Alfredo Maza · 18 de noviembre de 2026
Martha Magaña López, jueza en retiro forzoso investigada por otorgar una suspensión contra la reforma judicial en 2024, solicitó formalmente a la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que el procedimiento de responsabilidad administrativa 58/2026 abierto en su contra se discuta y resuelva en una audiencia pública.
Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) confirmó que la juzgadora solicitó que la sesión cuente con acceso presencial y transmisión en vivo por los canales oficiales de la institución, resguardando únicamente los datos personales e información confidencial de terceros.
En su escrito, la jueza Martha Magaña sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer los argumentos de su defensa, las posturas de los integrantes del tribunal y el sentido del voto de cada magistrado en este caso de interés público.

Aunque el artículo 111 del Reglamento Interior del Tribunal de Disciplina Judicial estipula sesiones privadas, Magaña López argumentó que dicha norma de carácter interno posee menor jerarquía legal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para fundamentar su petición de máxima publicidad, citó los artículos 1º, 6º y 17º constitucionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los principios de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala la difusión pública de estos procesos a solicitud de la persona investigada.
La solicitud ocurre tras la audiencia del 8 de octubre de 2026, fecha en la que juzgadores que se manifestaron a las afueras de la sede del TDJ en la Ciudad de México denunciaron que se les impidió el ingreso. Mientras tanto, la jueza Martha Magaña compareció mediante videollamada desde Madrid, España, donde reside actualmente.
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A través de un comunicado oficial emitido ese mismo día, el Tribunal de Disciplina Judicial aclaró que “mantiene la reserva legal de los procedimientos en curso para salvaguardar la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso”, garantizando la privacidad mientras concluyen las investigaciones.
Asimismo, el órgano disciplinario enfatizó que “los detalles de los expedientes que se han hecho del conocimiento público se difundieron porque así lo decidieron las personas directamente implicadas”.
Por último, detalló que durante su primer año de gestión, 231 de 314 resoluciones finalizaron sin formulación de imputación.
El proceso en contra de la jueza Martha Magaña se remonta a agosto de 2024, cuando concedió suspensiones en juicios de amparo para detener la discusión legislativa del proyecto de reforma judicial promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras se analizaba la reglamentación interna de la Cámara de Diputados previa a su aprobación constitucional.
Dicha reforma culminó en la destitución de la mitad de los jueces y magistrados federales del país, así como de la totalidad de las y los ministros de la Suprema Corte. En 2028 se realizará la siguiente elección para remover a la otra mitad faltante de juzgadores.
En la conclusión de su escrito ante el Tribunal de Disciplina, la jueza remarcó que “la sociedad mexicana exige un ejercicio de justicia transparente y de puertas abiertas. El debate sobre el ejercicio jurisdiccional y la defensa de la independencia judicial debe darse de cara a la ciudadanía”.