Inzunza desestima las 23 mil firmas que piden su desafuero: "a mí me eligieron 650 mil sinaloenses"
Con información de Noroeste · 1 de octubre de 2026
El senador Enrique Inzunza Cázarez respondió a la entrega de 23 mil firmas ciudadanas que solicitan retirarle el fuero para que pueda ser investigado, al señalar que su mandato proviene del voto de casi 650 mil sinaloenses.
“Lo que le puedo decir es que yo respeto cualquier expresión. Lo que le puedo decir es que a mí me eligieron casi 650 mil sinaloenses, hombres y mujeres libres y honestos en Sinaloa”, declaró.
Al ser cuestionado respecto a si esa postura minimizaba las firmas entregadas, Inzunza Cázarez insistió en el respaldo obtenido en las urnas durante el proceso electoral de 2024: “650 mil votos, hablan por sí solos”, respondió.
La solicitud de desafuero fue presentada el 29 de septiembre de 2026 ante la Cámara de Senadores por la Alianza Mexicana de Abogados, la Federación de Abogados de Sinaloa y Vania Pérez Morales, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
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Las agrupaciones sostuvieron que cuentan con elementos suficientes para avanzar con el juicio de procedencia.
Según las organizaciones promoventes, existen carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada contra el senador por tráfico de influencias, además del requerimiento formulado desde Estados Unidos en abril de 2026.
La declaratoria de procedencia corresponde a la Cámara de Diputados, que deberá determinar si turna el expediente a la Sección Instructora para su dictamen. Mientras el fuero constitucional permanezca vigente, el legislador conserva la protección procesal que impide ejercer acción penal en su contra.
Inzunza ha rechazado los señalamientos, calificándolos de “falsos, dolosos e infundados”. Ha sostenido que los ataques se deben a motivaciones políticas dirigidas a desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación. El senador solicitó una licencia temporal a su cargo tras la publicación de las acusaciones.
Sin embargo, el 30 de mayo de 2026 se reincorporó formalmente a sus actividades parlamentarias. A pesar de la presión ejercida por partidos de oposición, como el PAN y Movimiento Ciudadano, que han exigido su separación definitiva del cargo y el retiro de su fuero constitucional.
En agosto de 2026, Enrique Inzunza Cázarez anunció su separación del grupo parlamentario de Morena para ejercer su cargo de senador como independiente.
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“Por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de senador de la República de manera independiente, y conforme a la rectitud de mis deberes”, escribió en una carta que publicó en sus redes digitales.
Con su decisión de mantenerse en el cargo, el legislador mantiene su fuero constitucional. La separación de Inzunza de la bancada de Morena viene cuatro días después de que el gobernador Rubén Rocha Moya pidió licencia a su cargo por segunda ocasión, tras la desaprobación de Claudia Sheinbaum.
Las acusaciones contra Rocha, Inzunza y otros exfuncionarios de Sinaloa
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
En la acusación se señala a Ruben Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.
Las personas señaladas habrían participado en una conspiración corrupta y violenta, en la que protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales; proporcionaron información confidencial de fuerzas de seguridad y del Ejército a narcotraficantes aliados; instruyeron a agentes de corporaciones estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga; y permitieron que se cometieran actos de violencia sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares en sobornos.
Por las acusaciones, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades de EU el pasado 11 de mayo y cuatro días después se declaró no culpable en la audiencia inicial ante la Corte federal de Nueva York.
Ese mismo día se dio a conocer la entrega del exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya, Enrique Díaz Vega.
Meses después de haber pedido licencia, el gobernador Rocha Moya regresó al cargo, sin embargo, ante críticas de la oposición, de Morena e incluso de la propia presidenta Claudia Sheinbaum volvió a separarse como gobernador de Sinaloa de forma temporal.