Gobierno inhabilita a dos empresas y un contratista por incumplir contratos; multas llegan a 1.3 mdp

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a las empresas Am Cenit y Construcciones Zarate Prados, así como a Ezequiel Becerril Barrera, para participar en nuevas contrataciones con la Administración Pública Federal, debido al incumplimiento de contratos de obra y servicios públicos y a la presentación de información falsa.

Las sanciones incluyen multas de entre 236 mil y un millón 346 mil pesos, además de periodos de inhabilitación de cuatro meses a un año y tres meses, según el caso, informó la dependencia en un comunicado publicado este lunes.

Sanción histórica a Am Cenit

La sanción más alta fue impuesta a Am Cenit, S.A. de C.V., que deberá pagar una multa de un millón 346 mil 268 pesos y permanecer inhabilitada durante 15 meses.

La empresa fue sancionada luego de que, en un periodo de tres años, le rescindieran administrativamente dos contratos públicos, uno con el entonces órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y otro con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El primero corresponde al contrato PRS/DGA/A/199/2023, celebrado con Prevención y Readaptación Social, mientras que el segundo, identificado como PFPA-RF-LPN-DRH-023-2023, fue suscrito con la Profepa. La rescisión administrativa de ambos contratos dentro del periodo señalado motivó la imposición de la multa y la prohibición temporal de participar en procedimientos de contratación o celebrar nuevos acuerdos con la Administración Pública Federal.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno notificó esta sanción el 8 de octubre de 2026 y la publicó el 16 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Incumplimiento de contrato en Tabasco

En el caso de Construcciones Zarate Prados, S.A. de C.V., la dependencia impuso una multa de 526 mil 101 pesos y una inhabilitación de cuatro meses y seis días por no formalizar un contrato de obra pública que le había sido adjudicado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Gobierno de Tabasco.

El contrato derivó de la Licitación Pública Nacional número LO-86-X52-927009942-N-76-2025 y tenía como objeto la ampliación de un edificio, la construcción de dos aulas didácticas y la habilitación de servicios sanitarios en el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, ubicado en el municipio de Teapa, Tabasco.

La sanción contra la constructora fue notificada el 29 de septiembre de 2026 y publicada en el DOF el 9 de octubre.

Declaración falsa ante la Secretaría de Salud

La tercera persona sancionada fue Ezequiel Becerril Barrera, quien recibió una multa de 236 mil 483 pesos y una inhabilitación de un año, cuatro meses y 24 días por proporcionar información falsa durante un procedimiento de contratación convocado por la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el comunicado, el Órgano Interno de Control en esa dependencia determinó que Becerril Barrera declaró, bajo protesta de decir verdad, que no se encontraba inhabilitado cuando participó en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica número IA-12-NCA-012NCA001-N-346-2025, correspondiente a la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con refacciones y asistencia técnica, para cinco subestaciones eléctricas y cinco plantas de emergencia generadoras de electricidad.

Sin embargo, la dependencia señaló que el participante sí estaba inhabilitado al momento de presentar esa declaración, por lo que fue sancionado por proporcionar información falsa. La notificación se realizó el 29 de septiembre de 2026 y la resolución se publicó el 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

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Combate a las “empresas factureras”

Las sanciones se dieron a conocer el mismo día en que la dependencia también informó sobre acciones relacionadas con el combate a las llamadas empresas factureras, como parte de sus labores de supervisión en materia de legalidad e integridad de las operaciones públicas y fiscales.

En ese otro procedimiento, la secretaría reportó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó auditorías a proveedores autorizados para certificar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y detectó que siete de ellos realizaban operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

La dependencia detalló que cinco proveedores ya perdieron su autorización y el procedimiento administrativo para revocar los permisos de otros dos continúa en curso.

Indicó además que esos siete proveedores validan aproximadamente 20.53% de la facturación nacional. También sostuvo que continuará con las acciones de supervisión y los procedimientos correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Federal para prevenir y sancionar operaciones fiscales simuladas.