Edgar Ledesma · 31 de marzo de 2026
El relevo de tres asientos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) llega acompañado de dudas sobre los perfiles que buscan ocuparlos, el filtro que aplicará el comité técnico y el tipo de árbitro que quedará sentado rumbo a las elecciones de 2027 y a los preparativos de 2030. En entrevista con Animal Político, Dania Ravel, una de las tres consejerías que concluyen su periodo, sostiene que la discusión no debería reducirse a una lista de nombres: lo que está en juego, dice, es el rumbo institucional del INE y la confianza que pueda conservar como autoridad electoral.
Detrás de ese relevo no está sólo la sustitución de tres personas. Las consejerías del INE votan decisiones que terminan marcando el rumbo del árbitro electoral: desde la organización de los comicios hasta criterios sobre paridad, fiscalización o inclusión. El perfil de quienes lleguen al Consejo General no es un detalle menor, sino parte de la disputa para definir el tipo de institución que operará en los próximos años.
La conversación arrancó con una pregunta abierta sobre cómo deja el cargo tras nueve años. Dania Ravel respondió con una mezcla de satisfacción y preocupación. Dijo que se va contenta por los avances en inclusión y paridad, pero preocupada por lo que considera un debilitamiento interno del Instituto. Desde esa primera respuesta llevó la conversación a una inquietud concreta: dijo que, con la reforma judicial, la presidencia del INE, hoy encabezada por Guadalupe Taddei, recibió la facultad exclusiva para nombrar titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, una atribución que antes correspondía al Consejo General. A su juicio, eso “merma la colegialidad del instituto” y abre espacio a “decisiones unilaterales”.

—¿Con qué sensación personal se va del INE?
—“Me voy con la satisfacción de que se tuvieron muchos avances en materia de inclusión y de paridad de género, pero también, por el lado contrario, con la sensación de que se ha perdido un poco la colegialidad en el instituto porque, por ejemplo, en el marco de la elección judicial, a pesar de que no tenía absolutamente nada que ver, se hizo una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para darle la facultad exclusiva a la presidencia del INE de hacer las designaciones de las personas titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas, facultad que antes tenía el Consejo General.”
Cuando se le pidió bajar esa idea a términos menos técnicos, fue más directa. Explicó que el problema no es sólo un cambio administrativo, sino que la presidencia concentre decisiones que antes pasaban por un órgano donde intervenían distintas voces.
—En términos menos técnicos, ¿qué es lo grave?
—“Pues que haya decisiones unilaterales; por ejemplo, yo tengo la impresión de que cuando se hizo el diseño institucional del INE se pensó justamente en un órgano colegiado para que se escucharan diversas voces, para un poco refrendar esa pluralidad que estamos buscando y que tiene que existir en una democracia. Y cuando ya dejan de escucharse distintas voces, distintas perspectivas sobre los temas, se pierde esa naturaleza con la cual me parece que se concibió el Instituto Nacional Electoral”.
Si la primera respuesta puso sobre la mesa su preocupación por el tipo de INE que deja, la siguiente la llevó directo al relevo de tres consejerías. No se fue a los nombres, sino al peso que tienen los perfiles que llegan al Consejo General y al proceso con el que se les filtra. Su argumento fue simple: no da lo mismo quién ocupe esas sillas, porque de esa integración dependen decisiones que pueden cambiar el rumbo electoral del país.
—¿Cómo ve el proceso para elegir a quienes van a ser sus sustitutos?
—“Los perfiles que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral importan mucho, porque van a marcar las decisiones y el rumbo en materia electoral que van a tomar el INE y el sistema electoral mexicano. Yo siempre pongo como ejemplo lo que pasó con la paridad en las gubernaturas. Ese tema no avanzaba con una integración, hubo una modificación en 2020 y cambió completamente el panorama. En temas tan relevantes como este pueden hacer la diferencia los perfiles que integren el Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.
Su advertencia llega en un momento en que el relevo ya abrió cuestionamientos sobre los aspirantes. Entre los 395 registros, de acuerdo con reportes periodísticos publicados este lunes, aparecen funcionarios del propio INE, exasesores o asesores de la actual presidencia y perfiles ligados a Gobernación. Ahí están, por ejemplo, Roberto Carlos Félix López, director de Organización Electoral, quien trabajó con Guadalupe Taddei en el órgano electoral de Sonora y después fue su asesor en el INE; Pedro Pablo Chirinos, titular del área de vinculación con los institutos electorales locales y antes asesor de la presidencia; Juan Manuel Vázquez Barajas, director de Asuntos Jurídicos; y Bernardo Valle Monroy, identificado en esa cobertura como integrante del equipo redactor de la fallida reforma electoral desde Gobernación.
A esa discusión se suma el comité técnico que filtrará a los aspirantes y definirá quiénes avanzan en el proceso. En la cobertura reciente aparecen Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada electoral y excandidata en la elección judicial; Rubén Jesús Lara Patrón, exmagistrado ligado al caso Karla Estrella; y Selene Cruz Alcalá, actual magistrada representante del Gobierno federal ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Más allá del ruido político que rodea a esos nombres, el punto de Dania Ravel fue otro: no sólo importa quién quiere llegar al Consejo General, sino también quién evalúa esos perfiles y con qué criterios.

—¿Qué pesa más en este relevo: el proceso o los perfiles?
—“Yo creo que en el papel está bastante bien, el proceso de asignación que tenemos previsto en la Constitución. El punto es, como siempre, los perfiles que integren también este proceso. Por ejemplo, el Comité Técnico de Evaluación. Es importante que ahí se tengan perfiles sólidos, imparciales, perfiles con conocimiento en materia electoral para que a su vez puedan hacer una correcta evaluación de quienes aspiran a ser consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. En el marco del proceso es importante, por supuesto, que se escuchen todas las voces, por ejemplo, cuál es la opinión que tiene alguna fuerza política y llegar a un consenso para designar a los mejores”.
Cuando se le preguntó por el peso de un perfil cercano al gobierno o por la falta de independencia, respondió que importan varias cosas a la vez: conocimiento técnico, experiencia electoral e independencia. Sobre esta última dejó una de las frases más claras de la entrevista: “la independencia es un estado mental”. Pero no se quedó en la frase. Ligó esa idea con el momento actual del Instituto y con la presión que, a su juicio, ya enfrentan las consejerías por el sentido de sus votos.
—¿Qué es más preocupante en un consejero: las lealtades políticas o la falta de independencia?
—“A mí me parece que varias cosas. Primero, el conocimiento técnico, porque si bien es cierto que hay áreas técnicas especializadas, se debe tener el suficiente conocimiento como para poder discernir si algo que está proponiendo un área técnica es correcto, es viable o no. Por supuesto que un rasgo que a mí me parece fundamental cuando vas a integrar un órgano autónomo es la independencia. Y lo he dicho en muchas ocasiones: la independencia es un estado mental. Se pueden dar todas las previsiones normativas para que una persona actúe con independencia, que ahorita ya vimos que se están rompiendo también estas previsiones normativas al dejar que el órgano interno de control se inmiscuya en cuestiones electorales y persiga a las consejerías por el sentido de su voto. Pero bueno, más allá de eso, la persona que esté en este cargo tiene que creerse independiente y actuar en consecuencia”.
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La independencia cobró otro peso cuando habló del procedimiento abierto contra seis consejerías por el sentido de sus votos. Ahí conectó el relevo con el ambiente en que tendrían que ejercer el cargo quienes lleguen al Consejo General. Para la consejera saliente, el problema ya no es sólo el expediente con el que deja el cargo, sino el precedente que puede quedar para quienes vengan después.
—¿Siente que esa libertad hoy está bajo presión?
—“Claro, y una prueba contundente de ello es el procedimiento de responsabilidad administrativa que se nos abrió a seis consejerías, tres que todavía estamos en funciones y tres que ya no están aquí en el Instituto Nacional Electoral. Y se nos abrió no por un tema que tuviera que ver con una infracción de índole administrativa o con, por ejemplo, un acto de nepotismo, algo que sí tuviera que ver con lo que tiene que atender el órgano interno de control, sino por una decisión meramente electoral, por un voto que emitimos en el seno del Consejo General, haciendo uso de nuestras atribuciones y nuestras obligaciones, porque es nuestra obligación debatir los temas que se ponen a consideración del Consejo General y votar en consecuencia”.
Ahí sí se detuvo más. Recordó que esa decisión vino de la discusión sobre la revocación de mandato, en un momento en que el INE no tenía recursos suficientes para instalar el mismo número de casillas que en la elección federal anterior. Explicó que por eso el Consejo decidió posponer actividades relacionadas con la consulta mientras se resolvían impugnaciones y la solicitud de ampliación presupuestal. Para ella, lo que hoy importa ya no es reabrir ese debate, sino el mensaje que deja el procedimiento cuatro años después: que si una consejería vota en un sentido que incomoda, puede ser investigada.
—¿Lo vería más como un mensaje político, este procedimiento que tienen en su contra?
—“Es que no encuentro yo un asidero jurídico para esto. Me parece que se exceden sus facultades, el órgano interno de control, se está invadiendo la materia electoral y con ello se está perjudicando la libertad en el ejercicio del encargo de las consejerías electorales en una cosa tan esencial, como el voto en el Consejo General. Entonces no un asidero jurídico como para decir que éste es el sustento”.
Cuando se le planteó si el procedimiento puede meter miedo a quienes lleguen al Consejo General, Ravel ya no matizó nada. Dijo que ahí está una de las alertas más fuertes del momento que vive el Instituto: que el órgano interno de control valore el sentido del voto de consejerías electorales.

—¿Es parte de lo grave que esto pueda afectar a los próximos consejeros?
—“Sin lugar a dudas. A ver, eso es lo realmente preocupante, el precedente que se está marcando. El órgano interno de control puede calificar la actuación de los consejeros electorales en el ejercicio de su encargo en el sentido de sus votos en el Consejo General, es decir, se puede meter en temas electorales tan delicados, por ejemplo, cómo están votando las y los consejeros en el máximo órgano de dirección del instituto. Me parece que el precedente es gravísimo y que no debería de permitirse”.
La elección judicial apareció después como otra de las claves para entender el tipo de INE que dice dejar. Ahí ya no habló sólo del diseño interno del organismo, sino de las condiciones con las que tuvo que operar. Su balance fue duro: dijo que el proceso fue “muy atropellado”, con falta de recursos, previsión, tiempos e información. Mencionó listados de candidaturas con errores y omisiones, boletas difíciles de entender, poca maniobra para simplificarlas y la intervención del Gobierno federal en la promoción de la elección. Su conclusión fue que esa experiencia obliga a revisar el modelo “cuestión por cuestión” antes de repetir un ejercicio similar.
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De ahí pasó a otra advertencia. Si se concreta una nueva reforma electoral, dijo, sería un error tocar el servicio profesional electoral del INE y la estructura de juntas locales y distritales. En su argumento, esa red ha permitido que el Instituto organice elecciones incluso en condiciones adversas. Debilitarla no sólo afectaría capacidad técnica y especialización, sino también imparcialidad. Por eso, advirtió que modificar esa base institucional sería “un error gravísimo”.
Hacia el final, la entrevista volvió al tono con el que había empezado: satisfacción y preocupación. Dania Ravel dijo que se va contenta por su paso por el INE, pero inquieta por el debilitamiento del Instituto, la falta de recursos y el riesgo de que una eventual reforma afecte al servicio profesional electoral. Cuando se le preguntó qué sigue para ella y si se le verá en algún partido, respondió que aún no sabe a qué se dedicará en los próximos años y cerró esa posibilidad con un “definitivamente no”.