Edgar Ledesma · 10 de noviembre de 2026
El INE prevé poner en pausa proyectos para enfrentar el recorte de 6 mil millones de pesos aprobado en lo general por la Cámara de Diputados para 2027, aunque su presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, descartó reducir el número de casillas y aseguró que los ajustes deberán preservar la organización de las elecciones y los servicios a la ciudadanía.
La reducción llega cuando el instituto prepara los comicios para renovar las 500 diputaciones federales y atender las elecciones locales, mientras busca resolver las demandas de trabajadores que este lunes pararon labores en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), donde se tramita la credencial para votar.
En conferencia de prensa este martes, Cruz explicó que todavía deben recibir la notificación formal del presupuesto para definir dónde aplicarán los ajustes, aunque adelantó que revisarían actividades que puedan aplazarse sin comprometer las tareas electorales, una propuesta que deberá someterse al Consejo General.

“¿Cuál es la prioridad que todas y todos tenemos? Este es un acuerdo colegiado, debemos garantizar las actividades del proceso electoral y podemos entonces ver algunas afectaciones en segundos proyectos, es decir, proyectos que no estén de manera prioritaria relacionados con el proceso electoral y que, de momento, puedan quedar en pausa. ¿Para qué? Para que no tengamos ninguna afectación ni en la organización de las elecciones ni en los servicios que presta el instituto a la ciudadanía”, sostuvo.
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Ante la pregunta de si el recorte llevaría a instalar menos casillas, respondió “no, de ninguna manera”, y precisó: “El proceso electoral tiene las garantías de que se va a llevar a cabo en junio de 2027 conforme lo dice la normativa, casilla en cada sección o el número de casillas que se determinen en cada sección, con ese esquema al que todas y todos estamos acostumbrados. Entiendo que la pregunta viene en el sentido del Poder Judicial, en donde se tuvo que reducir el número de casillas. No es esta la ocasión”.
La consejera Carla Humphrey planteó que algunos proyectos podrían quedar presupuestados en ceros y retomarse si durante el año se generan ahorros, aunque las consejerías no presentaron una lista de las actividades que serían afectadas, pues esa misma revisión permitirá determinar cuánto más pueden ofrecer a sus trabajadores.
El paro del lunes dejó sin operar 544 de los 841 módulos del país, equivalentes al 64.7%, según el balance presentado por Humphrey al término de las negociaciones, en las que los empleados aceptaron un aumento base de 6%, pero mantuvieron la demanda de alcanzar una remuneración equivalente a dos salarios mínimos.
Cruz precisó que el instituto puede cubrir ese 6% durante todo 2027 con los recursos disponibles, mientras que elevar el incremento a un rango de entre 8% y 12% dependerá de las redistribuciones presupuestales, por lo que el porcentaje adicional todavía no está garantizado.
Cuestionada sobre la expectativa de que los empleados dupliquen su sueldo el próximo año, la presidenta provisional aclaró que el acuerdo no asegura ese resultado: “No está en nuestra competencia hacer ese compromiso porque el recurso del que disponemos no es suficiente”, y explicó que la petición de los trabajadores fue que, si el INE no puede atender su demanda, solicite el dinero necesario.

Humphrey detalló que una eventual ampliación se pediría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una vez iniciado el ejercicio fiscal de 2027 y después de determinar cuánto puede aportar el organismo, con una justificación de los montos y las partidas que necesitaría reforzar.
El instituto también analiza extender el beneficio al personal de juntas locales y distritales con niveles salariales equivalentes a los de los empleados de módulos, aunque todavía no tiene una estimación de cuántas personas podrían recibirlo, mientras Cruz aclaró que la reducción a los sueldos de las consejerías ya estaba incorporada en el proyecto de presupuesto y no representa un ahorro adicional disponible.
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Tras el acuerdo, la presidenta provisional informó que los módulos operaban este martes con normalidad y que se reprogramaban las citas afectadas, además de revisar las demandas sobre mantenimiento, equipos, insumos, días de descanso y espacios para tomar alimentos, compromisos que también abarcan las condiciones laborales en juntas locales y distritales.
La presidenta provisional informó que Guadalupe Taddei presentó las actas de entrega-recepción después de que venció el plazo, luego de que el instituto notificó esa situación al Órgano Interno de Control (OIC) y solicitó a las áreas la entrega correspondiente.

“Se entregaron físicamente ya las actas por parte de ella, después de este plazo”, afirmó Cruz, quien explicó que el procedimiento de recepción continúa bajo la conducción del OIC, una actualización respecto de lo informado el 6 de noviembre, cuando señaló que las oficinas habían sido resguardadas tras la renuncia y seguía pendiente concluir la entrega de bienes y documentación.
Sobre las investigaciones relacionadas con la administración anterior, Cruz señaló que hasta ese momento no había revisiones presenciales en marcha por parte de las autoridades competentes, mientras que la consejera Carla Humphrey sostuvo que las consejerías acordaron por unanimidad presentar las denuncias y que corresponderá a esas instancias reunir las pruebas y determinar si existen elementos para llevar los casos ante un juez.