Edgar Ledesma · 29 de septiembre de 2026
La reforma conocida como “ley antimemes” avanzó este martes en comisiones de San Lázaro por 18 votos contra seis, sin debate en lo general y sin incorporar las dos reservas del Partido Acción Nacional (PAN), que buscaban proteger la libertad de expresión y evitar la suspensión del servicio de internet sin una resolución judicial previa.
Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Cámara de Diputados e integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se enteró de la aprobación por los reporteros y dijo que esperaba una discusión más profunda.
“Me vengo enterando ahora por ustedes, porque venía yo bajando para registrar mi asistencia y para platicar con ustedes, que al parecer se acaba de votar en comisiones. Yo hubiera esperado que hubiera una discusión más profunda”, declaró Bolaños Cacho.

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La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum busca hacer responsables a los proveedores de internet por determinadas infracciones a los derechos de autor cometidas mediante sus servicios. La línea que intentó fijar el Partido Acción Nacional (PAN) fue que esa responsabilidad no llevara a retirar expresiones legítimas ni a suspender el servicio a usuarios sin garantías para defenderse.
En la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad se dispensó la lectura del dictamen y, cuando la secretaría preguntó si alguien quería hablar sobre el proyecto, ningún legislador pidió la palabra. Se pasó entonces a la votación en lo general; después fueron presentadas dos reservas del PAN, ambas rechazadas.
La diputada María Angélica Granados propuso eliminar la disposición que obliga a los proveedores a contar con una política para terminar el servicio a usuarios considerados infractores reincidentes. Cuestionó que el dictamen no establezca quién determina esa condición, cuántas infracciones se requieren ni cómo puede impugnarse la medida.
“Notificar a un usuario no es garantizar el debido proceso; avisarle que perderá el servicio no equivale a darle la oportunidad real de presentar pruebas y obtener una revisión imparcial antes de cortar su conexión a internet”, sostuvo Granados.
La reserva de Marcelo Torres Cofiño tenía otro alcance: pedía proteger expresamente la libertad de expresión, la prensa y la crítica política en las políticas de los proveedores, además de exigir una resolución judicial definitiva antes de suspender el servicio.

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“¿Cuál es el riesgo? Que ante el temor de ser sancionados prefieran bloquear primero y preguntar después”, advirtió el diputado panista.
La iniciativa reforma el artículo 114 Octies y añade los artículos 114 Nonies y 232 Septies a la Ley Federal del Derecho de Autor. Prevé multas a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que pueden superar los 4.6 millones de pesos. El dictamen aprobado exige publicar la política sobre infractores reincidentes, incluir mecanismos mínimos de notificación y establece un plazo de 180 días naturales para su entrada en vigor, si completa el trámite legislativo.
La organización ARTICLE 19 advirtió que el riesgo de sanciones puede incentivar a las empresas a vigilar a sus usuarios y retirar contenidos ante denuncias por derechos de autor, antes de que una autoridad judicial determine si hubo una infracción. La organización pidió desechar la propuesta y abrir su discusión a la sociedad civil.
El apodo “ley antimemes” también se ha utilizado para otra reforma contra la piratería, tramitada en el Senado. Aquella se refiere, entre otros puntos, al uso de símbolos e identidad gráfica del gobierno; el dictamen aprobado en San Lázaro aborda la responsabilidad de los proveedores de internet por derechos de autor.
El proyecto fue remitido a la Mesa Directiva, pero no se votará este martes en el Pleno. Bolaños Cacho explicó que mañana comparecerá el secretario de Hacienda y que la próxima semana se discutirán cuatro dictámenes, entre ellos el que acababa de aprobar la Comisión de Economía.