Redacción Animal Político · 17 de febrero de 2023
Imaginemos el siguiente caso hipotético. Tú y yo nos organizamos en la oficina para comprar una cafetera y café molido, para todos los días tener un café sabroso y caliente antes de arrancar. Dividimos en partes iguales los costos. Imaginemos ahora que otra persona en la oficina, aprovechando que nos vamos temprano, empieza a servirse un cafecito por las noches, para mantenerse concentrada al cierre de la jornada.
¿Qué opinaríamos tú y yo? ¡Qué injusticia! Es más, le llamaríamos gandalla.
Pues bien, hace ya varias décadas, el filósofo del Derecho H.L.A. Hart planteó un principio moral de justicia con el que explicó la relevancia de la cooperación social para generar bienes colectivos y mantener los beneficios que estos conllevan. Más aún, señaló el derecho que tienen quienes han hecho sacrificios para generar dichos bienes colectivos, de exigirle a quienes disfrutan de sus beneficios para que aporten su parte proporcional (una cuota justa) que permita mantenerlos, así como la obligación que tienen estos últimos de realizar dicha aportación.
Michael Otsuka, otro filósofo, extendió esta obligación que tienen las personas de aportar su cuota justa, aun cuando se trata de bienes públicos que no han sido solicitados por otras personas que se benefician de ellos, cuando estos bienes son indispensables (por ejemplo, la seguridad nacional).
En este orden de ideas, si consideramos que la democracia es un bien público necesario, pues es la organización política que mejor garantiza los derechos humanos y el bienestar de las personas (o lo hace menos mal que el resto de formas de gobierno conocidas, diría Winston Churchill), corresponde a quienes integramos esta comunidad política aportar nuestra “cuota justa” para fortalecerla.
Esa cuota se traduce en una participación ciudadana más intensa. La democracia implica una participación continua de la ciudadanía, se basa en ella. Por ejemplo, mayor participación en los procesos electorales locales y federales intermedios y no sólo en elecciones presidenciales; aumentar el interés en procesos de democracia participativa como lo son las iniciativas ciudadanas, las consultas populares, plebiscitos o referéndums, así como en los ejercicios de presupuesto participativo; fortalecer una cultura de exigencia en la rendición de cuentas; ampliar la interacción comunitaria en asociaciones civiles u organizaciones vecinales.
Pues bien, el día de ayer se abrió formalmente la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Para quienes acostumbramos a leer este tipo de columnas, sobra recordar la relevancia del INE y de la integración de su Consejo General.
Tampoco es necesario subrayar el complejo contexto político y social que atravesamos como país.
En ese sentido, la Convocatoria es un llamado general a participar para todas aquellas personas que cumplen con los requisitos de ley (entre los más relevantes, tener más de 30 años, contar con credencial vigente para votar, contar con título profesional con antigüedad de cinco años, tener experiencia suficiente para el desempeño del cargo y contar de buena reputación) y que tienen interés por los asuntos públicos.
Se viene un proceso intenso (pues poco más de 30 días se definirá quiénes ocuparán los cuatro espacios en el Consejo General del INE) y cuidado (el proceso implica ser examinada por un Comité Técnico).
Las cuatro personas que sean designadas ocuparán el cargo por nueve años (es decir, les corresponderá participar en la organización de dos procesos presidenciales).
Quienes han integrado el Consejo General han hecho aportaciones invaluables a nuestra democracia y, como ciudadanía, hemos disfrutado de sus efectos. En ese sentido, vale la pena preguntarnos si hemos cumplido con nuestra cuota justa, si tenemos la disposición para otorgarla ahora o si nos vemos como free-riders (por no llamarnos gandallas).
La democracia se construye y fortalece con participación ciudadana. Una muy buena manera de cumplir con nuestra obligación de mantenerla es participar en el proceso para renovar al INE, órgano estatal encargado de promover esta participación y garantizar las mejores condiciones para celebrar elecciones libres, auténticas y periódicas.
O ¿qué opinas?