"

La aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral abrió un debate sobre la manera en que las autoridades registran las propiedades en México y las posibles consecuencias de actualizar su información.

Mientras el gobierno federal defiende que la legislación busca modernizar los catastros, facilitar trámites y dar mayor certeza jurídica sobre los inmuebles, legisladores de la oposición alertan sobre el riesgo de que los cambios faciliten incrementos en el impuesto predial, preocupación que han resumido con la expresión “predialazo”.

Sin embargo, el abogado administrativo Luis Bravo aclara que la norma no fija un aumento automático del impuesto, sino que la clave radica en distinguir entre la actualización de los registros y la modificación técnica del cobro del predial en cada municipio.

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¿Qué es la Ley Catastral?

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral busca establecer mecanismos comunes para organizar, actualizar y compartir información sobre los inmuebles en México.

Actualmente, los catastros y los registros públicos de la propiedad son administrados por autoridades locales, de acuerdo con sus respectivos marcos normativos. Aunque ambos sistemas contienen información relacionada con los inmuebles, sus funciones son diferentes y sus bases de datos no siempre están conectadas de manera eficiente.

El catastro identifica las características físicas y territoriales de una propiedad, como su ubicación, superficie y valor catastral. El Registro Público de la Propiedad, en cambio, concentra información jurídica sobre los derechos inscritos, incluidos los relacionados con la titularidad de los inmuebles.

La legislación busca mejorar la coordinación entre estos sistemas para reducir inconsistencias, facilitar consultas y contar con información más completa sobre las propiedades. También pretende impulsar la digitalización de trámites y establecer criterios técnicos comunes.

El objetivo, de acuerdo con los argumentos de sus impulsores, es contar con registros más confiables que faciliten la administración del territorio, la planeación urbana y la certeza jurídica en las operaciones inmobiliarias.

¿Qué cambia con la nueva ley?

Uno de los cambios centrales es la creación de herramientas para identificar los inmuebles y vincular la información catastral con los datos del Registro Público de la Propiedad. El objetivo es que las autoridades puedan consultar información más consistente sobre casas, edificios y terrenos, reducir duplicidades y facilitar los trámites relacionados con los inmuebles.

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Entre los instrumentos contemplados se encuentra la Clave Única Catastral, que funcionará como identificador de cada propiedad dentro del sistema nacional. También se crea la Cédula Única Catastral y Registral, que permitirá relacionar los datos catastrales del inmueble con su folio real en el Registro Público de la Propiedad. La intención es que la información física y administrativa de un predio pueda vincularse con los datos jurídicos correspondientes.

La ley también contempla una Plataforma Catastral Municipal y una Plataforma de Registros Públicos de la Propiedad para consultar información, utilizar mapas digitales georreferenciados y realizar trámites en línea. Entre las herramientas previstas están los pagos electrónicos y la posibilidad de gestionar procedimientos relacionados con el impuesto predial mediante la identidad digital Llave MX.

¿Qué papel tendrá la Agencia de Transformación Digital?

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Peña Merino, tendrá un papel central en la implementación tecnológica de la ley. Entre sus atribuciones estarán desarrollar y administrar las plataformas, establecer modelos y criterios técnicos para homologar los sistemas catastrales y registrales, así como dar seguimiento a la actualización de la información.

La dependencia también deberá impulsar la interoperabilidad de las plataformas, es decir, que los sistemas de distintas autoridades puedan intercambiar información, y supervisar el cumplimiento de los plazos previstos para modernizar los registros y la cartografía de los inmuebles.

Uno de los puntos que generó críticas durante la discusión legislativa fue precisamente el alcance de estas facultades. Mientras los promotores de la ley sostienen que contar con criterios comunes permitirá reducir la burocracia y mejorar los servicios, representantes de la oposición cuestionaron que la Agencia pueda establecer lineamientos y modelos que deberán seguir las autoridades estatales y municipales.

¿La Ley Catastral puede aumentar el impuesto predial?

La aprobación de la ley no implica, por sí misma, que todas las personas propietarias deban pagar más predial. Para entender por qué surgió esa preocupación, es necesario distinguir entre actualizar los registros de los inmuebles y modificar el monto de un impuesto, explica Luis Bravo, abogado administrativo.

“El predial es una contribución relacionada con la propiedad inmobiliaria cuyo cálculo depende de las disposiciones fiscales aplicables en cada entidad o municipio. Para determinarlo se consideran elementos como el valor catastral, las tasas o tarifas correspondientes y otros criterios establecidos en la normativa local”, añade el especialista.

El valor catastral es una valoración administrativa del inmueble que puede utilizarse como base para calcular el impuesto. No necesariamente coincide con el valor comercial, es decir, con el precio al que podría venderse una propiedad en el mercado.

Para Luis Bravo, un ejemplo de lo anterior es que, si una vivienda tiene un valor catastral inferior a su precio de mercado y la autoridad competente actualiza esa valoración, la base para calcular el predial podría aumentar. Sin embargo, el efecto sobre el recibo dependerá de las reglas fiscales aplicables y de la forma en que se realice el ajuste.

Por eso, la modernización de los registros y la actualización de los valores catastrales son asuntos relacionados, pero no equivalentes a establecer un incremento automático del impuesto en todo el país.

¿Por qué la oposición alerta sobre un “predialazo”?

La oposición advirtió que la nueva Ley Catastral podría facilitar incrementos en el impuesto predial, aunque el texto no establece por sí mismo un aumento generalizado de este gravamen. Su preocupación se centra en que la actualización de los registros inmobiliarios permita ajustar los valores catastrales para acercarlos a los precios de mercado, lo que podría elevar la base utilizada para calcular el impuesto.

La priista Carolina Viggiano sostuvo que la legislación abre la puerta a un aumento indirecto del predial. Durante la discusión en el Senado, argumentó que la propuesta busca impulsar la recaudación y, en una segunda etapa, actualizar los registros para que el valor de las viviendas se ajuste al del mercado inmobiliario. A ese posible efecto se refirió como un “predialazo por la puerta de atrás”.

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Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales cuestionó el alcance de las facultades federales y consideró que la legislación podría restar fuerza a los estados y municipios. 

Por su parte, la panista Guadalupe Murguía Gutiérrez señaló que las atribuciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para establecer lineamientos, modelos y planes podrían representar una concentración excesiva de decisiones en el gobierno federal. 

En contraste, legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) defendieron la iniciativa con el argumento de que busca dar certeza jurídica a la propiedad, reducir la burocracia y corregir inconsistencias entre los catastros y los registros públicos.